El debate de investidura y la tortuosa negociación entre PSOE y Unidas Podemos ha eclipsado las exigencias de la mayoría social progresista expresada en la avalancha de votos de izquierdas el 28A. Una de esas demandas es la derogación de la reforma laboral de 2012. ¿Qué marco laboral nos impuso y cuáles son sus aspectos más lesivos y con los que más urgentemente hay que acabar?
La Reforma de la legislación laboral vigente en España fue aprobada por el gobierno de Rajoy en febrero de 2012. Supuso una profundización -varias vueltas de tuerca- de la línea de sus predecesoras, las reformas laborales de Zapatero (2010) y de Aznar (‘decretazo’ de 2002 y la de 1997).
La reforma laboral es la “madre de todas las reformas” del periodo de Rajoy, el periodo en el que se ejecutó el grueso del proyecto de saqueo contra las rentas del 90%. Fue la que permitió al gran capital nacional y extranjero crear un nuevo mercado de trabajo, con la precariedad como rasgo permanente y estructural. Un mercado laboral de bajos salarios, empleo temporal y parcial y despido libre, que multiplica la explotación para los trabajadores y garantiza superbeneficios para bancos y monopolios.
¿Cuáles son sus principales «bondades»?
Despido ‘low cost’
Gracias a la reforma laboral de Rajoy, el despido pasó a ser -aún más de lo que ya venía siendo- libre y gratuito.
La reforma laboral de 2012 abarató enormemente el coste del despido. El precio por el despido ‘objetivo’ («procedente») pasó de 33 a 20 días por or año trabajado y con un tope de doce mensualidades, de manera general. Y la indemnización por despido improcedente pasó de 45 días a 33 días y un tope de 24 mensualidades.
Además, la norma fijaba más facilidades y menos requisitos para poner a un trabajador «de patitas en la calle». Fijaba el despido «por causas económicas»: ya no era necesario ni siquiera que la empresa incurra en pérdidas, bastará con que demuestren que han sufrido nueve meses consecutivos con una caída de ingresos o de ventas, o la «perspectiva de tenerlos». Las faltas por enfermedad o accidente no laboral que duren menos de 20 días pasaban a contar como «absentismo laboral», siendo una causa objetiva de despido procedente.
Para hacer despidos colectivos -los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs)- también se suprimía la autorización previa del Ministerio de Trabajo o de la CC.AA. A su vez, ponía muchas más trabas para que los trabajadores pudieran litigiar por un despido ilegal, dejándoles como única vía el amparo de la Justicia.
Derechos laborales ‘low cost’
La reforma de 2012 otorga a las empresas barra libre para organizar el trabajo: le permite cambiar jornadas, turnos, funciones y hasta rebajar salarios. Si el empleado no está de acuerdo, tiene dos opciones: o los tribunales o aceptar el despido con una indemnización de 20 días por año con un tope de 9 mensualidades.
La norma legalizaba las horas extras en los contratos a tiempo parcial. Poniendo la alfombra roja a una práctica más que extendida en sectores como la hostelería o el comercio: te contratan por media jornada, y acabas trabajando 10 horas… todos los días. Y ponte a reclamar las «horas extras»: suerte si cobras ‘en negro’ el conjunto de las horas.
Y permitía el encadenamiento de los contratos de formación y aprendizaje (para jóvenes de menos de 30 años). Las contrataciones indefinidas para jóvenes pasaban a tener un ‘periodo de prueba’ de un año, lo que de facto supone el despido libre.
¿Negociación colectiva?
Otro de los aspectos que más lesivos de la reforma laboral de Rajoy es que atacaba los mecanismos de negociación colectiva, claves para los intereses de los trabajadores. El convenio de empresa pasaba aprevalecer sobre cualquier otro convenio, incluído el del sector. Daba carta blanca a las empresas para invocar el llamado ‘descuelgue’ -no aplicar a la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable- alegando motivos económicos.
Además, la reforma laboral limitaba la ultraactividad de los convenios, es decir, la renovación automática cuando no haya acuerdo entre trabajadores y empresarios. Conduciendo a la negociación y el conflicto laboral permanente, siempre en beneficio de la revisión a la baja de los intereses de los trabajadores.
Todo ello ha facilitado una eliminación masiva de derechos laborales, quebrando la capacidad de lucha de los sindicatos. Mientras que ha fortalecido poder de la patronal de las grandes empresas, con capacidad para decidir, prácticamente sin límites, sobre todo los aspectos de las condiciones de trabajo (jornada laboral, horas extras, vacaciones, descansos, peligrosidad, etc.)
Sueldos a la baja, costes laborales ‘low cost’
Antes de que la tendencia se revirtiera con la recuperación económica y el decreto de diciembre de 2018, que elevó el SMI a 900€, recuperando algo de poder adquisitivo para los asalariados, los trabajadores hañiamos perdido un 1,8% de salario real entre 2017 y 2018, y entre 3,8% y un 5,4% de poder adquisitivo en el último lustro.
Los trabajadores “pobres”, con salarios de supervivencia que apenas dan para llegar a fin de mes, son una nueva categoría que alcanza el 15% del mercado laboral. Según informes de la OCDE, España es el país de la UE con más porcentaje de asalariados viviendo bajo el umbral de la pobreza.
¿Y por qué no empezar por los puntos de unidad programáticos?
En varias ocasiones, destacados miembros del Gobierno de Pedro Sánchez o del PSOE han mostrado su intención de derogar los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral. Así lo declaró la mnistra de Trabajo, Magdalena Valerio, el pasado mes de diciembre. O el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, nada más conocerse el resultado del 28A. También lo ha comprometido con ello -junto a un nuevo Estatuto de los Trabajadores- Pedro Sánchez en su primer intento de investidura.
Naturalmente, Unidas Podemos está completamente de acuerdo con derogar no solo parcialmente, sino en su totalidad, la reforma laboral de Rajoy. De hecho, y aunque difieran en el “grado” en el que exigen la derogación de la norma, es una de las exigencias comunes de un gobierno de izquierdas que más inquietan a la oligarquia financiera, al IBEX35 y a centros de poder como el FMI, el BCE o la Comisión Europea.
¿No es este acaso un valioso punto de unidad, un punto del programa de la llamada «agenda del cambio» suscrito entre PSOE y UP que conecta con el sentir de sus respectivos votantes y con el de millones de trabajadores?
La mayoría social de izquierdas de toda España anhela un gobierno que suba salarios y pensiones, que acabe con la precariedad laboral y la asfixiante predominancia de la temporalidad. Que restaure y amplie derechos para los trabajadores y les dote de mecanismos de defensa de sus intereses. Un gobierno que, entre otras cosas, entierre la ignominiosa reforma laboral.
¿No es mejor basar la negociación entre las fuerzas de la izquierda en buscar los puntos de unidad programáticos, trabajando los nexos de unión políticos de cuya realización dependen las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares?