La Corona, llamada un día a convertirse dizque en rompeolas de las asechanzas contra la patria y garantía de unidad y felicidad entre españoles, se ha convertido en un problema en sí misma y de proporciones gigantescas, básicamente en razón al comportamiento nada ejemplar del titular de la misma, el campechano Borbón que ha reinado sin norma alguna que respetar y a la que atenerse. La Corona como problema. De aquellos polvos, estos lodos. El viernes, este diario adelantó que el Consejo de Ministros estaba estudiando el aforamiento de los Príncipes de Asturias, cuestión que horas más tarde confirmaba la vicepresidenta Soraya en la habitual rueda de prensa, con la adenda de que el favor se extendía también a la Reina, se supone que por una cuestión de mera cortesía.
El asunto no tiene especial significado, entre otras cosas porque al Príncipe Felipe, al menos de momento, no se le conocen gatuperios económicos que echarle en cara. Otra cosa es la riada de aforados con que contamos, en torno a 10.000, uno de esos asuntos capaces de sacar los colores a cualquier español cuando se asoma al extranjero. Una más de las cosas que chirrían en esta democracia de baja calidad. En lugar de acabar con el privilegio de los 10.000 hijos del ministro Gallardón de ser juzgados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lejos de los órganos judiciales que rigen para el resto de los ciudadanos, se extienden o amplían. Mientras en Portugal sólo el presidente de la República disfruta de este beneficio –por sólo diez altos cargos en Francia y ninguno en Italia o Alemania-, en España cuentan con él los parlamentarios nacionales y regionales, más los 7.000 jueces, magistrados y fiscales en activo, privilegio, por lo demás, que distorsiona gravemente la instrucción de muchos sumarios, algunos de gran nombradía, porque el juez que instruye tiende a las piezas separadas y otros ardides –está ocurriendo ahora mismo con la juez Alaya y los ERES andaluces- para no perder la jurisdicción a manos del Supremo.
Solo Rosa Díez, de UPyD ha tenido el valor de reclamar en el Congreso la desaparición de esta lacerante antigualla: “¿Es realmente un privilegio que los diputados y senadores sean juzgados, llegado el caso, por el Supremo? ¿No sería más lógico que fueran a los juzgados de instrucción, como pasa con los ciudadanos corrientes?” El resto de los grupos le dio la espalda, en particular PP y PSOE. La explicación es sencilla: según datos del CGPJ, en la actualidad se tramitan entre 1.600/1.700 procedimientos en todo el país relacionados con casos de corrupción política, que van desde la prevaricación hasta la apropiación indebida, pasando por el cohecho, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias y la estafa. Ruiz-Gallardón, que el viernes defendió el aforamiento de los Príncipes con la misma solvencia con la que vendería el envío de una expedición armada al planeta Marte, anunció en junio pasado la posibilidad de acabar con el aforamiento de 57 altos cargos de los 10.000 citados. Según él, esto es todo lo que puede hacer el Parlamento, descartada la posibilidad de reformar la Constitución y los 17 estatutos autonómicos. Así estamos.
Con todo, el aforamiento de los Príncipes es apenas un entremés sin mayor importancia comparado con la operación que tras las bambalinas se está pergeñando en torno a la figura del Rey Juan Carlos I. Sabido es que el Monarca es por definición el perfecto aforado de acuerdo con la Constitución de 1978 (Título II. De la Corona. Artículo 56, punto 3. “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”). Esta inviolabilidad ha sido argumentada como el más serio obstáculo, y no precisamente baladí, que se yergue frente a una eventual abdicación del rey en la persona de su hijo, el Príncipe Felipe, una operación llena de lógica que, a pesar de los desmentidos oficiales y de la negativa radical del propio afectado, sigue su curso por las sentinas del Poder y que podría concretarse esta misma legislatura, entre otras cosas porque en la próxima será muy difícil, con un parlamento tan fragmentado como el que vaticinan las encuestas, llegar a las componendas que el establishment patrio, con PP y PSOE a la cabeza, tendrá que urdir para hacerla posible.
