La decisión de María Dolores de Cospedal de que ocho hospitales de Castilla-La Mancha, la región que gobierna, pasen a ser gestionados por empresas privadas no supondrá el ahorro que pretende, más bien al contrario (…)
Los hospitales construidos y, a veces, también gestionados por la iniciativa privada (modelo de iniciativa de financiación privada o PFI), salen más caros partiendo de su propio coste financiero. Un estudio dirigido en 2008 por la profesora de Salud Pública de la Universidad de Manchester Jean Shaoul reveló que la Administración acaba pagando casi el doble en intereses con el citado modelo. En concreto, se analizaron los 12 primeros hospitales de gestión privada que se pusieron en marcha en Reino Unido. Mientras los intereses de la financiación de los centros netamente públicos eran del 4,5%, el interés a pagar con los hospitales PFI ascendía al 8%. «Los costes financieros fueron mayores de lo esperado (…), de forma que el coste total de los proyectos a lo largo de 30 años tiende a ser mucho mayor que el estimado originalmente», señala la autora (…)
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) aportó ayer un ejemplo más cercano del gasto desorbitado que supone este modelo: el caso de Madrid. Según sus estimaciones, el gasto de los siete hospitales que inauguró Esperanza Aguirre en 2008, gestionados por empresas, se ha disparado. Cuando acabe el año, la comunidad ya habrá pagado a las empresas 761,3 millones de euros, cuando su construcción costó sólo 701 millones. La deuda a saldar en los próximos 30 años asciende a 4.284 millones y las empresas ya han reclamado que se les pague 80 euros más y que la cuota anual se incremente en nueve millones (…)
Las empresas siempre acaban alegando que las previsiones se quedaron cortas y que han tenido que incrementar sus prestaciones para demandar más dinero, destacan los expertos. Esto ha ocurrido ya en España cuando, en abril, la Asociación de Empresas Constructoras (Seopan) envió una carta al consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en que le pedían 80 millones de euros más por un «incremento de la actividad» que había generado gastos imprevistos. Las constructoras, que forman parte de sociedades que participan del modelo PFI, advertían incluso de un «colapso» del servicio.
La amenaza lleva a la Administración a ceder porque está en juego la salud de sus ciudadanos y ese dinero extra acaba saliendo de los hospitales 100% públicos, que pierden fondos. En el caso de Madrid, por ejemplo, el Gobierno de Aguirre ha destinado este año un 9,58% menos de dinero a estos centros que el año anterior, denuncia la FADSP (…)