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A comienzos de septiembre, el propio ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, reconoció que sólo una de cada 10 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital estaban aprobadas. Lo justificaba en un «desborde» de la administración por una «avalancha» de peticiones.
Tres meses después de aprobar la medida bautizada de «avance histórico en derechos sociales» la realidad es que sólo 80.000 de un total de 800.000 solicitudes han recibido el visto bueno. Y si tenemos en cuenta que 74.000 estaban ya aprobadas de oficio (pues se trataba solo de sustituir otro subsidio que cobraban), entonces nos queda que escasamente 6.000 han sido tramitadas por la administración.
Un lío angustioso
Además tramitar la solicitud es muy complicado. Los datos para tener en cuenta la ayuda son los ingresos de 2019; pero buena parte de los necesitados pueden haber obtenido ingresos suficientes el pasado año y encontrarse ahora en la pobreza.
Los trámites son engorrosos. Por ejemplo, en caso de divorcio se pide escanear y enviar la sentencia completa. Todo debe hacerse online, sin posibilidad de atención personal. Los requistos impuestos están constituyendo una barrera que empuja a mucha gente a desistir, víctimas de una atención burocrática. En palabras de un activista en favor de la Renta mínima: han creado “una herramienta política para erradicar la pobreza pero en la forma de acceder a ella no tienen en cuenta esta situación de pobreza”.
A quien se lo deniegan no le explican porqué, con lo cual no pueden reclamar o corregir errores. La carta sólo apunta que «no cumple los requisitos». La mayoría no obtiene contestación y el silencio administrativo puede superar el plazo y la solicitud presentada ya no valdría.
Hay a quien se lo dan como aprobado pero le ingresan 20 euros al mes, o 150 euros… pero tampoco se le explica el porqué de esas cantidades, ni qué criterios se han aplicado.
Y todo contra el reloj porque los plazos inciales se agotaron.
Por si fuera poco algunas autonomías complican aún más el proceso, como Madrid, que envía requerimientos que amenazan con dejar a los beneficiarios de rentas mínimas autonómicas sin ayuda hasta que consigan el IMV, obligando a miles de perceptores de la renta mínima de la Comunidad a pagar cinco o seis euros para enviar las solicitudes del IMV a la Comunidad de Madrid por correo, estando los registros colapsados.
La excusa no es válida
Con 12 millones de personas en riesgo de exclusión, según el informe del Estado de la Pobreza del año pasado, el ministro había afirmado que el IMV cubriría a 850.000 familias, luego no es aceptable verse desbordados por una cantidad de solicitudes que coincide con lo que esperaba el ministerio.
La ralentización parece tener que ver con que no hay presupuesto suficiente. Los 500 millones de euros que aparecieron destinados para el IMV cuando se publicó en el BOE ya parecían en su momento insuficientes.
El dinero necesario para su ejecución es inferior a lo que va a ganar Caixabank de un solo golpe al absorver Bankia. Crear una buena ley o medida pero no dotarla de los medios materiales para su aplicación es dejarla en papel mojado, y esto no es aceptable.