Mientras crece el censo de animales de explotación ganadera en nuestro país, desciende el número de granjas y avanza la despoblación rural. Es la lógica asfixiante de la ganadería industrial. Para conocer la problemática y la lucha que se ha desplegado, entrevistamos a la albaceteña Inma Lozano, agricultora y portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial.
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¿Qué diferencia a una macrogranja de una granja de menor tamaño?
No se trata tanto de cuántas cabezas de ganado hay sino del modelo de producción. Los animales están durante todo su ciclo de vida metidos en la nave, no tienen un lecho de paja, lo que tienen en el suelo son rejillas de hormigón donde se va filtrando el purín.
Además, la explotación no tiene recursos suficientes para alimentar el ganado, necesita de piensos importados, y tampoco tiene cómo gestionar los desechos que genera.
¿Cuáles son los peligros ambientales de las macrogranjas?
El principal problema son los desechos que genera. Los purines, que podrían ser un subproducto aprovechable como abono, se convierte en algo dañino para la tierra. Se producen demasiados y, en vez de distribuirlo en parcelas más alejadas, se siguen vertiendo sobre las tierras más próximas. Se anegan hectáreas sin tener el control de la dosis que necesita ese cultivo, sin considerar si es zona vulnerable a nitratos o la época del año.
Esto afecta a los agricultores, que en dos o tres años tienen una tierra que ya no es fértil y a los ganaderos. Estamos viendo que los animales que salen a pastar al campo rechazan comerse el rastrojo del cultivo que ha sido abonado con purines.
“Nadie quiere venir a vivir a un pueblo sabiendo que pone en riesgo la salud de sus hijos”
¿Cómo afectan a la población rural?
Nos afecta a todas las ramas del sector primario, y al conjunto de la población. El purín se filtra al acuífero y tenemos multitud de pueblos con altos índices de nitrato en el agua. En mi pueblo estamos a 5 miligramos por litro de tener un agua no potable. Según Europa con 50 mg/L ya no es apta para consumo humano. Ahora tenemos un bando que recomienda que se abstengan de beber embarazadas, niños y ancianos.
Estos proyectos dañan tanto el territorio como la salud de las personas y nuestra calidad de vida. Al final nadie quiere venir a vivir a un pueblo con estas condiciones, sabiendo que pone en riesgo la salud de sus hijos o que no puede abrir la ventana porque respira toda esta peste que crea problemas respiratorios.
La gran promesa de estos proyectos es que van a crear puestos de trabajo, ¿cuál es la realidad?
Es la única baza que tienen los promotores, pero son promesas de humo. Como tenemos el fantasma de la despoblación, los alcaldes están un poco desesperados, quieren que vengan familias a vivir al pueblo y se puede pensar que una actividad económica va a atraer gente. Pero al final estamos viendo que destruye más de lo que crea. Los puestos de trabajo no son lo prometido, ni en cantidad ni en calidad, son trabajos precarios y normalmente temporales. Y la gente aunque venga a trabajar aquí decide vivir en otro sitio por los problemas que acarrea. Es humillante de que vengan con el discurso de que son los “salvadores del mundo rural”.
¿Cuáles son vuestras exigencias?
Lo que pasa es que las macrogranjas están reguladas como granjas cuando son industrias. Consideramos que lo primero se debería autorizar una moratoria a nivel nacional que frene todos los proyectos, que son muchos. Y que se valore cuántas explotaciones de esas características caben por territorio. Necesitamos hacer una valoración acumulativa de los impactos, los recursos que necesitan, si merman o no las reservas en el territorio y si el residuo que producen es verdaderamente asumible.
“No podemos convertirnos en estercolero de otros países mientras se arruina nuestro mundo rural”
Nos han vendido el discurso de la carne barata pero es falso. La realidad es que la mayoría de explotaciones se destinan a la exportación. Aumenta exponencialmente la producción en España, pero no el consumo de carne. Más del 50% de la carne que se produce es para la exportación. No podemos convertirnos en estercolero para que en China o Francia coman carne, mientras aquí se benefician dos o tres y se arruina nuestro mundo rural.
Los vecinos de Daimiel han demostrado que sí se puede parar a las macrogranjas. Tras tres años de lucha y ante la indignación de los vecinos se ha conseguido frenar el proyecto. ¿Qué podemos aprender de esta lucha?
Hay algunas victorias y demuestra que sí se puede. La clave ha sido, ya no solo la presión de los vecinos sino esos concejales que han entendido la política municipal. Los que se han alejado de los parámetros que vienen marcados desde Madrid, que reconocen el daño que pueden tener estos proyectos, que tienen que luchar por el futuro de sus vecinos y así lo están haciendo.