El último debate sobre el estado de la nación antes de iniciar el apretado calendario de procesos electorales consistió en una reafirmación de las posiciones de cada cual. No hubo ninguna propuesta de pactos importante en el hemiciclo; ni siquiera un acuerdo de fondo para dialogar sobre temas de Estado como la cuestión de Cataluña o el tratamiento de la inmigración. Lo que hubo ayer fue un presidente del Gobierno que da por terminada la crisis económica y una oposición que lo duda ampliamente.
Respaldado por los datos que apuntan el comienzo de la recuperación, Mariano Rajoy trazó un balance complaciente de las políticas de su Gobierno y resaltó los “sacrificios hechos por los españoles” como la base para la mejora en un futuro cercano. El esfuerzo, orientado a movilizar a los votantes dudosos o perdidos, incluyó guiños a los bolsillos exhaustos, desde una rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social (para favorecer la contratación indefinida) hasta una reforma fiscal de la que apenas dio detalles, aunque sí anticipó el número de personas a las que producirá rendimientos: 12 millones de contribuyentes al IRPF, aseguró, y el plazo en que eso ocurrirá: “a partir de 2015” (el año en el que se concentrarán las elecciones locales, las autonómicas y las generales).
Como cabía esperar, el líder de la oposición cuestionó la recuperación económica proclamada por Rajoy y le reprochó haber elegido las opciones que más daño hacen a los trabajadores y a los sectores sociales más débiles. En ese contexto encontró un argumento de cierta efectividad ideológica: Rajoy ha ejecutado, con el pretexto de la crisis, el programa que la derecha siempre ha querido para España. Rubalcaba y Cayo Lara pidieron la retirada de la discutida reforma de la ley del aborto, y el jefe del Ejecutivo contestó que la mantiene; el líder socialista equiparó la reforma de la ley de seguridad ciudadana a un retroceso de las libertades, intención que Rajoy negó.
El presidente dedicó sus palabras más solemnes a reiterar que no habrá referéndum unilateral en Cataluña y a defender el valor de la unidad nacional. Única novedad: dejó la puerta abierta a la posibilidad de un cambio de la Constitución —“se puede reformar”, dijo—, lo cual matiza su anterior tono escéptico al respecto. Rubalcaba insistió en que no se puede contestar siempre que no ni negarse al diálogo. Pero quien más porfió en la necesidad de hablar sobre Cataluña fue el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, en el papel de defensor de un acuerdo que “debería consultarse a la ciudadanía de Cataluña”. Rajoy no fue más allá de recordar su preocupación por las personas que viven en Cataluña —aludiendo a problemas concretos, principalmente económicos— y a la consabida primacía de la Constitución y de la ley.
El rifirrafe incluyó un problema aparentemente menor, pero importante desde el punto de vista constitucional, que es el grado de proporcionalidad de las leyes electorales. Fue a propósito de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, calificada de “auténtica cacicada” por Rubalcaba porque reduce el tamaño de su Parlamento para convertir el sistema proporcional en mayoritario, atribuyéndolo a un intento de favorecer la reelección de María Dolores de Cospedal. Rajoy tampoco contestó a esta acusación.
Por lo demás, mucho agravio mutuo, incluida la intensa tarea de hemeroteca a la que se entregaron Rajoy y Rubalcaba para tirarse titulares a la cabeza, y un intercambio de acusaciones sobre quién es más mentiroso de ambos. Todo muy preelectoral, muy de enfatizar lo que les diferencia; todo de utilidad relativa para una ciudadanía cada vez más escéptica con la política.