El escándalo de espionaje “Pegasus” se ha transformado en una crisis política que gana envergadura cada día. Vivimos una sangrienta guerra en las fronteras de la UE, y una situación económica donde una inflación desbocada nos empobrece. Y en estas condiciones estalla una sacudida política donde se cuestiona la continuidad del gobierno, se reclaman elecciones anticipadas, o se pone en la picota a organismos del Estado como el CNI.
¿Cómo es posible que precisamente ahora se abra en canal la política española? Y sobre todo: ¿quién está sacudiendo el tablero político español y qué objetivos persigue?.
Todos los medios, todos los actores políticos, se están planteando estas preguntas. En la respuesta que demos está la clave para comprender lo que está pasando, y cómo va a afectar al futuro del país y a nuestras vidas.
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Algo más que una crisis de gobierno
Hace muy pocos meses, el panorama político español parecía ofrecer certezas. Pedro Sánchez parecía sinónimo de estabilidad, se esperaba que los fondos europeos aliviaran la economía, y con los presupuestos aprobados parecía garantizado que se agotaría por fin una legislatura.
Ahora, se ha dado paso a una situación de incertidumbre.
Todo cambió hace pocos días, cuando se difundió que se había espiado, utilizando el programa Pegasus, a 65 personalidades independentistas, entre ellas el actual president de la Generalitat, Pere Aragonés.
Y el escándalo dio un salto cuando el gobierno español reveló que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Grande-Marlaska, habían sido también espiados.
Ahora, todos los medios plantean ya que “la legislatura está en cuestión”, y algunos reclaman abiertamente elecciones anticipadas.
Asistimos a una crisis de gobierno, exhibiendo las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos, pero también entre ministros socialistas. Y una posible ruptura con ERC pondría en peligro la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno.
Pero es algo más que una crisis de gobierno. Se exige la dimisión de la ministra de Defensa, en medio de una guerra en suelo europeo. Y se ha colocado en la diana a organismos del Estado habitualmente ocultos, como el CNI.
Esto no sucede en ningún otro país europeo. Sería impensable que, en la grave situación que sufrimos, algo parecido ocurriera en Italia o Alemania. Pero sí está pasando en España. ¿Por qué?
¿En el peor momento?
Pongamos los pies en el suelo. Si no partimos de cuál es la grave situación que hoy enfrentamos no podremos entender la crisis originada por el escándalo Pegasus.
La invasión imperialista de Rusia a Ucrania ha instalado la guerra en el corazón de Europa. Amenazando la paz y la estabilidad en todo el continente.
Ya está golpeando a la economía europea, agudizando una crisis que se remonta a los recortes ejecutados en 2010, y que la pandemia exacerbó.
¿A quién le interesa que en medio de una guerra se abra en canal la política española?
Pero hay otro elemento clave: a través de la inflación, las principales burguesías están trasladando a la mayoría, empobreciéndola, los costes de la guerra.
¿Qué tiene esto que ver con Pegasus? Todo.
Es la gravedad de la situación, y lo mucho que hay en juego, la mecha que ha encendido la política española.
Desde 2010, la política española está definida por el choque entre dos fuerzas antagónicas: los que imponen los recortes sobre la población y el país, y que todavía buscan llevar más allá; y las resistencias que en la sociedad española se han levantado a la ejecución de este saqueo.
Si hoy asistimos a una aguda crisis política es porque, en una situación condicionada por las consecuencias de la guerra en Ucrania, y donde arrastramos todavía los efectos de la pandemia, se pretende dar una nueva vuelta de tuerca al saqueo. Y se hace necesario sacudir el tablero político para que se abra paso, frente a una mayoría que lo rechaza.
Lo que sí se están “forrando”… y reclaman más recortes
A pesar de que apenas dependemos del gas ruso, estamos sufriendo como el que más los efectos económicos de la invasión de Ucrania. La inflación en España ha alcanzado el 9,8%, dos puntos por encima de la media de la UE. Y el gobierno ha rebajado del 7% al 4,3% el crecimiento para este año. Si la UE recuperó el PIB prepandemia a finales de 2021, España no lo hará hasta finales de 2023. Y los problemas pueden ser mayores si como todos prevén el BCE sube los tipos de interés, encareciendo el pago de la deuda.
¿Las perspectivas económicas son malas para todos en España? No. Una ínfima minoría sí se está “forrando”. El Ibex-35 presentó el pasado año un récord de beneficios de 64.000 millones de euros. Y en el primer trimestre del año, cuando irrumpió el fantasma de la inflación, los bancos aumentaron sus beneficios en España un 85%. Encabezados por el Santander y el BBVA, que han triplicado su rentabilidad. Los precios se disparan principalmente por la subida de la luz y la gasolina… y eso supone más ganancias para eléctricas y petroleras. Repsol ha más que duplicado sus beneficios respecto al año pasado.
Lo mismo sucede con el capital extranjero, que alcanza un récord de participación en el Ibex-35, con más del 57%. Está comprando “a saco” empresas de energías renovables, uno de los sectores con más futuro. O dos grandes fondos norteamericanos acaban de quedarse con todos los pisos de la Sareb, saneados con dinero público.
Pretenden imponer un nuevo salto en el saqueo, y para ello sacuden el tablero político
Ellos ganan más, y nosotros nos empobrecemos. La inflación recorta el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, el precio por las nubes de la luz y los combustibles estrangula a pymes y autónomos… Pero bancos, eléctricas y petroleras engordan sus cuentas de resultados.
¿Qué tiene que ver esto con la crisis política? Todo.
Lo que se dibuja es un salto en el saqueo sobre el país y la población. Y eso exige garantizar que se ejecutarán más recortes.
Para recibir los fondos europeos deberemos aprobar este año dos reformas de calado. Una reforma de las pensiones, que impulse los fondos privados, vieja aspiración del gran capital financiero, e imponga los recortes más duros, como la rebaja de la cuantía al ampliar el cómputo de años para calcular la pensión. Y una reforma fiscal que aumente los impuestos a la población (IVA, diésel…) y prohíba subirlos a bancos o multinacionales.
Pero quieren más. Los representantes de las élites nacionales e internacionales exigen todos los días más recortes especialmente en tres puntos. Pensiones, anunciando que “no va a haber dinero para revalorizarlas en función del IPC”. Salarios, exigiendo un “pacto de rentas” que suponga una importante rebaja de los sueldos. Y recortes sociales, bandera de que es necesario “un ajuste” para pagar una deuda que ha escalado al 120% del PIB.
Este programa atenta contra los intereses de una mayoría que lo rechaza, sigue teniendo una importante influencia, y es capaz de ofrecer resistencia. Por eso su implantación requiere de sacudidas en el tablero político.