Cualquier intento de reforma constitucional necesita mayorías parlamentarias tan fuertes que se hace indispensable el acuerdo, como mínimo, del PP y del PSOE. Sin embargo, una reforma a la altura de los retos planteados no puede pactarse en una rápida negociación entre el presidente del Gobierno y el jefe del principal partido de la oposición, disciplinadamente instrumentada por sus respectivos grupos parlamentarios, como se hizo en 2011 para introducir la estabilidad presupuestaria. Reformar la Constitución exige empezar con una comisión representativa más amplia, encargada de alumbrar los acuerdos políticos básicos sobre la finalidad y el contenido de los cambios.
Este periódico ha insistido en la necesidad de reformar el Estado autonómico. El Título VIII de la Constitución debe dar paso a una organización federal del Estado, sobre la base de redefinir los poderes y atribuciones del Gobierno. Una vez establecidas claramente esas competencias, las partes de la federación tendrían su propia responsabilidad y capacidad normativa y fiscal. La insatisfacción de muchos catalanes con el statu quo no puede resolverse negando toda necesidad de reforma, igual que lo exigen las dificultades de otras autonomías para gestionar las competencias que tienen. Hay que completar esa reforma con la del Senado.
Otro frente de problemas tiene que ver con la crisis de confianza entre el pueblo y sus instituciones. La democracia representativa está cuestionada desde sectores que protestan por las distorsiones de la proporcionalidad producidas por el sistema electoral, que prima a los partidos fuertes a escala estatal y amplía el peso político de los nacionalistas en el conjunto de España. Otras voces, en cambio, denuncian la inestabilidad implícita en un sistema que tiende a la fragmentación electoral, por lo que insisten en reforzar los mecanismos capaces de conseguir mayorías. La solución de este debate pasa en parte por la Constitución, en cuyo texto perviven obligaciones tan añejas como la de fijar la provincia como distrito para la elección de las Cortes.
También hay que acabar con la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona y dotar a esta institución de un verdadero Estatuto. Para otros cambios necesarios —democracia en los partidos, atajar la corrupción, pactos por la educación o la salud— no es indispensable alterar la máxima ley.
Los cambios en la Constitución deben verse como un mecanismo de defensa de la misma. No se trata de cuestionarse si es legítima una Constitución porque apenas la ha votado una cuarta parte de los españoles actuales: ningún estadounidense vivo ha votado la suya, que data de 1788, pero ha sido enmendada 27 veces. La mayoría de las democracias introducen los cambios que va experimentando la sociedad en la Constitución o en las leyes. Es ineludible hacerlo en España y además debería permitir la consulta a los ciudadanos del pacto resultante.
En todo caso, abordar una reforma sería una señal de diálogo y de búsqueda de soluciones constructivas. El problema es el miedo de los partidos. El PSOE apenas concreta sus proposiciones federales y las últimas propuestas de su líder —constitucionalizar el matrimonio homosexual o el derecho a una muerte digna— dan cierta impresión de improvisación; en todo caso, no son las más relevantes. El PP, a su vez, ha demostrado empeño inmovilista. La reforma constitucional debería convertirse en un proyecto político de primer orden para España.