Una batalla que va paralela a la lucha por la propia pervivencia del gobierno salido de la moción de censura de junio, y que algunos sectores de la oligarquía han sentenciado como “el gobierno que no puede ser”, por ser un ejecutivo bajo una excesiva influencia del viento popular. Esos centros de poder buscan que Sánchez tire la toalla y convoque de inmediato nuevas elecciones, o presionar hasta conseguir que no pueda seguir llevando adelante iniciativas favorables a las exigencias de la mayoría social.
Esta batalla por la aprobación de estas cuentas públicas sigue abierta. La apertura del juicio a los líderes del procés ha irrumpido en las negociaciones e imposibilita en el corto plazo que ERC o el PdeCAT voten favorablemente. Por otra parte, por enésima vez, Casado y Rivera han exigido al PSOE que saque las urnas. Pero Sánchez no tira la toalla, se niega a dar por liquidada la legislatura y ha declarado que seguirá negociando.
En Moncloa seguirán insistiendo en su “Plan A”: aprobar, más o menos modificados, unos PGE que contienen medidas como la subida del SMI a los 900 euros, la vuelta de la vinculación de las pensiones con el IPC, el retorno de la sanidad universal… o la subida de impuestos a grandes fortunas y grandes empresas. Pero la ministra de Economía ha avisado de que si esa senda fallara… hay un “plan B”: prorrogar los presupuestos vigentes (los de Rajoy) “realizando ajustes puntuales”.
Ante esta posibilidad, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al gobierno: o estos Presupuesto o a las urnas.Y exigen a Moncloa que se esfuerce más en contentar a los independentistas catalanes en las negociaciones. La formación morada parece preparse para señalar a Sánchez como responsable del fracaso de no poder sacar estas cuentas -aunque contra ellas se hayan conjurado poderosas fuerzas- y agitar esta culpa como bandera electoral en el caso de unas anticipadas
Pero ¿no hay otro camino que ese? ¿no se pueden aprobar los PGE 2019 sin negociar (y por tanto hacer necesariamente concesiones) a los Torra, Junqueras y Puigdemont?
Hay otras vías, pero hace falta voluntad política para explorarlas. Hace poco, Ciudadanos decidió romper el frente que mantenía con el PP en la Mesa del Congreso para bloquear la proposición de ley de estabilidad que podría permitir la aprobación de los PGE.
No significa que la formación naranja haya cambiado de posición -contraria en muchos puntos- a los PGE de PSOE y Unidos Podemos. Pero se ha mostrado (tibiamente) abierto a debatirlas.
Las diferencias con los PGE no son tan antagónicas cuando se les pregunta a los votantes de centro. Según recoge El País en su análisis sobre el barómetro de octubre “el 79% de la población cree que la subida del salario mínimo es urgente. Hasta un 27% de los votantes del PP dicen que su partido debería apoyar los Presupuestos. En Ciudadanos, son un 41%”.
Los sondeos revelan que una gran parte de los votantes naranjas aprueban puntos sustanciales de los PGE, sobre todo los referentes a salarios y pensiones. ¿Por qué no?
Si hubiera voluntad política, sí se podrían aprobar estos PGE sin tener que pagar peaje a los independentistas, justo lo que dicen querer evitar los dirigentes de Ciudadanos. Está en su mano, y en la de Podemos, poder evitarlo.