El jueves 19 de septiembre de 2024, una supervisora del sistema Cometa -dedicado al seguimiento de las llamadas de las pulseras antimaltrato- pidió a sus trabajadoras que se saltaran el protocolo de seguridad para “limpiar las alertas” antes de que llegara la visita de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La orden dada consistía en cerrar todas las señales de baterías bajas, dejando exclusivamente aquellas señales de dispositivos apagados. Cuando se recibe la notificación de baja batería del dispositivo del maltratador, se activa un protocolo en el que se contacta telefónicamente con el maltratador, si este no garantiza la carga con suficiente rapidez, se informa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Bloquear este proceso es una irresponsabilidad con graves consecuencias para las víctimas.
Las trabajadoras y trabajadores del sistema Cometa denuncian que no es la primera irregularidad en el sistema, particularmente desde que cambiara de manos desde Telefónica y Securitas a Vodafone y Securitas en marzo de 2024. Explican cómo la empresa buscaba maquillar los datos para enmascarar los errores del servicio o se minusvaloraban las alarmas.
Estos errores habían llegado en más de una ocasión al poder judicial, como afirma el Tribunal Superior de Justicia gallego o la Audiencia Provincial de Granada. La Fiscalía General del Estado, en su memoria de final de 2024, recogía cómo con el cambio de empresa se perdieron los registros de la ubicación de los agresores anteriores al 20 de marzo, lo que ha supuesto que mujeres víctimas de violencia machista hayan perdido juicios por informes incorrectos sobre posicionamientos.
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Pulseras antimaltrato, luces y sombras
En la actualidad, alrededor de 4.500 mujeres están bajo la protección del sistema de pulseras antimaltrato. Y desde su implementación en 2009, más de 21.000 mujeres lo han utilizado en algún momento. En todo este tiempo no se ha registrado ningún caso de asesinato de una mujer mientras llevaba puesta una pulsera antimaltrato.
Aunque no se puede cuantificar cuántas vidas han sido salvadas, es innegable que han ocupado un papel crucial en la prevención de feminicidios y en la protección de las víctimas de violencia de género en España.
Sin embargo, el sistema necesita mejoras importantes. Al haber cambiado de radiofrecuencias a bluetooth, se generan más señales falsas. Y las expertas solicitan que cambie de 2G a 5G para evitar los errores. Al mismo tiempo, muchos maltratadores saben cómo ubicarse en lugares sin cobertura para quedar ilocalizados y que salte la alarma a la víctima, utilizando a conciencia la pulsera como arma para generar ansiedad y miedo en la mujer.
Es difícil afrontar las mejoras de un servicio tan importante para la seguridad de las mujeres (y de sus hijos e hijas) desde los intereses de grandes monopolios como Securitas o Vodafone. El “maquillaje de datos” demuestra la incompatibilidad de intereses y resitúa el debate en torno a la importancia de nacionalizar el servicio.
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Acabar con la violencia machista debe ser prioridad
Actualmente, hay 105.000 mujeres en España registradas en el Sistema de Seguimiento y Vigilancia Integral de la Violencia de Género (VioGen) pero solo 4.500 tienen pulseras, el 96% de las mujeres no cuentan con este recurso. ¿Por qué tenemos que aceptar esta situación? El sistema de pulseras no debería estar limitado a casos extremos; también hay asesinatos en casos previamente clasificados como de “riesgo bajo”.
Hace falta más inversión y más recursos para afrontar la lucha contra la violencia machista. Profesionales preparados y medios suficientes. Aunque España ha aumentado el presupuesto contra la violencia de género, está en el 0,015%, muy por debajo de la media europea.
Sesenta y dos mujeres han sido asesinadas en nuestro país a manos de varones en lo que llevamos de año. 1.639 mujeres asesinadas desde el año 2010. Es insoportable, y es urgente actuar. Acabar con la violencia machista, prevenirla, tomar medidas contra los maltratadores, proteger y ayudar a las víctimas, debe ser una prioridad.