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Como en Asturias, en Castilla y León hay -había- cuencas mineras concentradas en el norte de León, la zona de La Robla, El Bierzo y el norte de Palencia. Hoy en día no hay ni minas en producción ni mineros trabajando. La principal y más alarmante consecuencia es el inmenso despoblamiento. Pero si hay voluntad política, hay solución: regenerar un nuevo tejido productivo, basado en industrias alternativas creadoras de empleo, y repoblar las comarcas mineras y las zonas rurales.
Hay que recordar que, en 1990, en España había 45.000 mineros en la industria del carbón (de ellos, 13.000 en la provincia de León), aunque en 2010 solo quedaban 8.000. En la provincia de León existían 132 minas. En 2016, en Castilla y León, el número de mineros trabajando se había reducido a 828 (799 en la provincia leonesa y 29 en la palentina); en 2017 sobrevivían en activo unos 300 mineros; y al iniciarse 2019 la cifra es 0. Ha sido un proceso por etapas y dilatado en el tiempo.
Aunque el daño ha sido grande en toda Castilla y León, es en las provincias de León y Palencia donde la virulencia e intensidad destructiva por el cierre de las minas más ha golpeado a los municipios mineros. Son 31 en total: 24 en León (11 en la comarca de El Bierzo, 4 en la comarca de Laciana, 8 en la comarca Norte-La Robla y 1 en Brañuelas) y 7 en el norte de Palencia.
El cierre progresivo de las minas ha generado un paro creciente. Así, en las 24 localidades mineras de León hay ya 4.505 parados en edad de trabajar, es decir, 879 personas más que en 2008, lo que supone un aumento del paro del 24,24%. En algunas poblaciones el paro ha aumentado por encima del 100%, por ejemplo, en Valdesamario (un 200%), Vegacervera (un 140%) e Igüeña (un 115%). Sin posibilidades de empleo alternativo y digno, la fatal consecuencia ha sido una grave despoblación.
Se trata de un despoblamiento agudizado en estas zonas porque se añade al ya existente y creciente de las zonas rurales.En los últimos diez años, el cierre de las minas ha supuesto una disminución del 15,13% de los habitantes. Han abandonado los pueblos mineros 9.532 personas. En 2007 había 62.988 habitantes y, en 2017, solo eran 53.456. En algunos municipios las cifras son gravísimas: Torre del Bierzo, Igüeña, Cabrillanes y Sabero han perdido más de un 20% de su población, y en Villablino viven 2.018 personas menos que en 2007. En el último año 1.253 habitantes han abandonado las cuencas leonesas.
Los fondos desviados
Durante todo este largo proceso de cierre de la minería, al igual que en Asturias, los Fondos Mineros no han servido a su objetivo, que era la reindustrialización de las comarcas mineras y la generación de empleo alternativo. Los fondos se han usado, por un lado, para garantizar las rentas pasivas (es decir, la subvención del cierre de pozos y las prejubilaciones incentivadas impuestas desde Bruselas) y, por otro lado, se han utilizado políticamente. Los fondos no han contribuido a transformar de verdad las estructuras económicas de las zonas afectadas y generar nuevas industrias alternativas, con empleo de calidad y estabilidad a largo plazo.
Los fondos han sido utilizados por la administración central, autonómica y local para sustituir sus propios presupuestos, dedicándolos a inversiones que dichas administraciones debieran haber atendido con sus propios recursos. En algunos casos se han dedicado a infraestructuras de comunicaciones, depuradoras, parques y polideportivos; en otros, simplemente al parcheo de aceras y carreteras, e incluso para establecimientos turísticos. Pero no se han empleado para su objetivo, que era la reindustrialización alternativa. Este desvío de los fondos ha tenido consecuencias devastadoras: el paro y la despoblación.
Si hay voluntad política, hay solución
La única solución es la reindustrialización, la regeneración de un tejido productivo basado en industrias alternativas para crear empleo y repoblar las comarcas mineras y las zonas rurales. Existe una amplia exigencia social, sindical y política para que se pongan en marcha, en Castilla y León, planes de desarrollo de infraestructuras, de financiación de proyectos empresariales generadores de empleo y de fomento de actividades de formación profesional para los trabajadores. Los sindicatos hacen hincapié en la necesidad de que las administraciones públicas garanticen la financiación de los planes de reindustrialización.
Hay recursos de sobra. Se deben financiar los planes a partir de la recuperación del dinero entregado a bancos y cajas, que operan en Castilla y León, como parte correspondiente de los planes de rescate de la banca por el Estado. Se debe hacer una reforma fiscal autonómica para que los monopolios, por ejemplo, los eléctricos, contribuyan a la reindustrialización, el repoblamiento y la vuelta de los jóvenes. Es una cuestión de voluntad política.
Y se debe defender un desarrollo autónomo, nacional. No se puede depender de las empresas de capital extranjero que, en cualquier momento, pueden cerrar las fábricas que han abierto. Así ha sucedido en León con la empresa danesa Vestas Wind Systems, que fabrica y vende aerogeneradores, cuando el pasado septiembre echó el cierre a la planta de fabricación de componentes para palas eólicas abierta en Villadangos del Páramo (León), enviando al paro a unos 400 trabajadores. Lo hizo con la excusa de la caída de márgenes de beneficio, a pesar de que obtenía un beneficio neto anual de 683 millones de euros.
La solución debe tener en cuenta dos características determinantes de Castilla y León. La primera de ellas es su capacidad industrial. Por lo tanto, habría que llevar adelante la regeneración económica de las zonas mineras, con planes propios de reindustrialización y desarrollo de nuevas actividades económicas en función de las potencialidades de esas zonas, vinculando los planes de formación y cualificación de los trabajadores a esas nuevas actividades.
Otra característica es su capacidad agraria y ganadera. El 80% de Castilla y León es rural. Hay que desarrollar también y simultáneamente el mundo rural, con un plan específico y financiación, a fin de promover el crecimiento económico y la repoblación rural. Por ello, cualquier plan comarcal debería plantearse en el marco de un plan general de desarrollo económico de Castilla y León, que también promoviera la diversificación de la actividad productiva ligada a la creación de actividades económicas en el ámbito rural, como el aprovechamiento agrario, forestal y ganadero sostenible, e incluyera la formación de cooperativas en todos los sectores.
En cuanto a la diversificación de la actividad económica, desde diferentes sectores sociales, sindicales y económicos se propone la creación de empresas transformadoras de los productos agrarios, como la fabricación de envases y de conservas. Y, por supuesto, potenciar la industria del sector de las energías renovables, que permitiría, por ejemplo, la producción de paneles solares y aerogeneradores al servicio de un sistema energético español menos dependiente del exterior.