Las entidades sin ánimo de lucro que gestionan, los centros del servicio de atención a personas con discapacidad psíquica, denunciaban ayer que estando ya en el cuarto mes del año aún no han recibido ni un euro para hacer frente a los gastos, y que teniendo en cuenta que su funcionamiento depende en un alto porcentaje de los fondos que a este menester destina la Consellería de Bienestar Social, se encuentran en una situación limite, ya que algunas entidades no han podio pagar las nóminas del mes de marzo, y la mayoría se ve en serios aprietos para pagar las de abril si no reciben de manera inmediata los fondos de la administración, además de que sin ellos los centros no son viables en un corto espacio de tiempo.
Este no es un caso aislado, la Generalitat Valenciana arrastra desde hace años una deuda ública que es aun mayor que la de otras instituciones de España, situándose la segunda comunidad autónoma en el ranking con 6044 millones de Euros, creando así una situación al borde del colapso en servicios públicos como la sanidad o la educación pero sin dejar de gastar grandes sumas de dinero en avales para la Ford o en grandes eventos. A 50 millones de Euros asciende la suma que debe pagar la administración autonómica a los centros de discapacitados, y de momento su respuesta es que “tienen voluntad de pagar, pero que la situación está muy delicada”, esta es la idea que se está difundiendo desde la mayoría de instituciones tanto centrales como autonómicas y locales, con independencia del partido por el que estén gobernadas, excepto honrosas excepciones de ayuntamientos en los que sus alcaldes están utilizando partidas presupuestarias que consideran superfluas para asistir a los ciudadanos de sus localidades en momentos de dificultad. Un mensaje envenenado y mentiroso en el que se pretende pedir, que aceptemos la reducción de los gastos en servicios sociales cuando al mismo tiempo, se gastan diariamente ingentes cantidades de dinero que podrían ahorrarse y ser destinadas a generar una salida a la crisis. Las administraciones necesitan una urgente simplificación, para que sin afectar o incluso mejorando su efectividad, cuesten menos dinero y por supuesto no se trata de tocar el sueldo de los trabajadores de los servicios públicos sino por ejemplo, de anular la gran cantidad de consejeros nombrados “a dedo” que sin tener ningún trabajo específico que desarrollar, cobran un sueldo todos los meses, y no suelen ser mileuristas. Estos y otros gastos corruptos y superfluos, son vergonzosamente abundantes en todas las administraciones.