Preparando el camino para la abdicación del Rey
¿Cómo evitar que, en caso de abdicación, cualquier ciudadano acuda un día al juzgado de guardia para interponer denuncia contra el ahora Rey por el cobro de tal o cual comisión en tal o cual país u operación? Para cercenar esta posibilidad, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba están abiertos de par en par a la posibilidad de pergeñar y hacer aprobar por amplísima mayoría en las Cortes una Ley de Abdicación (así se la conoce en la propia Casa del Rey) que, entre otras cosas, blindaría la persona del Monarca en caso de que decidiera abdicar, extendiendo de por vida aquella inviolabilidad inserta en la Constitución. Se trata de una operación de gran calado de la que están al corriente las más altas instituciones del Estado y cuya materialización llevaría su tiempo. La única condición que los líderes de ambos partidos han puesto para poner en marcha la iniciativa es que el Rey haga un gesto, dé una señal, en dirección a esa abdicación. El Príncipe se manifiesta dispuesto a esperar lo que sea menester. “Él no quiere acelerar nada, frente a los nervios que manifiesta la princesa Letizia, una mujer superada por los acontecimientos, la sobreexposición de su persona, y la presión de las redes sociales y medios de comunicación”, aseguran las fuentes.
Tras la mejora que parece haberse operado en la salud del titular de la Corona, la “operación abdicación” podría retrasarse sine die. El escándalo provocado esta misma semana por la aparición del libro de la periodista Pilar Urbano, ha vuelto a poner de manifiesto, una vez más, la fragilidad de la figura del Rey como Jefe del Estado, más que nunca sometido al fuego cruzado de los mil escándalos, de toda clase y condición, que en la sombra se han ido gestando desde que accedió al trono. Como primera providencia, y más allá de la credibilidad que pueda concederse al libro de marras, la acusación al Rey de haber estado involucrado en los preparativos del golpe del 23-F ha surtido el efecto de arruinar de un plumazo la espectacular campaña de imagen, de recuperación de imagen se entiende, diseñada por La Zarzuela en torno al cadáver del ex presidente Adolfo Suárez.
La reaparición de la Urbano, 74, como rutilante estrella del periodismo de investigación, cuando todo el mundo le daba por retirada del oficio, dedicada a la meditación, incluso a la oración –tan necesaria para lavar el pecado de soberbia-, en su residencia femenina del Opus Dei, ha conmocionado los cimientos de la patria mía. Pero no ha sido tanto el libro, un mazacote de mil pares, como la entrevista con la que El Mundo avaló el domingo pasado su publicación lo que ha provocado el revuelo. Hábilmente interrogada por Miguel Angel Mellado, la doña se despachaba en el diario de esta guisa: “Para Suárez está clarísimo ya en ese momento que la Operación Armada nace en Zarzuela y que el alma es el Rey: que don Juan Carlos es el muñidor para que Armada sea el presidente de un gobierno de concentración. Incluso que el mismo Rey conocía el Gobierno que el golpista tenía preparado”. Segunda perla: el enigmático “Elefante Blanco” no era otro que el propio Rey.
