En medio del debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado martes una batería de medidas que -en sus palabras- «aligerar el golpe de la inflación sobre el bolsillo de las familias», y para «proteger a la clase media trabajadora y a la mayoría social de este país», a la vez que son un giño para volver a ganarse el apoyo de la mayoría social progresista, cuando se aproxima un nuevo ciclo electoral que tendrá una importante cita en las autonómicas y municipales de mayo y que culminará con las elecciones generales de noviembre.
¿Cuáles son las principales medidas anunciadas por el gobierno de coalición?
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Impuestos a la banca y a las eléctricas.
El gobierno va a crear -de forma excepcional y temporal, para los ejercicios fiscales de 2022 y 2023- sendos impuestos sobre las entidades bancarias y las grandes compañías energéticas -con intereses en el sector eléctrico, gasístico o de los combustibles- que tenga beneficios superiores a los 1.000 millones de euros anuales. Entre ambos impuestos el gobierno espera recaudar cerca de 7.000 millones
El impuesto a la banca será de dos años y se estima que recaudará en torno a 1.500 millones de euros al año según los primeros cálculos oficiales, pero aún se desconoce cómo se instrumentará. El gobierno sustenta este impuesto en las grandes ganancias del sector financiero el año pasado y en el primer trimestre de 2022. Por ejemplo el Santander ganó 8.124 millones en 2021, el beneficio más alto de la última década, y en el primer trimestre de 2022 obtuvo un beneficio atribuido de 2.543 millones de euros, un 58% superior al mismo periodo del año anterior. Y también en el hecho de que el BCE está a punto de subir los tipos de interés, algo que supone un castigo a las familias con hipoteca, pero una gran fuente de ganancias para las entidades financieras.
Por otra parte, e impuesto a las eléctricas -que ya lleva semanas anunciándose- será similar, y se limitará a este año y 2023. Se esperan obtener recaudaciones de más de 2.000 millones de euros anuales. Los monopolios energéticos entre las grandes lucrados por la brutal escalada de precios en el último año. A la cabeza figuran las petroleras, que están obteniendo beneficios extraordinariamente altos en las fases de producción de crudo y de refino. A la cabeza está Repsol, con unos beneficios en el primer trimestre del 114% respecto al mismo periodo del año anterior, y cuyos márgenes de beneficios al refinar el crudo se triplicaron entre abril y junio en comparación con los tres meses anteriores, y se multiplicaron por 15 respecto al mismo mes del año pasado.
Las eléctricas, aunque el tope al precio del gas ha supuesto una cierta merma a sus beneficios -se calcula que la «excepción ibérica» ha detraído 250 millones de euros en los beneficios de las eléctricas en unas semanas- siguen teniendo beneficios caídos del cielo. Hace pocas semanas, la junta general de accionistas de Iberdrola anunciaba unos «excelentes resultados» de 3.855 millones de euros, ratificaba sus expectativas para alcanzar, este año de «crisis energética», un nuevo récord de entre 4.000 y 4.200 millones de euros de ganancias, y aprobaba el mayor dividendo de beneficios de la historia de la empresa.
Son pasos buenos, pasos progresistas, que aplican de manera parcial y limitada una orientación redistributiva de la riqueza. Otra discusión es si se aplica de forma suficiente… o totalmente timorata. Se pone como modelo de estos impuestos a la gestión de Draghi en Italia. Pero mientras que las tasas propuestas para el gobierno Sánchez graban un 10% de los beneficios de bancos y energéticas, los impuestos de Draghi se llevan un 25% de los beneficios extra de las eléctricas.
Abonos de tren gratuitos
Otra de las medidas anunciadas por Sanchez hace referencia a la gratuidad, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, de los abonos de transporte para los viajes de los trenes de Cercanías de Renfe, Rodalies de Catalunya y Media Distancia. Ya se había aprobado a finales de junio una La subvención pública del 50% sobre los abonos de estas compañías de transporte público, pero ahora pasarán a cubrir el 100% de su cuantía. La medida es además independiente a la rebaja del 30% para los títulos multiviaje de transporte urbano y metropolitano.
El Ministerio de Trabajo calcula que esta medida va a suponer la gratuidad en lo que resta de año de unos 75 millones de viajes, aunque esperan que esta cifra sea aún mayor por el efecto llamada de usuarios hacia el transporte público. Y según el Gobierno busca un doble objetivo: aligerar el gasto para las familias, afectadas por la escalada inflacionista, y favorecer el uso del transporte público sobre el privado en un momento en el que el ahorro energético ha pasado a ser una prioridad absoluta en toda Europa.
Becas complementarias
En medio de la polémica con la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso -que ofrece cheques escolares poniendo como tope a hogares con rentas superiores a los 100.000 euros al año- el gobierno de Sánchez ha anunciado una beca complementaria de 100 euros al mes para los mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca estatal de estudios postobligatorios (FP de grado medio y superior, bachillerato y universidad).
Los beneficiarios, que no deberán rellenar formulario alguno, la podrán percibir entre septiembre y diciembre de 2022, pero el Ministerio de Educación ha anunciado su intención de alargarla hasta junio. La medida costará 100 millones mensuales y se calcula que beneficiará a medio millón de alumnos.
Otras medidas
Además de las ya mencionadas, Sánchez se ha comprometido a aprobar en lo que queda de legislatura legislaciones como la ley de protección del informante, la ley integral contra la trata y explotación de seres humanos, la ley contra la discriminación racial, la ley de secretos oficiales y la ley de regulación de los lobbies, cumpliendo así con los compromisos del programa de gobierno pactado entre PSOE y Unidas Podemos.
Asimismo, el gobierno ha anunciado la próxima aprobación de la ley de movilidad sostenible y las nuevas leyes de industria y de mecenazgo; la puesta en marcha del Programa Código Escuela 4.0 para el desarrollo de competencias digitales (programación y robótica) en Infantil, Primaria y ESO; la elaboración de una «nueva y mejorada» Política Agrícola Común (PAC) para impulsar el campo español. En cuanto a vivienda, se ha anunciado la construcción de hasta 12.000 viviendas en Madrid, de las cuales el 60% serán públicas.
Además, en el marco de la lucha contra los incendios, el gobierno se ha comprometido a elaborar un nuevo marco regulador estatal básico del personal de prevención y extinción de incendios, para ganar en eficacia en la lucha contra los fuegos.
En el plano de la eficiencia energética y la transición ecológica, se ha anunciado un plan de 200 millones para impulsar el autoconsumo eléctrico en edificios públicos.
Y se ha anunciado una cuantiosa inversión para que Canarias y Baleares sean territorios plenamente descarbonizados, y la aprobación de dos planes estratégicos para el desarrollo económico de Ceuta y Melilla.
¿Es suficiente?
En medio de una inflación galopante, que esconde un feroz atraco monopolista sobre el conjunto de la población, el gobierno lanza una batería de medidas para aliviar el peso de la crisis sobre las espaldas de las clases populares. Son medidas positivas… pero ¿son suficientes, dada la magnitud del saqueo sobre el 90%? ¿O son, aunque bien encaminadas, meras medidas paliativas?
¿Son estas -por su orientación y su volumen- las políticas de redistribución de la riqueza capaces de cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de bancos, monopolios y capital extranjero, haciendo que paguen de verdad sobre la base de sus obscenos beneficios? ¿Van a poder recaudar los recursos necesarios para poder crear riqueza y empleo, para poder atender a las necesidades populares en un momento donde las condiciones de vida y de trabajo están siendo duramente atacados?