Redistribuir la riqueza en Euskadi y Galicia

Euskadi no es ningún “paraíso” para la mitad de los pensionistas, que están por debajo de 1.000 euros al mes; para el 32% de los trabajadores que tienen contratos precarios; para las 334.000 personas que sufren exclusión social…

Euskadi es una nacionalidad rica y con numerosos recursos.

Su Producto Interior Bruto supera los 72.000 millones de euros anuales, es la quinta comunidad autónoma por volumen de PIB.

El problema es que esa riqueza está muy mal distribuida. Una ínfima minoría de bancos, monopolios, grandes fortunas y el capital extranjero se apropian de la mayoría de la riqueza que se produce, el 1,3% de la población más rico acumula el 44% de toda la riqueza.

Durante la crisis este proceso no ha hecho más que agudizarse y aumentar las desigualdades: los ricos han acumulado más riqueza y al pueblo trabajador lo han saqueado con recortes y precariedad: recortando salarios, el poder adquisitivo de las pensiones o las prestaciones sociales, la atención sanitaria y la educación de nuestros hijos.

Por eso hoy Euskadi, siendo la segunda comunidad autónoma con mejor nivel de vida de España, no es ningún “paraíso” para la mitad de los pensionistas, que están por debajo de 1.000 euros al mes; para el 32% de los trabajadores, que tienen contratos temporales o parciales; los 35.000 hogares vascos con todos sus miembros en paro; o para las 334.000 personas (el 15,2%) que en Euskadi sufren exclusión social, según el informe de Cáritas sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.

La tasa de paro en Euskadi, según la EPA, es del 9,1%%, la más baja de toda España, pero iniciamos 2020 con casi 118.000 parados inscritos en las oficinas del paro, el 56% son mujeres y el 20,4% jóvenes menores de 24 años.

La precariedad laboral es estructural, las empresas están aprovechando la reforma laboral para recurrir masivamente a los contratos precarios y el empleo que se crea es temporal. De los 80.259 empleos que se crearon en enero, casi el 91 por ciento eran temporales.

La industria, el sector emblemático por excelencia del País Vasco, es donde todo esto adquiere un significado especial. La destrucción de empleo industrial y la precarización laboral están directamente unidos a la destrucción del tejido industrial vasco, que se ha reducido a la mitad en las últimas cuatro décadas. Ha pasado de representar el 49% del PIB en 1977 al 24% del PIB en 2018. En este tiempo se han destruido 230.000 empleos industriales, es decir, empleo estable, cualificado y de calidad. Empresas históricas como Fagor, Egasa, Acelor Mittal o La Naval…, han cerrado. Los ERE industriales son una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores vascos.

Redistribuir la riqueza para crear más riqueza y empleo

Hay que dar la vuelta a esta situación. Y la alternativa está en redistribuir la riqueza para reactivar la economía, acabar con la precariedad y dar respuesta a los nuevos retos del cambio climático, la reindustrialización vinculada a las nuevas energías y al empleo de calidad.

Redistribuir la riqueza es poner los enormes recursos que ahora monopolizan y disfrutan un pequeño puñado de grandes bancos, monopolios, multinacionales, el capital extranjero y las grandes fortunas de Euskadi al servicio del desarrollo de la economía vasca y una salida de la crisis favorable a la inmensa mayoría de la población.

Redistribuir la riqueza no es “repartirla más equitativamente” para que los ricos repartan un poco de sus inmensos beneficios, ni puede reducirse a “repartir mejor el dinero de las Administraciones”.

Redistribuir la riqueza es poner los enormes recursos que ahora monopolizan una ínfima minoría al servicio del desarrollo de la economía vasca y una salida de la crisis favorable a la mayoría

Redistribuir la riqueza no es repartir el “trabajo como un bien escaso” para tener miniempleos con minisalarios. O subvencionarlo todo aumentando el gasto público. Eso es más deuda para hoy y empobrecimiento para mañana.

Recortes Cero defiende que redistribuir la riqueza es tomar las medidas necesarias para poder destinar la inmensa riqueza y recursos de Euskadi, decenas de miles de millones de euros monopolizados por una ínfima minoría, a impulsar la economía vasca; la reindustrialización y la modernización del tejido productivo vinculados a la creación de nueva riqueza y empleo de calidad.

Y para afrontar los nuevos retos que plantea el cambio climático, el salto a las nuevas energías y un nuevo modelo económico sostenible.

Redistribuir para Reindustrializar

En los últimos 40 años la industria vasca se ha reducido a la mitad. Ha pasado de representar el 49% del PIB en 1977 al 24% en 2018, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Se han perdido el 54% de los empleos industriales: los 423.000 empleos industriales –empleo estable y de calidad- en 1975 han quedado reducidos a 194.000 en 2018, son casi un cuarto de millón menos.

La movilización del metal vizcaíno del año pasado contra la desindustrialización y contra la precariedad, ha puesto de manifiesto la responsabilidad del PNV y el fracaso de su política industrial, sometida a las exigencias de Bruselas y los intereses de los intereses monopolistas, y por lo tanto incapaz de detener el proceso de desindustrialización. En la última década, 2008-2018, el proceso iniciado por la reconversión industrial de los años 70 y 80, ha continuado y se han destruido 54.000 empleos, 16.000 de ellos en la industria vizcaína en los dos últimos años.

El PNV se presenta como el valedor de la industria vasca, pero los hechos dicen todo lo contrario. Y el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido en los últimos años con empresas emblemáticas como Fagor, Xey, Cel o la Naval.

Un caso emblemático de la desindustrialización es el gigante del electrodoméstico Fagor, de la cooperativa Mondragón. Fagor Electrodomésticos empleaba 1.800 personas del Alto Deba y 600 de Arrasate, y la industria auxiliar empleaba a otras 2.000. Como Fagor, empresas con accionariado público vasco o con grandes ayudas económicas del gobierno vasco han acabado en manos de compañías extranjeras como: Arcelor-Mittal de Sestao, Gamesa, Euskaltel, ITP, Cementos Lemona o Naturgas. 

en muebles Xey, la papelera CEL y el astillero La Naval, entre otras muchas.

Lo de La Naval es otro caso de juzgado de guardia. El PNV, y también su actual socio de gobierno el PSE, se negaron a cualquier posibilidad de intervención pública para hacerse con los activos del astillero y elaborar un plan de viabilidad público o compartido con los trabajadores, que estaban dispuestos a poner el dinero de sus indemnizaciones para continuar con la empresa.

Se ha “rescatado” con dinero público a las entidades financieras, a las eléctricas o las autopistas deficitarias. Pero no ha existido voluntad política ninguna por parte de los gobiernos central o vasco en salvar a miles de empresas productivas y el tejido industrial.