Otra vez Perú se levanta contra el gobierno de Dina Boluarte, la «presidenta golpista» -asumió el poder tras el golpe blando que depuso al izquierdista Pedro Castillo en diciembre de 2022- que prometió dirigir una «rápida transición con el objetivo de estabilizar el país y convocar elecciones anticipadas, y que casi tres años después no sólo no ha convocado comicios, sino que ha extendido su mandato a 2026.
Miles y miles de peruanos -especialmente jóvenes y estudiantes, pero también sindicatos y organizaciones obreras y campesinas, así como colectivos sociales y políticos de izquierdas- han protagonizado fuertes protestas contra las políticas represivas, antipopulares y entreguistas de Boluarte -como la reforma de pensiones recién aprobada-, además del rechazo a la creciente criminalidad.
El malestar estalla en Perú. Miles de estudiantes, colectivos sociales y organizaciones populares se manifestaron el 20 y 21 de septiembre, abarrotando la Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, para expresar su rechazo a Dina Boluarte y al sistema que representa.
Las movilizaciones, convocadas por redes sociales por la juventud con el lema “El pueblo se levanta: día del despertar peruano», exigen cambios estructurales en el modelo de gobernanza y denunciaron lo que consideran una crisis institucional y de representación.
Además de la creciente percepción de inseguridad y criminalidad en el país, los manifestantes protestan contra la ilegitimidad política de Dina Boluarte, que además de mantener vínculos con la ultraderechista Keiko Fujimori -hija del sangriento dictador Alberto Fujimori, que a las órdenes de Washington desató en los años 90 uno de los periodos más corruptos y represivos de la historia reciente del país- se aferra al poder sin haber ganado nunca unas elecciones. Las protestas demandan reformas profundas, mayor transparencia en la gestión pública y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía, en un contexto marcado por el descontento social y la desconfianza hacia las instituciones.
Las protestas también exigen dar marcha atrás a las reformas al sistema de pensiones que fue aprobado por el Congreso de la República a instancias de Boluarte. Entre sus puntos más criticados se encuentran la extensión de la edad para la jubilación anticipada —de 50 a 55 años— y la prohibición del retiro parcial de los fondos acumulados.
A las iniciales movilizaciones de la juventud no han tardado en unirse otros sectores sociales -transportistas, comerciantes, profesores, personal de salud, y diversos colectivos- en nutridas protestas que han sido reprimidas duramente por los antidisturbios. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó 85 casos de agresión cometidos por la Policía durante las últimas manifestaciones, incluyendo a 20 personas heridas por el impacto de proyectiles y bombas lacrimógenas, además de 11 detenciones arbitrarias.