Después de Fukushima la vida de las centrales nucleares españolas, especialmente la de Garoña, está en el punto de mira. Tras la tragedia que puso encima de la mesa la cara más descarnada de la gestión de la energía nuclear, se ha convertido en una exigencia inapelable el cierre de las centrales nucleares. Solo un porcentaje de seguridad del 200% podría justificar su permanencia en el tiempo
Con el accidente de Jaón el sector perdió la esperanza de alargar la vida de la nuclear más allá de 2013. Recientemente la Audiencia Nacional ha dictaminado contra la central y pese al informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).. Esta sentencia, en la que estaban en juego 1.400 millones, ha sentado el precedente del cierre de una central nuclear en España a través de los tribunales. A partir de ahora cualquier central puede ser cerrada aunque existan informes favorables del CSN. Resumiendo, el Gobierno tiene libertad para poder actuar en lo que se refiere a la vida de las centrales nucleares, pues existen condicionantes políticos y sociales que pesan más que los informes del máximo organismo nuclear del país. Pese a que todavía les queda el recurso, ni Endesa ni Iberdrola tienen derecho a indemnización por el cierre. En este caso se ha considerado el argumento de la necesidad de promocionar las energías renovables y la dificultad que comporta la energía nuclear en cuanto a su regulación, es decir, en ocasiones las centrales han de desconectarse porque sobra electricidad. Hay un antes y un después de Fukushima. Los tribunales entienden que un Gobierno debe tener capacidad de decisión respecto a la energía atómica pues “es muy controvertida, generadora de un gran debate popular" y "debido a los riesgos inherentes de tal clase de energía puede intervenir una determinada dirección u orientación de la política del Gobierno", o como esgrimió la abogada del Estado “si quien se va a hacer cargo de los residuos es el Estado, este debe poder decidir sobre la generación nuclear”. Garoña, conectada en 1971, es la central más antigua de España. Con una potencia de 466 megavatios, es además la más pequeña. De un lado del pleito han estado la nuclear, la Junta de Castilla y León, UGT, los trabajadores, los municipios nucleares y los accionistas pleitearon para mantener la central hasta al menos 2019. Y del otro Ecologistas en Acción, Greenpeace y la CGT. Las eléctricas reclamaron funcionar 20 años más o, en caso contrario, recibir casi 1.400 millones de euros de indemnización: 951 por el lucro cesante y el resto por el inmovilizado de la central. El caso ha tenido un interés especial porque el perito que calculó el lucro cesante para Nuclenor fue Fabrizio Hernández, fichado en enero pasado por Miguel Sebastián como secretario de Estado de Energía. Así, la Audiencia vio cómo la abogada del Estado se dedicó a desmontar el informe del que ya era número dos del ministerio. Según la letrada que defendía a Industria, el informe de Hernández (firmado junto a otro experto) no era "ni realista ni fiable ni verosímil". Hernández consideraba en su peritaje que había un 95% de probabilidades de que Garoña siguiese abierta hasta 2029, aunque esta semana admitió que podría cerrar incluso antes de 2013 si no supera las pruebas de resistencia. Carlos Bravo y Francisco Castejón, de Greenpeace y Ecologistas en Acción respectivamente, entrevistados por esta casa en varias ocasiones, han manifestado su satisfacción. "Es una sentencia muy importante porque deja claro el derecho del Gobierno a cerrar una nuclear sin indemnización". "Si hay voluntad política, el Gobierno puede cerrar cualquier central". La próxima nuclear en cumplir 40 años es Almaraz, en 2021, pero antes hay una serie de plantas que deben renovar su permiso. Lo que se hace evidente ante el conflicto de intereses entre las opiniones, del presente o del pasado, de los miembros del Ministerio, es que el empeño puesto por el Gobierno en ese caso se debe más a la estrategia de parar la hemorragia de votos que a la firme voluntad de sustituir la energía nuclear en España tal y como la conocemos.