En tiempos de bonanza económica, se reparten beneficios. En tiempos de crisis económica, en cambio, la pugna es por el reparto de las pérdidas. Ante el enorme coste que va a tener la reconstrucción económica tras el parón productivo producido por la pandemia, la cuestión de fondo es ¿quién va a correr con los gastos? ¿quién va a pagar la nueva crisis?
Desde los centros de opinión ya nos llegan dos respuestas.
Una: que obligatoriamente se tiene que hacer cargo el Estado, el único que tiene recursos y fondos suficientes.
Dos: que España no tiene capacidad para afrontar por sí sola esta crisis, y que todo se decide en Europa. Que todo depende de que haya un «Plan Marshall» europeo, de que nos llegue dinero y financiación desde la UE, ante nuestra incapacidad para encarar semejante catástrofe por nosotros mismos.
Estas dos ideas no son neutrales. Tienen un interés.
De repente, hasta los más acérrimos partidarios del liberalismo económico -que el Estado intervenga lo mínimo posible en la economía, y que las empresas hagan y deshagan sin trabas ni interferencias- se han vuelto “keynesianos”. Apostando -como el economista John Maynard Keynes predicó en la gran crisis del 29- por una intervención a gran escala del Estado en la economía como única forma de salir del marasmo.
¿Los beatos poniéndole una vela al diablo? Hay que preguntarse quién lo dice, cuándo lo dice, y para qué lo dice.
Cuando hasta las voces más ultraliberales exigen que «el Estado se haga cargo»… es porque buscan que no se toque ni un euro de los activos, de los beneficios, de las ganancias ni depósitos de grandes bancos, monopolios y capital extranjero.
Bancos, monopolios y multinacionales; oligarquía y capital extranjero: ellos llevan ya cinco años -al menos desde 2015- en la “recuperación económica”, volviendo a tener tasas de ganancia comparables a los años anteriores a la crisis. La inmensa mayoría de las clases populares, en cambio, aún estamos padeciendo las terribles consecuencias de la crisis de 2008.
Los seis grandes bancos españoles del Ibex35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Bankinter y Sabadell) han ganado 63.537 millones de euros en el periodo de recuperación económica.
Y sin embargo, se prepara el terreno -lanzando ya climas de opinión- para que esta nueva crisis la paguemos “los mismos de siempre”. Y que ellos, banqueros, monopolistas y capital extranjero, no solo no corran con las pérdidas, sino que salgan de ella aún más fortalecidos.
Las clases dominantes saben que hay que hacer frente a esta crisis sanitaria, económica y social. No actuar, o no atender a las necesidades inmediatas de la población, podría significar un alto riesgo de estallido social o de colapso general de la economía.
Pero la respuesta que están perfilando se corresponde con sus intereses de clase y con su receta “clásica” ante las crisis: «socializar las pérdidas» -cargando el peso de la reconstrucción económica sobre las clases populares- y «privatizar los beneficios».
Se quiere forzar la mirada hacia «que pague el Estado» (y por tanto «que se socialicen las pérdidas») para que no nos percatemos del grado de concentración –tanto valdría decir de usurpación– de la riqueza social por parte de la gran banca. Los activos de un solo banco (el Santander) superan todo el PIB español, los de las 11 entidades financieras española lo triplican: 3,3 billones de euros.
Y eso solo los bancos. Podemos seguir con el siguiente escalafón de la oligarquía: los grandes monopolios del Ibex35. El problema es si se toca o no se toca sus enormes riquezas, sus gigantescos beneficios.
Porque centrarlo exclusivamente todo en «que se haga cargo el Estado» significa una enorme cantidad de deuda pública. Y eso -como honestamente admitió el propio Pedro Sánchez- significa hipotecar el futuro, detraer el bienestar de generaciones enteras, condenarnos a nosotros mismos, y a nuestros hijos y nietos, a tener que padecer décadas de más paro, más precariedad, más empobrecimiento, mayores recortes en sanidad, educación o pensiones.
Centrarlo exclusivamente todo en «que se haga cargo el Estado» significa una enorme cantidad de deuda pública, significa hipotecar el futuro, detraer el bienestar de generaciones enteras.
Por otra parte, poner todas las esperanzas en la «ayuda europea» significa una mayor dependencia, encadenarse aún más a la financiación exterior y al capital extranjero. Significa que nuestra política economía quedará -en mayor grado de lo que ya lo está- bajo la tutela, fiscalización y veto de los “hombres de negro” de la Comisión Europea, del FMI o del BCE. Significa multiplicar el grado de secuestro de nuestra soberanía nacional.
¿Ayuda de la UE? Hasta los más firmes defensores del papanatismo europeo han tenido que reconocer su repugnancia ante la mezquindad mostrada por gobiernos como el alemán o el holandés, que en un momento de extrema necesidad de Italia o España ante la crisis sanitaria, se han negado en redondo a aceptar nada que significara una “mutualización” de la emisión de deuda.
O la vía de la deuda pública, o la vía de la «ayuda exterior». Nos quieren convencer de que no hay más fuentes de recursos.
Estas dos ideas se basan en una mentira. Que “no hay dinero”, que “no tenemos recursos propios” para afrontar esta gravísima crisis.
Y por supuesto que hay dinero, claro que hay riqueza. La tienen -en gigantescas cantidades- bancos, monopolios y multinacionales. Pero no procede de ellos, sino de la plusvalía arrancada a la clase obrera. La riqueza es privada, pero se genera socialmente: no se puede producir, en última instancia, si no es con el concurso de toda la sociedad.
El problema es si vamos a tocar o no ese gigantesco botín. El problema es si se redistribuye la riqueza.