Expansión reconoce que los nuevos recortes pueden traer «mayores tasas» -eufemismo para hablar de una subida de impuestos municipales- y abrir el camino «copago en servicios esenciales», como sanidad y educación-.
Pese al malestar generado entre algunas autonomías por el ambicioso objetivo de reducción del déficit publico fijado por el Gobierno, la mayoría optó ayer por asumir lo inevitable y certificar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera su compromiso para cumplir un ajuste presupuestario común para este año cifrado en 15.600 millones de euros.
Tras la anuencia generalizada de los ejecutivos autonómicos al plan de recorte de su déficit conjunto en este ejercicio hasta el 1,5% del PIB desde el 2,94% con que cerraron el año pasado, parecen abocados a poner en marcha sin más dilación medidas impopulares que, por un lado, contribuyan a contener la caída de la recaudación fiscal que provocará la recesión y, por otro, aminorar sus abultadas estructuras de gasto.
En el capítulo de ingresos, vista que la participación de las autonomías en los impuestos recaudados por el Estado será sensiblemente menor, las autonomías deberán optar por subir las tasas públicas o introducir cierto copago en determinados servicios esenciales.
Pero, sin duda, es la partida de gastos donde los dirigentes regionales tienen que demostrar su verdadera vocación de impulsar la austeridad y atreverse a desmontar las redes clientelares y los sobredimensionados sectores públicos empresariales que han crecido en exceso en los últimos años al calor de los ingentes ingresos que generó la burbuja inmobiliaria en las arcas autonómicas.