“La época de los ajustes salariales que se inauguró en 2012 se tiene que quedar atrás”. Así definía uno de los principales periódicos económicos el acuerdo alcanzado entre los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, y las dos mayores organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, que sienta las bases para la negociación de los futuros convenios colectivos.
El contenido del acuerdo supone un avance, tras años de permanentes, y a veces draconianos, recortes salariales. Establece una subida salarial del 2%, que puede llegar hasta el 3% condicionado a la productividad y los resultados empresariales. Recomienda que en los convenios colectivos se establezca un salario mínimo de 14.000 euros anuales, es decir de 1.000 euros mensuales con dos pagas extraordinarias. Incluye cláusulas de revisión salarial que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores si la inflación sube más que los salarios. Y plantea abrir una negociación con el gobierno sobre temas como la regulación de la subcontratación, evitando excesos que se traducen en devaluaciones salariales.
La ejecución de los puntos de este acuerdo va depender de como se traducen en los convenios colectivos que deben negociarse en el futuro. Y se trata de guías y recomendaciones, no de medidas de obligatorio cumplimiento.
Pero supone un cambio en el terreno de juego vivido en los últimos años, donde han avanzado las demandas de los trabajadores.
Va a afectar a diez millones de trabajadores, una parte muy importante de los asalariados, cuyas condiciones laborales están sometidas a convenio. Crea condiciones favorables para garantizar que los salarios no pierden poder adquisitivo, en un momento donde la inflación repunta, cuando en los últimos ocho años ha sucedido exactamente lo contrario. Y beneficia especialmente a los trabajadores con salarios más bajos.
El hecho de que la gran patronal lo haya firmado es ya un éxito. Hace un año se negó a hacerlo. Y al principio de las negociaciones planteaba una subida salarial del 1,2%. Al final del proceso -y es la primera vez que sucede en mucho tiempo- ha acabado imponiéndose un acuerdo más cercano a las reclamaciones de los sindicatos que las de la patronal.
Si esto ha sucedido no es solo por el cambio de gobierno. La fuerza principal que lo ha permitido ha sido el avance de la movilización popular. Ya no es posible, porque no es aceptado socialmente, seguir imponiendo los salvajes recortes salariales impuestos en los últimos años. Lo mismo sucede en las pensiones. Incluso el gobierno de Rajoy tuvo que transigir con actualizar en 2018 y 2019 las pensiones en función del IPC, en contra de la reforma que ellos mismos habían aprobado en 2013.
Esta marea popular está poniendo también en cuestión la misma reforma laboral, el marco que propició todos los recortes salariales. Aunque ha manifestado que no puede tumbarse por completo, como sería deseable, el nuevo gobierno ha manifestado que sí va a derogar algunos de sus puntos más regresivos contra los trabajadores.
La batalla sigue abierta. No esta ni mucho menos decidida. Pero el acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresarios es un significativo paso adelante, que afecta a un tema tan nodular como los salarios. Y que crea mejores condiciones para continuar la lucha.