Ante sus nuevos intentos de Puigdemont y Torra por dividirnos y enfrentarnos, debemos responder, especialmente desde la izquierda y el pueblo trabajador, con una más cerrada defensa de la unidad.
El próximo 21 de diciembre, el Consejo de Ministros, con el gobierno español en pleno, se celebrará en Barcelona. Por supuestos motivos de “seguridad”, la Generalitat propuso que se celebrara en el Palacete Albéniz, en la montaña de Montjuic. Pero el gobierno de Pedro Sánchez ha escogido la Llotja del Mar, ubicada en pleno centro de Barcelona, a 700 metros del Palau de la Generalitat y a 900 metros del Parlament catalán.
Era una decisión política. Tras reunirse en Sevilla, el Consejo de Ministros visitará Barcelona, otra de las grandes ciudades españolas. Y se presentará, no en las afueras de la ciudad, como pretendía Torra, sino en pleno corazón de la capital catalana.
Las formas cuentan, y mucho, en política. Y el gobierno de Pedro Sánchez lo acaba de poner en práctica.
Asistimos a una ofensiva por parte de los Puigdemont-Torra, utilizando como munición la apertura del juicio contra los políticos independentistas presos. El “presidente vicario”, Quim Torra, apelaba a la “vía eslovena”, punto de partida del sangriento desguace de la ex Yugoslavia. Mientras el govern catalán obligaba a los mossos, la policía autonómica, a permanecer impasibles mientras un pequeño grupo de CDR bloqueaba con impunidad durante 15 horas la autopista A-7.
Conviene colocar esta ofensiva en su contexto. Ya no asistimos a grandes manifestaciones independentistas. Sino a la actuación de pequeños grupos radicalizados. Más aparatoso en las formas, pero más débil en el fondo.
A pesar de ello, no conviene bajar la guardia. Los Puigdemont y Torra siguen controlando todo el poder autonómico, y eso, aún con el retroceso sufrido, les confiere la capacidad de hacer daño.
La respuesta del gobierno de Pedro Sánchez no se ha limitado a mantener la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. El presidente del gobierno español fue muy claro en el Congreso, enfrentando “el relato independentista de mentiras y agravios”, y declarando que “no aceptaré una nueva vulneración de la Constitución en Cataluña”.
No solo se han lanzado palabras, también hechos. Tres ministros -la vicepresidenta, Carmen Calvo, el titular de Interior, Grande-Marlaska, y el de Fomento, José Luis Ábalos- enviaron tres cartas a sus homólogos catalanes advirtiendo que se tomarán medidas si vuelve a producirse una “dejación de funciones” donde desde el govern se aliente y permita la actuación de los CDR.
Planteándose utilizar la Ley de Seguridad Nacional, que permite al gobierno español tomar el control de los mossos. O señalando, como hizo la responsable del comité electoral del PSOE, Esther Peña, que si Torra traspasa líneas rojas” al gobierno no le temblará la mano si hay que aplicar el 155”.
El gobierno de Pedro Sánchez no solo ofrece una reforma del Estatut que pueda ampliar las competencias en Cataluña. En el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona se aprobará, vía decreto, la subida del salario mínimo a 900 euros. Se hace desde Cataluña, y con ello el gobierno español se une a los muchos catalanes que vuelven a protagonizar movilizaciones contra los recortes, desde médicos a funcionarios, desde la educación a bomberos o mossos…
Puigdemont y Torra representan lo más reaccionario, lo más contrario a los intereses populares. No hay más que recordar la repugnante reacción de Eduard Pujol, portavoz parlamentario de JuntsxCatalunya, calificando de “migajas” a las que no debe dedicarse atención la subida de las listas de espera en Cataluña.
Ante sus nuevos intentos por dividirnos y enfrentarnos, debemos responder, especialmente desde la izquierda y el pueblo trabajador, con una más cerrada defensa de la unidad.