El proceso de monopolización avanza en España y pretende abarcar todos los ámbitos de la información. Ya hemos asistido a la culminación del proceso de fusión televisiva acaparando casi un 60% de la audiencia y un 90% de la publicidad (con la desaparición de la publicidad en TVE) entre los dos gigantes resultantes de la doble fusión de las grandes cadenas; la polémica en torno a las descargas en Internet está en proceso legislativo colocando a los internautas como «enemigos» y protegiendo a las grandes teleoperadoras. Y ahora le toca el turno a la radio. Más de 3.000 emisoras de radio emiten de forma ilegal en España y el Gobierno ha decidido resolverlo.
Redes de oderCon el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible el Gobierno ha incluido la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que permitirá bloquear las páginas web que permitan las descargas “ilegales”. Los Internautas se han movilizado inundando la red (150.000 páginas) con un decálogo “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”… según esta iniciativa la ley es "un intento por controlar la información, poder silenciar las opiniones que no nos interese oír y callar a las voces discordantes". Los artistas y creadores se han alineado con el Gobierno. Y se equivocan.Redtel es la asociación española de operadores con red propia, es decir, los que controlan el 100% del mercado, pues el resto de competidores han de pasar por sus infraestructuras. Telefónica, Ono, Orange y Vodafone son los amos de Internet. Siendo Telefónica el monopolio dominante, la presencia de los otros tres operadores es muy significativa. Ono está vinculada a compañías de inversión de capital riesgo en torno al gigante bancario norteamericano JP Morgan, con la presencia del “amo del corral”, el Banco Santander, también accionista de Telefónica; Orange pertenece a France Telecom; y Vodafone es una de las principales plataformas europeas en las que se combinan capital británico (51%) y alemán (49%) de la antigua Mannesmann.Según la SGAE y Promusicae existen 70 webs “piratas” (37 en el extranjero, 18 en España y 15 de ubicación desconocida). La persecución de estas webs era lo que reclamaban los artistas concentrados el mes pasado en Madrid. Pero las teleoperadoras van más lejos: existen 4.500 portales responsables de la edición de contenidos “ilegales” y 60.000 distribuidores web a los que tienen acceso 8 millones de usuarios, el 61% del total. En nombre de la defensa de sus derechos los artistas toman partido por el cuarteto de monopolios. Lógicamente estos aseguran que solo buscan el castigo de los que suben archivos no de los que se los descargan. En definitiva, administrar el mercado de descargas, administrando los beneficios potenciales que las descargas “ilegales” encierran. Monopolio FmSegún los últimos estudios hay en España 20 millones 700 mil radioyentes y de acuerdo con el ranking publicado en diciembre, el 75% de la audiencia está monopolizada por los principales grupos. Aunque se hable de 49 emisoras, 19 son públicas y dependen del Estado, las otras 30 son privadas, nacionales y locales. Y entre ellas están las nueve que se reparten ese 75% (Ser, Onda Cero, Cope, Punto Radio, 40 Principales, Cadena Dial, Cadena Cien, Kiss Fm y Europa Fm). Pero, ¿son en realidad nueve?La Ser, los 40 Principales y Cadena Dial pertenecen al Grupo Prisa; Onda Cero y Europa Fm al Grupo Planeta; Punto Radio al Grupo Vocento; y la Cope y Cadena 100 a la Conferencia Episcopal. Pero debemos tener en cuenta además un par de detalles. El primero es que tanto el Grupo Vocento como Planeta participaron en su momento de la Cope y Cadena 100, y todavía conservan capacidad de influencia. Y el segundo es que Kiss Fm fue fundada por Blas Herrero, empresario del círculo de Felipe González vinculado al Partido Socialista asturiano.Fue un hombre clave en la distribución de licencias radiofónicas monopolizando más del 30% de ellas a mediados de los 80. Y tras fundar Kiss Fm vendió los derechos de explotación a Telefónica y al Grupo Planeta.En definitiva, esas 49 emisoras están en lo fundamental en manos de tres grupos mediáticos: Prisa, Vocento y Planeta, que participan a su vez en Telecinco, Cuatro, Antena 3 y La Sexta, El País, El Mundo, ABC, La Razón, Público, Avui… todo y que ya hace tiempo que el Grupo Vocento juega un papel secundario en el reparto del poder.Vocento tiene como accionistas de referencia a la familia Luca de Tena (una histórica familia de la oligarquía española), a Víctor Urrutia, vicepresidente de Iberdrola y a la familia Ybarra. Es fácil recordar como Emilio Ybarra, ex presidente del BBVA, fue desplazado de la dirección de la entidad por Francisco González gracias a la intervención del gobierno de Aznar con el famoso caso de las cuentas de Florida.Ese movimiento, en última instancia, auspiciado por Emilio Botín, fue solo un aperitivo de la preeminencia que el Banco Santander ha alcanzado con el gobierno de Zapatero.Después de la doble fusión de las grandes cadenas de televisión, Prisa y Planeta controlan el 60% de la audiencia televisiva y el 65% de la radiofónica.¿Y el otro 25%? RadiosanguijuelasSiendo conscientes del papel que juega RTVE al servicio del gobierno de turno, y aún teniendo en cuenta que la audiencia es en parte compartida localmente (los mismos oyentes escuchan una emisora nacional y una local), el trozo del pastel que queda se reparte entre las burguesías autonómicas asentadas sobre las estructuras de los principales partidos, nacionales, regionalistas o nacionalistas. No en vano es desde Coalición Canaria, ERC o Convergencia i Unió que se ha presionado para que se persiga a las emisoras “piratas”. Teniendo en cuenta que estos grupos regionales de poder viven del dinero del Estado y del reparto del botín autonómico, no es de extrañar que salten como sanguijuelas a la sangre fresca, exigiendo la desaparición de las radios “piratas” que son el último escollo después de que RTVE haya prescindido de la publicidad.Y el Gobierno ha respondido como lo ha hecho en el caso de TVE. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que se constituirá antes del próximo 1 de junio, será el organismo encargado de controlar el espacio radioeléctrico. La puesta en marcha de esta agencia figura en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), que ya ha sido aprobada por la Comisión Constitucional del Congreso y en febrero emprenderá su andadura en el Senado.El Gobierno se propone identificar a los ilegales, algo que no parece que le vaya a costar mucho. En el 2004 la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) que agrupa a loas grandes emisoras, elaboró un minucioso informe con una radiografía de estas actividades “ilegales”. Se calcula que existen 3.000 emisoras “ilegales”: Canarias (482), Andalucía (387), la Comunidad Valenciana (318), Cataluña (183), Madrid (144) y País Vasco (143).En total, se identificó a las 2.279 emisoras comerciales que se habían instalado en las ondas “al margen de la ley”, además de otras 504 emisoras municipales que incumplían la ley reguladora.Está el pastel publicitario pero, sobretodo, está el control de la información, como decíamos al principio, tanto a nivel nacional, al servicio de los principales centros de poder, con el apoyo del Gobierno, como en las necesarias estructuras autonómicas de propaganda construidas y mantenidas con el dinero de nuestros impuestos al servicio de las burguesías burocráticas locales.