El lío montado. A partir de ahí surgen las disculpas en cascada, las descalificaciones en bloque, incluso los insultos. “Es que el libro no se corresponde con lo que dijo en esa entrevista”, aclara José Manuel Lara, gran capo del grupo Planeta, a quien esto suscribe. “Fue la entrevista la que nos dejó helados, porque muchas cosas que se dicen en ella, muchos papeles de los que habla, no aparecen en el libro, no están. Por lo demás, son sus recuerdos, sin ninguna fuerza documental. Y algunas afirmaciones que le pedimos que quitara, sí, porque, aunque puestas en boca de muertos, y ya sabemos que los muertos no se querellan, simplemente no eran aceptables. Y las quitó”. En Zarzuela se han enfadado con Lara, II marqués del Pedroso de Lara por la gracia de Su Majestad (“con La Razón da todos los días la de cal, mientras que desde La Sexta, Antena3, Avui y demás nos pone de arena hasta las cachas”), aunque mucho menos que con la Urbano, a quien el Monarca se refiere en privado como “esa hija de…”. Aclaran en palacio: “Ella nos ofreció a través de Planeta visar el texto antes de que se publicara para ver qué opinábamos, pero no caímos en la trampa, porque luego iba a hacer lo que hizo con el libro de la Reina: decir que era una biografía autorizada y poner en boca de Doña Sofía lo que a ella se le había pasado por la cabeza…”
Las sospechas en torno al 23-F siguen intactas
Capacidad para fabular sí tiene esta especie de nueva monja de las llagas laica, sobre la que resulta prácticamente imposible recoger una opinión favorable en el mundo de la prensa. El jueves, día de la presentación oficial del libro (la Urbano, de rubia primorosamente cardada, se había puesto guapa para la ocasión), la Casa del Rey emitió un desmentido atípico en boca de un “portavoz”. El libro La gran desmemoria es “pura ficción imposible de creer”. Unas horas después, se ponía en marcha “La Acorazada Brunete de los Desmentidos”: un texto firmado por los más estrechos colaboradores del Suarez presidente del Gobierno de la UCD (Arias Salgado, Aurelio Delgado, Lamo de Espinosa, Martín Villa, Marcelino Oreja, Pérez-Llorca, Sánchez-Terán, Andrés Casinello -pez gordo, responsable que fue del Cesid, antiguo CNI- y el inevitable Adolfo Suárez Illana, esa especie de viuda de España por antonomasia), afirmando que el libro “constituye el típico relato novelado-libelo, que tiene por objeto desestabilizar las instituciones y atacar frontalmente la figura del Rey y al Presidente Suárez a través de una acusación infame y tergiversando la verdad”. Todos los firmantes, o casi, habían traicionado a Suárez en vida.
El mazacote de marras es un refrito de muchos otros textos (la reproducción de la famosa carta del Rey al Sha de Persia pidiendo parné supuestamente para la UCD, fue publicada por primera vez en España en “El Negocio de la Libertad”, año 1998, casi 16 años ha, sin que la Urbano reconozca autoría alguna), condimentado por la reconocida capacidad de fabulación de la autora, que nada nuevo descubre a quienes ya tienen formada opinión sobre lo acontecido en torno al 23-F. Las sospechas de unos y las dudas razonables de otros seguirán intactas en tanto en cuanto los papeles que el propio Suárez dejó guardados en una caja fuerte en un banco suizo, o los documentos también secretos que Sabino Fernández Campo legó a sus herederos, no vean la luz.
Ocurre que el país llamado España está tan convulso, la situación ha alcanzado tal grado de paranoia, la crisis de la nación es tan grave, que cualquier relato fabulado con visos de verosimilitud goza de inmediato del beneficio de la duda, como poco. Lo que está claro es que las fuerzas vivas del régimen han salido en tromba a arropar al Rey, señal evidente de la extrema fragilidad de la figura del Monarca y de la propia debilidad institucional de la Corona, ello por no hablar del silencio de los grupos mediáticos tradicionales. En estas condiciones, una decisión inteligente por parte de esas fuerzas vivas debería pasar por acelerar en lo posible esa “Ley de Abdicación” y dar paso cuanto antes el Príncipe Felipe. Ello, naturalmente, en caso de que les preocupe el mantenimiento de la paz social. Porque, con excepción del 23-F, la mayoría de las fazañas protagonizadas por el Monarca en estas décadas aún no han enseñado la patita. Cualquier dilación en ese relevo equivale a jugar con fuego. O a mí me lo parece.