Para los agricultores y ganaderos españoles, 2015 va a ser el año de la nueva y compleja Política Agraria Común (PAC), un abultado plan de subvenciones europeo a cinco años para el que España cuenta con una bolsa de fondos comunitarios de 47.500 millones de euros a repartir entre 900.000 perceptores. Las negociaciones para la aprobación de este plan no han sido fáciles. De hecho, el pasado 19 de diciembre el Ministerio de Agricultura plasmó en un paquete de reales decretos una extensa normativa que pretende ser el resultado de dos años de reuniones y conferencias sectoriales con los stakeholders del agro.
Entre las principales novedades de esta PAC 2015-2020 se encuentra la posibilidad de percibir ayudas sin la obligación de producir bienes agroalimentarios. El Ministerio de Agricultura ha incorporado una propuesta de última hora procedente de la Comisión Europea en la que acepta como ‘actividad agraria’ el «mantenimiento en estado adecuado para el pasto o el cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícolas habituales». Este nuevo concepto supone a juicio de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), cobrar dinero público «sin tener actividad real» y abrir la puerta a «absentistas» y cotos de caza. «¿Cómo puede cobrar ayudas agrarias alguien que no produce productos agrarios? –señala a El Confidencial Miguel Blanco, secretario general de COAG–. Es evidente que los esfuerzos no se han concentrado en los profesionales».
El ministerio que preside Isabel García Tejerina ha decidido, además, excluir a las explotaciones hortofrutícolas del nuevo régimen de pago único. La decisión no ha sentado nada bien en el sector, donde entidades como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) señalan que esta decisión deja a los agricultores españoles en competencia desleal con respecto al resto de productores europeos –y especialmente con respecto a sus vecinos competidores en Francia e Italia–, que sí cobrarán esas ayudas. El viñedo, el porcino, la avicultura y la apicultura son otros sectores que también se verán perjudicados por el nuevo sistema de pago único.
¿Cambiar todo para que todo siga igual?
En cuanto al reparto del pastel, tal y como ha sucedido ininterrumpidamente desde la incorporación de España a la Política Agraria Común europea, los empresarios y propietarios de tierra más acaudalados seguirán apilando las subvenciones más cuantiosas. La PAC –la anterior y la nueva– es de los pocos programas públicos de subvención que no tiene en cuenta el nivel de ingresos del solicitante a la hora de repartir. Tampoco dispone de una cifra límite de ayuda, más allá de aplicar un coeficiente reductor del 5% a aquellos pagos que superen los 150.000 euros.
Un informe de la Comisión Europea hecho público esta semana revela las diferencias de distribución de las subvenciones entre los distintos Estados miembros. Así, según este informe, más de la mitad (un 56%) de los perceptores españoles de ayudas recibieron menos de 2.000 euros en pagos directos a lo largo de 2013. Sin embargo, mientras, el 8% por ciento de los mayores perceptores, cuyas ayudas superaron en algunos casos los 500.000 euros, recibió la mitad del presupuesto total destinado a la agricultura y ganadería [ver gráfico]. «Las ayudas siguen siendo injustas», apunta Blanco. «Y las que están por venir no van a favorecer el modelo social y familiar de la agricultura española ni van a compensar la caída de precios y de rentas».
Tras analizar las ayudas por pagos directos del Fondo Español de Garantía Agraria y cruzarlos con los del Registro Mercantil, El Confidencial ha localizado en la parte alta de la lista de perceptores de la PAC a la saga Mora-Figueroa Domecq, cuyas empresas –14– obtuvieron en 2013 7,3 millones del erario público. Junto a los Mora-Figueroa se encuentran las sociedades de Elías Hernández Barrera (4,4 millones) y de José García Carrión(3,3 millones).
La casa de Alba, una de las diez mayores fortunas de España según Forbes, con un capital que se acerca a los 3.000 millones de euros, obtuvo 2,9 millones en subvenciones a través de 5 empresas. Compañías que, según adelantó este diario el lunes, podrían ser objeto de una investigación por parte de la Agencia Tributaria al haber sido los principales donantes de la Fundación Casa de Alba y haberse desgravado entre un 25 y un 35% en su declaración de la renta. Mercadona, compañía propiedad de Juan Roig, el segundo multimillonario de España, recibió 2,6 millones. Se da la circunstancia de que, tal y como se observa en el interactivo superior, muchas de estas empresas que copan la parte alta del listado, que además cobran por otra vía de los fondos para el desarrollo rural, se encuentran domiciliadas en el centro de Madrid, lejos de la finca que es objeto de estas subvenciones (…)