Hemos asistido a un nuevo acontecimiento inesperado en una semana especialmente agitada. Desde que el gobierno de Sánchez anunció la creación de la figura del “relator”, que coordinara el diálogo entre los partidos catalanes, la temperatura política ha subido varios grados. ¿Todo se explica por el rechazo a la política del gobierno de Sánchez para tratar de reconducir el conflicto catalán… o existen otros motivos que explican la actual agitación?
Quien ha tomado la delantera en la ofensiva contra el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el PP de Pablo Casado. Con una ferocidad desatada, ha calificado a Sánchez de “felón” o “presidente ilegítima”, y sobrepasando todos los límites ha comparado el proceso de diálogo en Cataluña con “la agenda política de ETA”. Un movimiento, al que se añade el llamamiento explícito a Vox a participar en la manifestación del domingo en Madrid, que ha generado incomodidad en Ciudadanos.
No hay que olvidar que el círculo de Pablo Casado mantiene, vía Aznar, un alineamiento -mucho más cerrado que el practicado durante la época de Rajoy- con los círculos más agresivos de Washington.
Por otro lado, todos los barones del PSOE que se han manifestado esta semana públicamente contra la política del actual gobierno en Cataluña, desde Felipe González a los presidentes autonómicos de Castilla La Mancha o Aragón, respaldaron el golpe interno que desolojó a Sánchez de la secretaría general y permitió a Rajoy llegar a la Moncloa en 2016.
A lo que asistimos no es a una reacción ante unas inexistentes “cesiones al independentismo” del gobierno, sino a un nuevo intento por acabar a cualquier precio con el actual gobierno de Pedro Sánchez, incluso hurgando en un punto tan sensible como es Cataluña.
La razón hay que buscarla en la actual ofensiva, de la participan desde el FMI y la Comisión Europea hasta el Banco de España, por presentar la subida del salario mínimo recientemente aprobada como “un desastre para el empleo”.
No se puede permitir que, aunque sea limitada y parcialmente, un gobierno avance en satisfacer demandas populares en salarios, pensiones, sanidad…
Y en ese camino cuentan con la colaboración inestimable de Puigdemont y Torra. Ya intentaron evitar el triunfo de Pedro Sánchez en la moción de censura, apostando por la continuidad de Rajoy. Y ahora quieren imponer el rechazo a los presupuestos. Intentando crear una situación de conflicto y tensión, de la que extraer réditos políticos.
La carta que el gobierno se ha sacado de la manga, con el anuncio de la ruptura del diálogo con los partidos independentistas, intenta responder a esta ofensiva y recuperar la iniciativa. Evidenciando que no ha habido ni habrán cesiones que superen el marco constitucional. Y pasando la presión al seno el PDeCAT y ERC, donde las divisiones aumentan, advirtiendo que “sin los presupuestos, el tiempo de la legislatura se agota”.
La situación es especialmente móvil, y quienes apuestan por tensionar la vida política, desde Casado a Puigdemont, esconden preocupantes intenciones.