Bajo la solemnidad de un Consejo de Ministros extraordinario, el gobierno ha presentado un nuevo paquete de medidas -que prorrogan y amplían las ya tomadas en abril- dirigido a contener los efectos de una inflación ya desbocada.
Pedro Sánchez ha anunciado este segundo “plan de choque” hablando en nombre de “un gobierno que protege a las clases medidas trabajadoras, un gobierno incómodo para los poderes económicos”, y afirmando que su objetivo es imponer “un reparto justo de los costes de la guerra”.
¿Recupera el gobierno de coalición su “discurso más de izquierdas”? ¿Puede el nuevo plan del gobierno contener las dramáticas consecuencias, especialmente para las clases populares, de la subida de precios? ¿Qué debemos apoyar de las medidas presentadas por el gobierno, y en qué expresan la renuncia a impulsar una auténtica política de redistribución de la riqueza?
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Un momento decisivo
Algunas voces explican el nuevo paquete de medidas del gobierno únicamente como una forma de retomar la iniciativa política tras los más que negativos resultados cosechados en las elecciones andaluzas. Esta es una visión estrecha, que no parte de la gravedad de la situación que enfrentamos.
El primer plan “anti inflación” del gobierno, aprobado en abril, caducaba el 30 de junio. Era obligatorio ampliar su vigencia. Y era imprescindible tomar nuevas medidas. Todos los gobiernos europeos, independientemente de su color, lo están haciendo, ante un escenario cada vez más difícil.
La guerra en Ucrania va a prolongarse, amenazando la paz y la estabilidad, y amplificando los efectos que ya está teniendo sobre las economías de todos los países europeos.
Y la inflación no será un fenómeno coyuntural, sino que se prolongará al menos durante todo el año en niveles máximos, por encima del 7%, manteniendo una escalada de precios que lejos de remitir se está acelerando.
Nadie puede negar la urgente necesidad de un plan de choque contra los efectos de la inflación. Nos estamos jugando es si se impone un nuevo recorte de salarios y condiciones de vida a la mayoría.
Un escenario donde cada vez más organismos y analistas anticipan que conducirá a una recesión, una nueva crisis en Europa.
Una situación que golpea especialmente a nuestro país. Sufrimos con especial intensidad el atraco monopolista que se esconde detrás de la subida de la inflación. Si soportamos una inflación superior a la media de la UE es porque eléctricas y petroleras imponen un precio de la energía más elevado. Mientras los bancos y monopolios del Ibex-35 han repartido en el primer trimestre a sus grandes accionistas -principalmente grandes fondos extranjeros- dividendos que casi duplican los del año anterior, y anuncian para 2022 beneficios récord que superarán los 50.000 millones de euros, España es el segundo país europeo -solo nos supera Grecia- donde las clases populares han perdido más poder adquisitivo gracias al bocado de la inflación.
Y tanto la Comisión Europea como el BCE anuncian que España deberá acometer en 2023 -el año próximo- un “ajuste del gasto público”, palabras que siempre significan… nuevos recortes.
Nadie puede negar la urgente necesidad de un plan de choque contra los efectos de la inflación. Lo que nos estamos jugando es si, para proteger los beneficios del capital extranjero y oligárquico, se impone un nuevo recorte de salarios y condiciones de vida a la mayoría.
Las medidas que propone el gobierno
El decreto aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario supone una inyección de 9.000 millones de euros que, sumados a las medidas ya aprobadas en abril, supondría una inversión total de 15.000 millones durante este año para atajar los efectos de la inflación.
Prorroga hasta final de año las medidas que contenía el primer paquete de medidas aprobado en abril:
- Bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, en un 75% sufragado por el Estado.
- Topar el precio del gas.
- Limitar a un máximo del 2% la subida de los alquileres.
- Ampliación del bono social eléctrico para familias vulnerables, y una subida del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital.
- Reducción de impuestos sobre la electricidad.
Y se aprueban otras, no contempladas en el primer paquete de medidas, que también estarán vigentes hasta final de año:
- Una ayuda directa de 200 euros para hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales. Se abonará en un único pago, y no será compatible con otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital. Puede llegar a beneficiar a 2,7 millones de familias.
- Un aumento del 15% de las pensiones no contributivas -las más bajas-. Hablamos de una subida de en torno a 60 euros, y de la que se beneficiarían unas 800.000 familias.
- Una reducción del 50% del coste de los abonos transporte de Renfe y línea de autobuses que operan bajo concesión estatal. A la que se sumaría una rebaja del 30% en los abonos de los servicios de transporte autonómicos o municipales.
- Una rebaja del IVA para la electricidad del 10% al 5%.
- La congelación del precio de la bombona de butano en 19,55 euros hasta final de año.
- Un nuevo impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de eléctricas, petroleras y gasistas. Su cuantía, y la forma bajo la que se aplicará, no está todavía decidida. Entrará en vigor el 1 de enero de 2023, pero se aplicará retroactivamente a los beneficios de las empresas energéticas durante 2022.
¿Es este el “plan de choque” que las clases populares y el conjunto del país necesitamos para enfrentar la grave situación actual?
No.
