El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, debe explicaciones urgentes sobre actuaciones de policías que parecen claramente irregulares. La grabación del encuentro de dos comisarios con Ignacio González en un lugar público, cuando éste era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha permanecido en la sombra más de tres años hasta su difusión (parcial) en medio de una batalla interna del PP. El ministro tiene que aclarar para quién trabajan esos policías, a quién representan y a quién reportan, puesto que parecen actuar al margen de los órganos regulares del Estado de derecho.
Hoy desvela EL PAÍS que el comisario José Manuel Villarejo, uno de los policías vinculados con casos políticos —entre ellos el que afecta a Ignacio González—, participa en una docena de empresas con más de 16 millones de capital. Su nombre aparece vinculado a varios sumarios judiciales, en unos casos como investigador de la policía y en otros como contratado por un particular para realizar trabajos de diversa índole. Personas a las que la sociedad dota del poder de usar placa y pistola no pueden hacer lo que les viene en gana, investigando a quien les parece y en medio de una inquietante confusión entre actividad pública y privada.
Lo más asombroso es que la cascada de irregularidades no ha causado más reacción del ministro que la de quitarse de en medio, alegando que el encuentro de Ignacio González con Villarejo y otro comisario se llevó a cabo antes de que él llegara al Gobierno. Siendo verdad, no lo es menos que han transcurrido más de tres años sin que a Fernández Díaz se le haya movido un músculo. El ministerio tampoco tiene nada que decir sobre las empresas de Villarejo, un comisario que se autocalifica de “agente encubierto”. No menos silente se muestra el propio director de la policía, Ignacio Cosidó, quien, como diputado en la oposición, clamaba contra el descontrol policial y el uso de las fuerzas de seguridad en el caso Faisán.
Tampoco es ocioso recordar que Jorge Fernández estaba a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado cuando se realizaron y difundieron informes sin firma sobre prácticas corruptas y cuentas en Suiza atribuidas a Artur Mas y otros políticos nacionalistas. Todo ello claramente destinado a debilitar a Mas tras consumar su giro independentista.
La policía no puede ser utilizada para operaciones sucias, ni en el PP de Madrid ni contra el independentismo catalán. El ministro tiene la obligación de aclarar todo lo que pueda manchar la buena imagen de las fuerzas de seguridad ante los ciudadanos. Y si es él quien ha organizado o permitido una policía política, el ministro debe hacerse responsable de las actuaciones de sus subordinados y asumir las consecuencias.
Jorge Fernández Díaz ha tratado de forzar la máquina para obtener la ampliación legal de una serie de poderes policiales, entre ellos la capacidad de practicar escuchas telefónicas sin permiso judicial. El caso Villarejo y otros escándalos, a los que el Gobierno tarda en reaccionar, destruyen su credibilidad para pedir a la sociedad y a sus representantes que den cobertura a semejante pretensión.
La existencia de grupos en la sombra dentro de las fuerzas policiales es motivo de escándalo en otras democracias. La diferencia sustancial es la respuesta de las instituciones. En un Estado europeo serio se persigue y depura a los policías que actúan por su cuenta o derivan en partidas de la porra. Lo que no puede nunca hacer una democracia es vivir bajo la sospecha de que sus fuerzas policiales actúan fuera de control.