La fiscalía ha aceptado abrir diligencias para investigar si la acusación de fraude contra FCC, por falsificar datos de facturación desde 2013 al 2015 con el fin de cobrar más de lo que realmente deberían.
Se les acusa de haber cometido dicho fraude en los distritos de Gràcia y Eixample, donde supuestamente falsificaron los datos acerca de la cantidad de basura recogida con el fin de exigir al ayuntamiento un pago mayor. A la acusación del ayuntamiento de Barcelona se le ha sumado posteriormente Badalona, quien también asegura haber detectado irregularidades por parte de la misma empresa en su servicio de limpieza y recogida de basuras.
El Ayuntamiento de Badalona ha presentado una auditoría sobre el servicio de limpieza viaria y retirada de residuos que concluye que la empresa FCC Servicios Ciudadanos hinchó irregularmente los gastos cobrados al municipio en 12,8 millones de euros entre 2010 y 2015.
Aplaudimos que efectivamente se investiguen estas irregularidades. Esta es una de las formas, ilegales, con las que los grandes monopolios “meten la mano” en las arcas públicas. Otras formas son legales, pero no menos nocivas para el dinero público.
Actualmente en España, 10 constructoras se reparten el 70% de las obras públicas en España, según ha revelado un informe de la Fundación Civio. A la cabeza está la constructora ACS, detrás de uno de cada diez contratos firmados, pero le siguen empresas como Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr. De 2.600 empresas que han firmado un contrato de obra pública entre 2009 y 2015, 10 grandes constructoras se han quedado con casi todo el pastel.
Existe todo un auténtico entramado entre los organismos públicos y las grandes constructoras, que favorecen la corrupción y que hace posible todo tipo de irregularidades. Es una exigencia de primer orden que haya un organismo independiente que regule y vigile de forma sistemática la concesión de obras públicas y su contratación.