¿Va a poder revertir el empobrecimiento de las clases populares y el aumento de la desigualdad que está ya provocando la desbocada subida de la inflación?
No.
La gran mayoría de las medidas propuestas son ayudas sociales que benefician a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, y que debemos respaldar. Apoyamos que se conceda un cheque de 200 euros a las familias con menos ingresos, que se aumenten un 15% las pensiones más bajas o la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, que se rebaje el precio del abono transporte…
Apoyamos todas las medidas impulsadas por el actual gobierno que benefician a la población. Ningún “escudo social” va a poder proteger a las clases populares del atraco monopolista que supone la inflación. Lo que necesitamos es que se redistribuya la riqueza
Pero esta no es una política de redistribución de la riqueza. Sigue la línea de “proteger a los más débiles a través de un escudo social”, consistente en ayudas, más o menos generosas, sufragadas por el Estado, a través de ayudas directas o de rebajas de impuestos. Puede contener el daño, suavizar los efectos de la subida de precios en algunos sectores, pero no impedir que siga aumentando el empobrecimiento general de la población y las desigualdades.
La única de las nuevas medidas que sí recorta, aunque sea parcialmente, los beneficios de grandes bancos y monopolios -un nuevo impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas- es la única que no se ha concretado, y cuya ejecución se pospone varios meses, hasta enero de 2023.
De conjunto, las medidas propuestas por el gobierno no cumplen la promesa expresada por Pedro Sánchez de un “reparto justo de los costes de la guerra”. Porque no recortan los ingentes beneficios de bancos, eléctricas, petroleras, etc… que en España son si cabe más “extraordinarios” que en otros países. Y por ello, a pesar de las ayudas sociales contempladas, el resultado inevitable es que el coste de esta crisis vuelva a cargarse sobre la mayoría de la población.
Lo que no se le permite a España
Antes de que el estallido de la crisis con epicentro en Wall Street sacudiera España en 2010, los gobiernos de Zapatero concentraban toda la atención de la mayoría progresista en la ampliación de derechos -la ley del matrimonio homosexual- o ayudas sociales -el llamado “cheque bebé”… utilizándolo como pantalla para ocultar una política que estaba permitiendo multiplicar a un ritmo récord las ganancias de los principales nódulos oligárquicos, encabezados por el Banco de Santander.
Sabemos cuales fueron sus consecuencias, para el país y para la población. Se conquistaron avances sociales que todos los progresistas celebramos. Pero, bajo el paraguas del crecimiento económico, se multiplicó el trasvase de riqueza desde los bolsillos del 90% de la población a las cuentas de resultados de bancos, monopolios y capital extranjero. Y cuando desde Washington se exigió hacer pagar a la población los costes de la crisis, Zapatero ejecutó sumisamente un draconiano paquete de recortes.
¿Qué tiene esto que ver con la situación actual?
Pedro Sánchez, y también Unidas Podemos, ofrecen una política basada en avances sociales (la ley del “solo sí es sí”, la ley trans…), que la mayoría progresista apoyamos cerradamente, frente a una ultraderecha que, en España y en EEUU, amenaza con recortar derechos. Y en un “escudo social” basado en ayudas directas, frente a “los recortes y la austeridad aplicado en la crisis anterior”.
Pero, al mismo tiempo, bajo el actual gobierno de coalición de izquierdas, los beneficios de bancos, monopolios y capital extranjero no solo no se han recortado, sino que se han incrementado a pesar de la pandemia o los estragos de la inflación.
Es especialmente significativo que en España no se permitan, en política económica, medidas que sí se están aprobando en otros países.
En España la sola mención de un impuesto a los beneficios extraordinarios de eléctricas, petroleras y gasistas ha provocado una tormenta política. Pero esta medida ya la aplican gobiernos nada sospechosos de “izquierdismo”. El italiano, encabezado por el banquero Mario Draghi, ha aprobado un impuesto para gravar con el 25% los beneficios extra de las eléctricas gracias a la subida del precio de la luz, para financiar un paquete de ayudas. Y un gobierno como el de Boris Johnson, en Reino Unido, ha aprobado un impuesto extraordinario, también del 25%, a los beneficios, disparados, de petroleras y gasistas, con el que pretende recaudar 6.300 millones de dólares.
Es especialmente significativo que en España no se permitan, en política económica, medidas que sí se están aprobando en otros países.
¿Por qué lo que sí se está aplicando en Italia o Reino Unido, no se puede ejecutar en España?
Apoyamos todas las medidas impulsadas por el actual gobierno que benefician a la población, aunque sea de forma limitada y parcial. Defendemos una política de apoyo y exigencia hacia el gobierno de coalición de izquierdas.
Pero ningún “escudo social” va a poder proteger a las clases populares del atraco monopolista que supone la inflación. Solo podrá hacerlo una auténtica política de redistribución de la riqueza, que impida a eléctricas y petroleras imponernos un precio de la energía artificialmente alto, blinde las pensiones en la Constitución, frente a los intentos por recortarlas afirmando que “no será posible actualizarlas en función del IPC”, y grave con una reforma fiscal progresiva los escandalosos beneficios, en plena crisis, de bancos, monopolios y capital extranjero.