Los escoceses y los catalanes son dos antiguas culturas europeas que se convirtieron en parte de entidades políticas más grandes hace siglos, pero conservando identidades distintas. Ambos son hoy testigos de una fuerte ola de nacionalismo y de anhelo de autogobierno. Hay una gran diferencia, sin embargo, en cómo esto se está tratando en sus respectivos países. El referéndum de Escocia el mes pasado, al igual que los referendos de Quebec antes, demostraron que si a las personas se les permite un debate abierto y un voto democrático de autodeterminación, bien puede optar por quedarse en el sistema de gobierno más amplio. La línea dura de España ante el nacionalismo catalán demuestra lo contrario: si se frustran las ambiciones nacionales, sólo se hacen más fuertes, más apasionadas y potencialmente más peligrosas. El referéndum escocés fue observado de cerca en España, pero desde diferentes perspectivas. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no ocultó su oposición a la independencia de Escocia y sugirió que bloquearía que una Escocia independiente entrara en la Unión Europea. Los nacionalistas catalanes ven en ese proceso la prueba de que la votación sobre la libre determinación es un derecho legítimo. El 11 de septiembre, una semana antes del referéndum de Escocia y en el 300 aniversario de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión española, cientos de miles de catalanes formaron una «V» de «votar» de 10 kilómetros de largo en Barcelona, la capital regional. Y poco después de la votación de Escocia, el 18 de septiembre, el Parlamento catalán votó abrumadoramente pedir formalmente a Madrid que una votación de libre determinación se celebrara el 9 de noviembre. Sería para hacer dos preguntas: «¿Quiere Cataluña sea un Estado» y si es así, «¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente?» El Sr. Rajoy rechazó de inmediato el referéndum sobre la base de que se estaría violando la «indisoluble unidad» consagrada en la Constitución Española. Los catalanes argumentaron que la votación no sería vinculante, y por lo tanto no era inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum en espera de una sentencia definitiva, que podría tardar meses. Sin embargo, algo tan complejo y emocional como la identidad nacional no puede reducirse a una cuestión puramente jurídica; requiere soluciones políticas. La larga guerra contra los separatistas vascos terminó sólo cuando ambas partes acordaron negociar. Hay espacio para una solución política, también. Una queja importante entre los 7,5 millones de catalanes es que representan el 16 por ciento de la población española y el 19 por ciento de su producto interno bruto, pero reciben sólo el 9,5 por ciento del presupuesto nacional. Las encuestas de opinión han mostrado que mientras que los catalanes están divididos sobre la independencia, una sólida mayoría votaría quedarse en España si sienten que están recibiendo una porción justa del pastel económico.