La aprobación de unos nuevos presupuestos, o la imposibilidad de hacerlo por falta de acuerdo, concentra la atención de los medios de comunicación. Pero hay un elemento absolutamente clave que permanece fuera del debate político: los mandatos de la Comisión Europea que determinan la política económica que puede o no puede realizarse en España.
Los presupuestos son la ley más importante, la que condiciona toda la política de un Gobierno. Pero en España su aprobación depende de decisiones que se toman más allá de las fronteras del país.
Antes de hacerlos públicos y presentarlos al parlamento, el Gobierno español debe enviar un borrador de los presupuestos a la Comisión Europea, que lo aprueba o introduce “recomendaciones”.
Este control exterior impone severos límites que afectan directamente a nuestras vidas.
Sucede así con los objetivos de reducción del déficit, impuestos por Bruselas y que el Gobierno español está obligado a respetar. Pueden negociarse, de hecho el Gobierno de Sánchez ha conseguido que la Comisión Europea le otorgue un margen extra, pero imponen un corsé que se va estrechando y obligan a un ajuste permanente.
Los números así lo confirman. La UE exige que el déficit español sea como máximo del 1,8% el próximo año, del 1,5% en 2020, y del 0,4% en 2021. Esto obliga a un ajuste, en los próximos cuatro años, de 15.400 millones, que debe realizarse aumentando los ingresos o recortando los gastos.
De lo que estamos hablando es del dinero que un Gobierno, sea cual sea su color, puede disponer. Fijado en lo que se conoce como el “techo de gasto”. Excluye el pago de la deuda a los grandes bancos, para eso no hay límite alguno. Pero sí limita lo que se puede destinar, por ejemplo a gastos sociales.
A pesar de que el Gobierno de Sänchez ha negociado una ampliación de 6.000 millones, el techo de gasto impuesto por la Comisión Europea para 2019 será de 57.375 millones menos que en 2010.
¿De dónde va a salir este dinero? De nuestra salud, de la educación de nuestros hijos o de las pensiones de nuestros mayores. No es una valoración política, es un hecho al que incluso se le han puesto números.
El “Programa de Estabilidad 2017-2020”, aprobado por la Comisión Europea durante el Gobierno de Rajoy, pero que también compromete al actual ejecutivo, obliga a que el porcentaje del PIB destinado a sanidad descienda del 6,1% al 5,6% o el gasto en educación del 4% al 3,7%.
La inversión pública española en sanidad y educación está todavía lejos de la media europea. Pero Bruselas pretende que se aleje todavía más.
El empuje de una mayoría social contraria a los recortes, y que fue clave para desalojar a Rajoy de la Moncloa, está impulsando cambios. Pero los organismos internacionales, los mismos que impusieron los recortes a partir de 2010 imponen también sus límites para que no pueda ponerse en cuestión el carácter estructural de los ajustes ya realizados.
Incluso aspiran a ir más allá. Lo expresó el subdirector del FMI, afirmando que “aunque de forma dolorosa, en España se avanzado mucho”, para a continuación sentenciar que “no obstante, este es un proyecto inacabado”. O lo ha contabilizado el BCE, al “predecir” que la pensión media en España se desplomará desde el 78,7% del último sueldo, como ocurre actualmente, al 45% en 2070.
Existe una mayoría que quiere revertir los recortes. Pero para ello debemos ser conscientes de que no solo, ni principalmente, nos enfrentamos a las resistencias del PP, sino a unos límites impuestos desde el exterior que buscan perpetuar el saqueo sobre nuestro país.