Según anticipan algunos medios, la ministra de Economía, Nadia Calviño, tiene previsto pedir a la Comisión Europea un aplazamiento en la privatización de Bankia. Los mandatos de Bruselas obligan al Estado español a vender antes del 31 de diciembre de 2019 el 60,63% del capital social del cuarto banco del país, que posee a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
¿Por qué la Comisión Europea impuso este plazo tan corto, que expira en apenas año y medio? ¿Qué supone para el país?
En primer lugar expresa la pérdida de soberanía económica. Sobre la cuarta entidad financiera del país no decide el Banco de España sino Bruselas. No sucede así en todos los países de la UE. Alemania se encargó de que las instituciones comunitarias no pudieran entrar en su sistema financiero. Solo una ínfima parte de las más de 400 cajas de ahorros germanas está bajo supervisión comunitaria. Y si al Deustche Bank, ahora en serios problemas, se le hubieran exigido las condiciones impuestas a Bankia, hace meses que habría quebrado.
El “rescate financiero” aceptado por el gobierno de Rajoy supuso, a cambio de una línea de préstamo de 100.000 millones, la entrega a la UE de todos los resortes de control sobre un sector tan decisivo como el financiero.
En segundo lugar, el plazo impuesto por Bruselas para privatizar Bankia aboca a una subasta a precio de saldo de los bienes públicos. Se emplearon 22.424 millones de dinero público para rescatar Bankia. Solo se han recuperado 2.864. Según todos los analistas, la venta antes de 2020 solo reportaría al erario público ingresos por valor de 6.000 millones… Es decir, se perderían para siempre 13.560 millones… Lo suficiente para actualizar las pensiones en función del IPC durante nueve años.
Pero, sobre todo, la obligatoriedad de privatizar Bankia, y en un plazo de tiempo muy corto, busca evitar que pueda imponerse la exigencia mayoritaria para impulsar una banca pública.
El Banco Central Europeo ya presionó al anterior ministro de Economía, Román Escolano, para que acelerara la privatización de Bankia.
Y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, ya se ha pronunciado afirmando que “no es necesario aplazar la privatización de Bankia”, y remarcando que “no estoy de acuerdo con una banca pública”. Cabe recordar que Gorigolzarri viene de ser consejero delegado del BBVA. No es que no defienda una banca pública… es que quiere devorarla y a bajo precio.
Los activos de Bankia suman 213.932 millones de euros. Es una cifra casi equivalente a la recaudación total de la hacienda pública durante todo un año. Si Bankia se convierte en el embrión de una potente banca pública, esta ingente cantidad de dinero podría colocarse al servicio del desarrollo del país, de conceder créditos en condiciones favorables a empresas y familias, para crear riqueza y empleo.
Por el contrario, las presiones de Bruselas y de la propia oligarquía española, buscan acelerar la subasta de Bankia, para que acabe beneficiándose de ella un gran banco, nacional o extranjero.
La noticia de que el gobierno de Pedro Sánchez busca ampliar el plazo dado por Bruselas para privatizar Bankia es una noticia que va en el buen camino. De entrada, defiende mejor los intereses nacionales que la sumisa aceptación de unas condiciones que claramente nos perjudican. Y, sobre todo, permite más tiempo para abordar un debate que permita convertir Bankia en el impulso a una banca pública que coloque parte de los recursos públicos invertidos en el rescate bancario al servicio del desarrollo del país.