Los sindicatos CCOO y UGT están poniendo encima de la mesa la necesidad de aumentar el SMI a 1.000 euros, pero la patronal pone el grito en el cielo, argumentando la barbaridad de plantear algo así «en tiempos de crisis». Pero la realidad es que una mayoría de países europeos están subiendo o van a subir el salario mínimo en plena pandemia. Estas subidas las están llevando a cabo gobiernos conservadores o neoliberales, hasta hace poco adscritos a los dogmas de la «austeridad», como Alemania u Holanda. Entonces, ¿por qué ellos sí… y nosotros no?
Fruto de la lucha de la mayoría social progresista, que logró desbancar al PP y llevar a la Moncloa a un gobierno de coalición con un notable grado de influencia del viento popular, en España el salario mínimo ha experimentado importantes subidas en los dos últimos años. En 2019 se incrementó en más de un 22%, pasando de 735,9 euros brutos mensuales en 14 pagas a 900 euros; a esta subida le siguió un nuevo incremento a principios de este año, cuando el Gobierno de coalición llevó esta cuantía hasta los 950 euro (una subida del 5,5%).
Pero no es lo mismo estar mejor que estar bien. La precariedad y la temporalidad siguen siendo la norma en el mercado laboral de nuestro país. Y amplias capas de los trabajadores han caído en una categoría que hasta hace no muchos años no existía: la pobreza laboral. Es la situación de aquellos trabajadores que, a pesar de tener un empleo, tienen condiciones salariales y sociales que les hacen estar por debajo del umbral de la pobreza.
La pobreza laboral ha aumentado un 16% en España en la última década. Un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos muestra que España ha experimentado el séptimo aumento más alto de pobreza laboral en la UE entre 2010 y 2019.
Los jóvenes, los trabajadores migrantes y los que tienen contratos temporales se encuentran entre los más afectados, de acuerdo con el estudio, aunque ha habido aumento de pobreza en todas las categorías de trabajadores, incluidos los que tienen jornada completa y contratos indefinidos.
Acabar con esta situación no solo requiere aumentar los salarios, sino deconstruir el marco de relaciones laborales que lo produce y lo impulsa: la reforma laboral. Pero qué menos que empezar por subir el SMI.
En España los sindicatos piden una subida del SMI a 1.000 euros para 2021, y la CEOE dice que se deberían congelar, o incluso recortar los sueldos.
La propia Comisión Europea -la misma que exige no tocar la reforma laboral de Rajoy- considera que el criterio debería ser fijar un SMI equivalente al 60% del salario mediano –el más habitual–. En el caso de España, sería pasar de 950 a 979 euros mensuales en 14 pagas. Tomémosle la palabra (por una vez).
Muchos países de la UE -en concreto, Alemania, Portugal, Francia, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Polonia y Malta- están siguiendo esta orientación y están apostando por ampliar el poder adquisitivo de sus trabajadores, sobre todo de los más vulnerables, a través de la subida de sus salarios mínimos.
Consideran que así fortalecen sus mercados internos y promueven el consumo, clave para la recuperación económica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué la receta que vale para Alemania, que subirá el SMI un 3%, o para Portugal, que lo aumenta un 4%, no vale para España?