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Se ha iniciado la cuenta atrás para una nueva reforma de las pensiones que se discute en la Comisión del Pacto de Toledo y que se propone presentar sus conclusiones en las próximas semanas.
Las discusiones giran en torno a las recomendaciones que quedaron sobre la mesa cuando se cerró la Comisión sin acuerdo por la convocatoria de elecciones en 2019.
-La revalorización de las pensiones. La subida con el IPC es una recomendación en la que parecen estar de acuerdo la gran mayoría de los grupos que forman parte de la Comisión; pero que no está garantizada. Hay propuestas para que se se pueda aplazar en el tiempo si el IPC sube demasiado en «épocas de crisis». Y tampoco está resuelto que se revaloricen los años en que el IPC sea cero o incluso negativo.
-Edad de jubilación. Las presiones son máximas para subir la edad efectiva de jubilación y que se aproxime cada vez más a la edad legal de 67 años en 2027, penalizando la jubilación anticipada voluntaria aunque se tengan suficientes años cotizados.
-La cuantía de las pensiones. El borrador de 2019 ya recogía subir los años de cotización de 15 a 25 años para calcular la cuantía de la pensión. También se baraja ampliar a toda la vida laboral.
-Factor de sostenibilidad. Vincular el gasto en pensiones a la esperanza de vida. El gobierno de Pedro Sánchez retrasó la aplicación del llamado «factor de sostenibilidad» de la reforma de las pensiones de Rajoy a 2023, ahora se discute si se aplica o no a partir de ese año.
-Impulsar los planes privados, llamados complementarios, por la vía de los planes de pensiones de empresa; los trabajadores que cumplieran determinadas condiciones se inscribirían automáticamente en un plan de pensiones colectivo de empresa, al que tendrían que aportar una parte de su salario.