La Plataforma Castor -un depósito subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón)- se ha convertido en una de las mayores estafas legales de nuestra historia reciente
La Plataforma Castor -un depósito subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón)- se ha convertido en una de las mayores estafas legales de nuestra historia reciente. Tras ser construída ignorando las advertencias de riesgo sísmico y provocar 500 seísmos entre 2012 y 2013, poniendo en peligro las vidas de los vecinos, ahora ha sido paralizada. Sin embargo, mismo Estado que impulsó su construcción y adjudicación a una filial de ACS deberá pagar a la constructora una indemnización de cerca de 1.700 millones. Sumados todos los costes de construcción, mantenimiento y futuro desmantelamiento, son más de 4.000 millones de euros para la hacienda pública, que serán cargados en la factura del gas hasta 2044. La oligarquía nunca pierde.
El depósito Castor pretendía ser un almacén subterráneo de gas para garantizar las necesidades de consumo de España durante 17 días, aprovechando una planta ya existente a 22 kilómetros frente a las costas de Vinaroz. El gobierno de Zapatero adjudicó la construcción y explotación del silo a la empresa Escal-UGS (controlada en un 66,7% por la constructora ACS de Florentino Pérez). Los municipios de Vinaroz y de la zona pidieron estudios geológicos y medioambientales, en especial de los riesgos sísmicos, que nunca se hicieron. La obra se llevó adelante, costando más de 1.700 millones públicos -fruto de un sobrecoste del 89,54%- que se adjudicó Escal-UGS.
En cuanto se empezó a inyectar gas, empezaron los seísmos: cerca de 500, el mayor de los cuales de magnitud 4,2 en la escala Richter, que causaron gran inquietud en la zona, además de desperfectos en viviendas y negocios. La movilización popular logró que -pese a las intenciones iniciales de monopolios y gobierno- pararan las inyecciones de gas.
Varios informes, entre ellos uno del MIT norteamericano -que ha costado 600.000 euros (cuando tenemos un Instituto Geológico y Minero perfectamente cualificado)- han determinado una clara correlación entre los seísmos y el inicio de la actividad de Castor.
La Plataforma Castor deberá ser desmantelada, pero no inmediatamente, porque sacar el gas almacenado podría producir seísmos. Pero mantener Castor en stand by cuesta 15,7 millones al año. Y el contrato firmado por los gobiernos del PSOE y del PP establece una indemnización a la empresa constructora. Sumados todos los costes, según Greenpeace, superan los 4.000 millones. “El coste del almacén submarino de gas situado frente a las costas de Castellón es uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público que se han vivido en España”, denuncia la organización ecologista. Un chollo para el monopolio presidido por Florentino Pérez que será revertido en la factura del gas hasta 2044.