En el documento de 370 medidas presentadas por el PSOE, titulado “Programa abierto para un gobierno común progresista”, una de ellas llama poderosamente la atención. La número 28 de esta batería de propuestas dice textualmente: “Propondremos el blindaje en la Constitución del Sistema Público de Pensiones y seguiremos impulsando su fortalecimiento y sostenibilidad, retomando el diálogo social y la negociación con el resto de fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo”.
La alternativa defendida por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), se cuela en la negociación del nuevo gobierno. Esta influencia de lo que hemos llamado “viento popular”, una mayoría progresista cuyas demandas avanzan, explica porque no se ha formado gobierno tres meses después de unas generales que parecían haber despejado el camino.
Cualquier acuerdo en base a los resultados del 28-M, con o sin gobierno de coalición, se formaría bajo la influencia de la mayoría progresista, y deberá satisfacer aunque sea parcialmente parte de sus demandas. Lo que choca o crea dificultades a la ejecución del “programa de los recortes” que el FMI, la Comisión Europea o los nódulos de la gran banca española están empeñados en llevar más allá.
Esto es lo que ha desatado una aguda pugna por determinar, en un país de la importancia de España, la cuarta economía de la zona euro, la composición del nuevo gobierno.
Los grandes centros de poder internacionales y nacionales apuesta de forma cada vez más clara por forzar una repetición electoral que “corrija” el resultado de mayo, en un sentido más favorable a sus intereses.
En un reciente artículo, un analista como Enric Juliana, definía los posibles efectos de unas nuevas elecciones: “Deseos de simplificación frente a la enorme complejidad que ha adquirido el sistema político español con la irrupción de nuevos partidos. Ciudadanos y Podemos podrían sufrir un revés en las urnas, con un cierto refuerzo del Partido Popular que se está afianzado claramente como primer partido de la oposición. Noviembre bipartidista”.
Otro medio como El Confidencial dibujaba un panorama similar: “dos partidos grandes (PSOE y PP) para encabezar los gobiernos y dos medianos (Podemos y Ciudadanos) para ejercer de acompañantes más o menos exigentes. Una especie de Restauración imperfecta del antiguo régimen”.
Tras una nueva convocatoria electoral, donde tanto PSOE como PP queden fortalecidos, podrían darse movimientos que ahora no son posibles. Ya se está “filtrando” que, tras unas nuevas elecciones Ciudadanos, o incluso el PP, podrían facilitar una investidura de Sánchez. Una repetición, a la inversa, de lo que sucedió en 2016.
Pero al mismo tiempo, existe una mayoría social progresista que apuesta porque, bajo cualquiera de las formas que sea posible, se llegue a un acuerdo que de lugar a un gobierno de progreso, ante el peligro de una repetición electoral que es percibida como una amenaza.
En una reciente encuesta publicada por El País, solo un 36,9% prefiere la celebración de elecciones para desbloquear la situación política. Y los partidarios de que se llegue a un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos -sin especificar la forma en que debe realizarse- llegan hasta el 71,7% de los votantes socialistas y el 95% de los de Unidas Podemos.
Esta es una corriente de opinión abrumadoramente mayoritaria, especialmente en el seno de la izquierda. Que no prejuzga si debe haber “gobierno de coalición” o “gobierno a la portuguesa”, sino que exige, bajo la forma que sea posible, un acuerdo. Conscientes de que una repetición electoral va a perjudicar a las fuerzas de progreso y beneficiar a las alternativas más reaccionarias.
La fecha límite está marcada: el 23 de septiembre se convocarían automáticamente elecciones si no hay un presidente investido. Y los tiempos, así como las presiones que trabajan por la convocatoria de nuevas elecciones, parecen dificultar, o hacer imposible, el acuerdo.
El PSOE se ha encargado de dejar meridianamente claro que no habrá “gobierno de coalición”; ni siquiera en los limitados términos ofrecidos en julio. Pero en las últimas horas se ha movido ficha desde las filas socialistas. La propuesta de 370 medidas presentadas incluye puntos -desde la mención al blindaje constitucional de las pensiones a la promesa de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral- que pueden ser base para un acuerdo. El PSOE ofrece también un triple mecanismo que de garantías del cumplimiento de lo pactado, inspirado en el que hizo posible el acuerdo de los socialistas con el Boco de Esquerdas y los comunistas lusos: una Oficina de Seguimiento del Acuerdo, una comisión en el Congreso y el Senado, y un “mecanismo reforzado de garantías con participación de la sociedad civil”. Y plantea ofrecer a Unidas Podemos puestos relevantes en organismos como el CIS, la CNMV, el CGPJ…
La dirección de Podemos continúa aferrada a la exigencia de un “gobierno de coalición” como premisa indispensable para un acuerdo. Una exigencia, hoy por hoy, irrealizable, que abocaría a nuevas elecciones. Pero no ha dado todavía una respuesta oficial a las nuevas propuestas presentadas por el PSOE.
Fuerzas poderosas, y los errores e intransigencias cometidos en la negociación, apuntan poderosamente hacia una repetición electoral. Pero hasta el 23 de septiembre hay tiempo para alcanzar el acuerdo que una mayoría social demanda.