Se pretende aprobar un referéndum para decidir sobre una cuestión capital, si Cataluña se segrega de España, contando solo con el apoyo de una minoría de los catalanes.
Un genial chiste de El Roto define lo que supone la ley de referéndum aprobada por Junts pel Sí y las CUP, donde un burócrata con barretina, sentado al borde de un precipicio, nos dice: “Ya está todo preparado: el censo, las urnas, los resultados”.
Se pretende aprobar un referéndum para decidir sobre una cuestión capital, si Cataluña se segrega de España, contando solo con el apoyo de una minoría de los catalanes.
Frente a otros territorios, como Quebecq o Escocia, que abrieron un debate plural durante más de un año para que los ciudadanos pudieran decidir, ahora los Mas y Puigdemont convocan el referéndum con menos de un mes de antelación.
Ellos, los partidarios de la independencia, son los que imponen el referéndum, los que deciden las reglas, los que nombran en solitario a la “sindicatura electoral” que debe velar por la limpieza de los resultados. ¿Se imaginan una Junta Electoral Central en unas elecciones generales españolas cuyos miembros solo los nombrara el PP ventando a la oposición? Esas elecciones serían inmediatamente declaradas fraudulentas. Pues eso es lo que se que pretende hacer en el referéndum del 1-O.
Bajo la bandera del “derecho a decidir” y declarando permanentemente “dejad que los catalanes voten”, se imponen unas condiciones que recortan la democracia y la capacidad de decidir de los catalanes.
El govern de Artur Mas sacó los mossos a la calle a requisar urnas cuando se impulsó un multireférendum que cuestionaba los recortes ejecutados desde la Generalitat. Entonces no se dio a los catalanes el “derecho a decidir”.