El acuerdo programático que ha acompañado al debate de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez representa un evidente cambio en la política económica. Al menos, en tres asuntos capitales: la prioridad otorgada a los excluidos por la crisis; la diferente orientación de la política presupuestaria, arrumbando los recortes sobre política social y la voluntad de impulsar un modelo productivo que compita por valor añadido y no por precariedad laboral.
El acuerdo programático que ha acompañado al debate de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez representa un evidente cambio en la política económica. Al menos, en tres asuntos capitales: la prioridad otorgada a los excluidos por la crisis; la diferente orientación de la política presupuestaria, arrumbando los recortes sobre política social y la voluntad de impulsar un modelo productivo que compita por valor añadido y no por precariedad laboral.
Tanto la crisis económica como las políticas puestas en marcha para hacerle frente han ido dejando en la cuneta a un creciente número de personas que, de no hacer nada, van a quedar excluidas de la recuperación. Hablamos de las 750.000 familias que no tienen ingresos de ningún tipo; los casi dos millones de parados de larga duración y baja cualificación; los centenares de miles de trabajadores cuyos bajos salarios no les sacan de la situación de pobres; los miles de niños que no pueden hacer una comida digna al día. Estos son los colectivos sobre los que se han cebado los desahucios, la pobreza energética, la exclusión social y sobre los que están actuando las organizaciones sociales y caritativas porque no disponemos, apenas, de políticas públicas para atender sus necesidades. Pues bien, a ellos van dirigidas un conjunto de medidas concretas, cuya cuantificación representa triplicar los recursos presupuestarios actuales: la creación de un Ingreso Mínimo Vital, el incremento de la ayuda por hijo a cargo, la compensación fiscal salarial, un plan de choque de creación de empleo para colectivos vulnerables, medidas para la inembargabilidad de la vivienda habitual en familias con dificultades o la definición de un consumo mínimo vital en energía o agua.
El acuerdo incluye, también, un cambio radical en la orientación de la política presupuestaria. Sin cuestionar nuestra pertenencia al euro, se asumen tres principios: se mantiene el compromiso de reducción del déficit público, pero su ritmo se gradúa, de manera negociada con Bruselas, en función de nuestras posibilidades reales; una renuncia explícita a que dicha reducción se siga haciendo recortando gastos sociales y otra renuncia explícita a que el ajuste se haga subiendo impuestos a las rentas del trabajo. Todo lo contrario de lo hecho durante estos últimos cuatro años por el PP.
Es evidente que estos compromisos encierran contrapartidas. Como todo. La negociación con Bruselas exigirá, seguramente, aceptar reformas estructurales, dolorosas para algunos colectivos, que aumenten el potencial de crecimiento de nuestra economía; el incremento previsto en los gastos sociales para recuperar lo recortado en educación, sanidad, dependencia y otros, exigirá reducir otro tipo de gastos burocráticos y de funcionamiento, mejorando la eficiencia del conjunto del gasto público; la renuncia a aumentar impuestos sobre la renta del trabajo exigirá su aumento para las empresas, la riqueza y grandes fortunas, así como sobre los recursos medioambientales escasos. Son decisiones que figuran en el acuerdo con propuestas concretas y que representan un cambio radical respecto a lo hecho en esta legislatura.
Se incluye, por último, una decidida voluntad de impulsar un modelo productivo distinto, donde se mejore la productividad favoreciendo las inversiones en innovación, valor añadido, talento; donde se favorezca una transición hacia un sistema energético sostenible y donde se abandone la apuesta realizada por el actual Gobierno por abaratar el trabajo mediante una reforma laboral regresiva. Desmontar esta reforma, como se hace en el acuerdo, devolviendo capacidad central a la negociación colectiva para que la necesaria flexibilidad empresarial no se haga unilateralmente y a costa de los trabajadores, es la evidencia del cambio propuesto, que se une a medidas que permitirían desmontar, también, el capitalismo de amiguetes que se ha construido durante estos años.
El acuerdo se define como “reformista y de progreso”. Representa una política económica muy diferente de la de la pasada legislatura. Donde entonces se buscó romper las medidas de cohesión social (negociación colectiva y Estado de bienestar), ahora se persigue lo contrario: combatir la desigualdad generada. Así lo ha entendido el PP, que lo califica de enmienda a la totalidad de su labor de gobierno. Así lo están entendiendo los colectivos sociales y organizaciones a los que se lo estamos explicando. Si todas las fuerzas que se dicen del cambio lo entendieran igual, se estaría aplicando ya, desde un nuevo Gobierno. ¿Entonces?
Jordi Sevilla, exministro socialista, es asesor económico de Pedro Sánchez.