Entran en prisión los cinco directivos de Novagalicia condenados por apropiación indebida. Los directivos cobraron indemnizaciones millonarias y se subieron los sueldos cuando la caja fue rescatada con dinero público. La venta de Nova Galicia significó la perdida de un potente brazo financiero y unos recursos que puestos al servicio de la recuperación económica de Galicia frenarían el paro y la recesión en la región.
La imputación de directivos de Novagalicia es un medida que sirve para paliar los desmanes y abusos de la banca y que, sobre todo,es fruto de una nueva situación política creada tras los últimos procesos electorales, y que han colocado al PP en minoría, creado una nueva correlación de fuerzas en el parlamento favorable a las fuerzas de cambio y progreso.
Pero con estas medidas no devuelven ni el 5% de los miles de millones que, en plena crisis, han estado robando a los ciudadanos. La venta de Nova Galicia significa significó la perdida de un potente brazo financiero y unos recursos que puestos al servicio de la recuperación económica de Galicia frenarían el paro y la recesión en la región.
Nova Galicia se vendió a Banesco, primer banco de Venezuela, con estrechos vínculos con el capital norteamericano. La Caja de ahorros rescatada con miles de millones de dinero público era pretendida por muchos compradores hasta que el venezolano Banesco se hizo finalmente con la presa.
Adquirida a través de su filial Banco Etcheverría, la entidad de Caracas pagó 1.003 millones de euros por el 83% de Novagalicia Banco, según ha informado el FROB, cuando el Estado inyectó en el banco 8.981 millones en ayudas a la entidad. NCG, que copa más del 40% del mercado financiero gallego, recibió más de 9.000 millones de euros en ayudas públicas que el Gobierno ha asumido que no recuperará.
En este streptease económico parece no haber límites; Barrerras, el principal astillero privado fue comprado por sólo 5 millones de euros por una petrolera mexicana y Pescanova ,la gran compañía pesquera, referente mundial, depende ahora de los acreedores bancarios. Gran parte del tejido productivo se está desmantelando y vendiendo a precio de saldo. Pero la venta de Nova Galicia fue especialmente significativa porque iniciaba el pistoletazo de salida para la compra directa de las cajas y los ahorros de todos.
El Tribunal de Cuentas acaba de hacer público su informe en el que se dan por perdidos 100.000 millones de euros del rescate bancario. El informe denuncia como el rescate de las cajas de ahorros se ha hecho «sin criterio» y sin el control necesario “al carecer de contabilidad analítica” para “asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos”. O cómo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) concedió en algunos casos más ayudas de las previstas, encargó informes y líneas de crédito innecesarias, pudo haber arrancado más dinero en las privatizaciones y no actuó con la transparencia debida”. Pero nada de esto fue inocente. Se hizo así por las urgentes exigencias del FMI y Bruselas y para salvar a la gran banca española y europea.
Ya hay, según el informe, 61.718 perdidos del dinero entregado para el rescate de las cajas. Y otros 31.000 millones comprometidos en operaciones como la venta de Bankia y BMN, en los llamados Esquema de Protección de Activos (EPA) concedidos a los compradores de las cajas -CAM, Unim, C-CLM, Banco de Valencia…) son prácticamente irrecuperables.
Y así hasta más de 122.000 millones de euros, en efectivo, que el TC considera perdidos de hecho del dinero entregado para reflotar los bancos desde 2009. Es dinero efectivo, contante y sonante, porque no están incluidos los avales ni los activos tóxicos comprometidos en el “banco malo” SAREB.
Desde que se iniciaron los rescates bancarios en 2009 con Zapatero la banca ha obtenido ya más de 100.000 millones de euros de beneficios netos declarados. La mayoría de ellos repartidos como sustanciosos dividendos entre sus principales accionistas, las grandes familias oligárquicas y los fondos extranjeros.
Dijeron que los rescates bancarios no costarían ni un euro a los ciudadanos. Ahora el Tribunal de Cuentas demuestra que nos costarán más de 100.000. Tanto como un año del dinero destinado a pagar las pensiones, cinco veces el dinero para pagar a los parados o 25 veces más que el dinero destinado a la sanidad.