EEUU descarga la factura de la recesión sobre Europa, y Alemania utiliza su poder en Bruselas para trasladar agresivamente sus pérdidas sobre los países más débiles de la UE. Vivimos ese guión en 2008, y todo indica que se repetirá en 2019.
Un solo hecho confirma estos temores. Las ex cabezas de los bancos centrales de Alemania, Austria y Holanda, apoyados por Francia, han salido a criticar las últimas medidas impulsadas por el BCE, que incluyen retomar el programa de compra de deuda o inyecciones de liquidez a toda la banca europea. Están pensadas para beneficiar a grandes bancos y monopolios europeos, pero la carta encabezada por el ex gobernador del Bundesbank afirma que “podría proteger a gobiernos altamente endeudados”.
Esto es precisamente lo que no quiere Alemania. Los países “altamente endeudados”, entre ellos el nuestro, deben sufrir, para que Berlín pueda imponerles condiciones más draconianas.
Primero una legislación impuesta desde 2010, con la reforma laboral y de las pensiones, recortes en sanidad o educación invocando la reducción del déficit… Toda una legislación que establece un aumento estructural de la desigualdad, hasta hacer aumentar la figura de los “trabajadores pobres”.
Segundo, una batería legislativa, encabezada por la Ley Mordaza, que busca maniatar la inevitable respuesta a los recortes.
Y ahora aparece el tercer factor que completa el triángulo: los nuevos tijeretazos justificados bajo la respuesta a la nueva recesión.
Ya lo estamos comprobando. Ante los tambores de recesión, todos los organismos internacionales y expertos coinciden en que va a ser necesario que los Estados impulsen programas de reactivación que exigirán un aumento del gasto público. Así se ha movido Alemania, anunciando un programa de más de 50.000 millones de euros.
¿Todos deben hacerlo? No. Explícitamente se afirma que España tiene vetado este camino. La razón no está en motivos “económicos”. El crecimiento español será menor del previsto, pero mayor que la media europea, y muy superior al de Alemania o Italia.
Utilizan la elevada deuda pública española -que supera el 98% del PIB- o la necesidad de seguir reduciendo el déficit para justificar que “España no puede gastar como otros”. Pero en 2008 la deuda pública española estaba en la mínima cota del 36% del PIB y no había déficit sino superávit. Sin embargo, dos años después se nos impuso la mayor oleada de recortes.
¿Cuál es entonces la causa de que se exija a España mano dura con las cuentas mientras se ofrece flexibilidad a otros?
El FMI, es decir Washington, señala el camino, exigiendo a España “una reconstrucción gradual de su colchón fiscal”. Que debería realizarse con un “ajuste de los gastos”. Es decir, con nuevos recortes.
Le ha seguido la Comisión Europea, planteando que “España se queda sin margen fiscal para afrontar la ralentización”. Colocando a las pensiones en la diana al afirmar que “con un coste de 150.000 millones, meterá presión sobre las cuentas públicas”.
Mientras el Banco de España lo ha remarcado situando como algo “insostenible” que “para 2050 se prevé un aumento del gasto de 36.000 millones en pensiones y 24.000 millones en sanidad”.
Sobre la base del bocado ya dado a partir de 2010, se quiere reforzar el nuevo “Triángulo de las Bermudas” para dar nuevos saltos en el saqueo a la población y en el expolio de las riquezas nacionales.
Quienes promueven la división y el enfrentamiento, entre Cataluña y el resto de España, trabajan para estos depredadores. Un pueblo dividido se puede expoliar más fácilmente. Quienes degradan el país, ofreciendo la imagen de una “España franquista”, contribuyen a debilitar la posición internacional de España para que quienes pretenden apretar más el triángulo contra la población tengan mejores condiciones. Conviene no olvidarlo.