En los últimos meses, mientras que en Gaza se normaliza el «genocidio de baja velocidad» o mientras que el norte de Cisjordania sigue siendo el escenario de la Operación «Muro de Hierro» que mantiene a más de 40.000 palestinos desplazados de sus hogares, Israel ha venido desplegando una nueva barrera de separación -la llamada «Línea Escarlata»- con la que busca expandir el control de sus colonos sobre las tierras cultivables y el acceso al agua del Valle del Jordán, la región más fértil de Cisjordania.
En diciembre, el gobierno ultrasionista de Netanyahu anunció sus planes para la construcción de un nuevo muro de separación en el Valle del Jordán, que aislará a varias comunidades palestinas y les impedirá acceder a sus tierras, aproximadamente 4.500 hectáreas de tierras agrícolas fértiles y fuentes de agua.
Una «Línea Carmesí» que será construida por el ejército israelí y que facilitará la inmediatamente posterior expansión de los asentamientos ilegales, consolidando el control israelí en esta área estratégica, que representa alrededor del 30% de Cisjordania y es clave por sus acuíferos y fertilidad.
A la violencia militar israelí, que ya ha confiscado 10 hectáreas de tierras agrícolas cerca del pueblo de Al-Atouf, en el norte del Valle del Jordán, para construir una carretera que conecte con una ruta militar, se suma la de los colonos, que actúan como verdaderas camisas pardas. A finales de octubre, estos pobladores ilegales destruyeron una red de irrigación palestina en esta misma zona. Unas acciones que forman parte de un patrón de opresión colonial militar y paramilitar, que busca apropiarse de las tierras fértiles, así como de los acuíferos y fuentes de agua, de Cisjordania.
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