Es la enésima «recomendación técnica» acerca de las pensiones públicas españolas, que en realidad implica una directriz, un mandato, un trágala. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo «de cooperación internacional»​​ cuyo objetivo es «coordinar las políticas económicas y sociales» de sus 38 Estados miembros, ha vuelto a emitir una nueva receta acerca de nuestro sistema público, y siempre va en la misma dirección: la de la elevación de la edad de jubilación y la del periodo de cómputo de las pensiones públicas, esta vez a los 35 años (actualmente son 25 años los que se usan para determinar la base reguladora), lo cual significaría -cómo no- una pérdida de poder adquisitivo.

La OCDE insta a abordar «medidas difíciles» (eufemismo que significa recortes y ajustes contra las clases populares) incluidas reformas en las pensiones más ambiciosas que las adoptadas por José Luis Escrivá en el 2023. También pide mayor flexibilidad en el mercado laboral, reforzar la tributación de la energía y los vehículos, junto con la reducción de las cuñas fiscales para las familias de bajos ingresos”.

El argumento siempre es el mismo: la llamada factura demográfica. La OCDE ha esgrimido los cálculos de la Airef, que aseguran que el gasto en pensiones crecerá en 3,2 puntos de PIB entre 2023 y 2050, y el gasto relacionado con el envejecimiento aumentará en 5,2 puntos. “El gasto en pensiones aumentará, creando un creciente volumen de pasivos implícitos que no están provisionados actualmente. La indexación de las pensiones a la inflación y la falta de un ajuste automático para el aumento de la esperanza de vida incrementan los costes del sistema”.

Y por ello, la «única» receta que nos presentan es siempre la misma: elevar la edad de jubilación, y aumentar el periodo de cómputo de la base reguladora (siempre buscando que sea toda la vida laboral) lo cual rebaja -y mucho- la cuantía de la pensión.

Es mentira. El sistema público de pensiones español, basado en un sistema de reparto, no sólo está basado en la solidaridad intergeneracional e interterritorial, sino que es uno de los más sostenibles y robustos. Cuando España llegó a tener más de 5,2 millones de parados, la caja de las pensiones nunca dejó de tener más ingresos que salidas.

E incluso si los ingresos vía cotizaciones sociales no fueran suficientes, podría fortalecerse via impuestos. Mantener un sistema de reparto, robusto y solidario es cuestión de voluntad política.

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Demoler las pensiones públicas… para abrir paso a las privadas

Con argumentos pretendidamente «asépticos» y contables, la OCDE y otros organismos internacionales -el FMI, la Comisión europea- siempre emiten dictámenes en la misma dirección. Buscan acercar la edad de jubilación a la de defunción -para rebajar, en su tecnocrático lenguaje, el «volumen de pasivos implícitos»-, y reducir la pensión a una ayuda asistencial, a la mínima cuantía posible para que pasemos los últimos años de nuestra vida -los más vulnerables, tras toda una vida de trabajo- en la más absoluta precariedad. Todo ello mientras se crean las mejores condiciones para el despegue de los fondos privados de pensiones.

Cuanto más se degraden y empobrezcan las pensiones públicas, mejor le irá al megamillonario negocio de las pensiones privadas, dominado por bancos, aseguradoras y fondos de inversión de Wall Street.

Estos son los intereses que siempre hay detrás de las tecnocráticas «recetas neoliberales» de los «organismos internacionales.

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El contexto: ¿quién quiere enterrar del Estado del Bienestar?

Estas recetas de la OCDE contra las pensiones públicas no son un rayo en el cielo sereno. Forman parte de una amenazadora tormenta -que viene desde el otro lado del Atlántico, concretamente desde la Casa Blanca de Trump- y que llama a demoler los restos del Estado del Bienestar europeos, desmantelando los sistemas de pensiones, sanidad y educación públicos, y toda una serie de políticas sociales. Para instalar un sistema político y social mucho más draconiano y turbocapitalista, donde la privatización sea la norma y por tanto se puedan abrir nuevos e hiperlucrativos nichos de negocio para los grandes capitales, que ahora mismo están taponados por los sistemas públicos.

No son elucubraciones. Es una amenaza real, que ya se está llevando a la práctica. Drásticos paquetes de recortes se aprueban o se anuncian en los principales países europeos.

En Alemania el canciller Merz sentencia que “el Estado del bienestar ya no es sostenible”. En Reino Unido el gobierno «progresista» de Keir Starmer se ha atrevido a golpear a los sectores más débiles, como pensionistas o personas con discapacidad. Y en Francia los paquetes de recortes y ajustes no se han podido llevar a la práctica por una enconada lucha popular que primero defenestró al primer ministro Bayrou -el que pretendía 44.000 millones de euros en recortes sociales- y luego ha puesto contra las cuerdas a su sucesor, Lecornu. Pero la demolición del Estado del Bienestar es el centro de la agenda de Macron.

De fondo, las exigencias de Trump a todos los miembros de la OTAN de elevar al 5% del PIB sus gastos militares, algo que en un contexto de turbulencias y estancamiento económico para Europa, solo puede ser ejecutado a costa de draconianos recortes y ajustes. A costa de desmantelar el Estado del Bienestar.

Esa es la tormenta que se abalanza sobre España, y sobre nuestro sistema público de pensiones. Una tempestad que tiene su origen y su motor en las crecientes necesidades de saqueo de la declinante superpotencia norteamericana, que necesita incrementar los «tributos imperiales» en las zonas del mundo que aún controla férreamente -Europa entre ellas- para compensar lo que deja de ganar en otras donde la lucha de los países y pueblos del mundo ha achicado su espacio de explotación y control.

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