Durante varios días hemos asistido a un virulento enfrentamiento político, cuya intensidad ha ido in crescendo.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial bloqueada durante años, el órgano de gobierno de los jueces negándose a cumplir la ley, acusaciones de “golpismo”, la oposición llamando al presidente “tirano” y calificando al gobierno como “ilegítimo”, el Tribunal Constitucional impidiendo por primera vez una votación en las Cortes…
Aparentemente estamos ante una disputa entre diferentes aparatos e instituciones: el poder judicial frente al ejecutivo y el legislativo, la oposición contra el gobierno. Pero la tempestad política vivida solo puede explicarse desde la disputa entre intereses de clase absolutamente irreconciliables.
Detrás de la escalada en la tensión política están las intenciones del Ibex-35 y el gran capital extranjero por dar una nueva vuelta de tuerca en el saqueo sobre la población. Para ello deben vencer las resistencias de una mayoría social progresista radicalmente enfrentada a sus propósitos.
Esto es lo que de verdad se está dirimiendo en una trama que ha ocupado páginas de periódicos y horas de televisión o radio, pero en la que permanecen ocultos tanto sus auténticos protagonistas como las enormes repercusiones que puede tener sobre nuestras vidas.
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El conflicto ha estallado ahora, pero lleva fraguándose varios años. Solo así podremos comprender su virulencia.
Tras las últimas elecciones, debía haberse renovado una parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que interviene en la composición de organismos tan relevantes como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional.
Contraviniendo abiertamente lo que dicta la Constitución, y negándose a acatar lo que las urnas dictaron, el PP -primero con Casado y luego con Feijóo- ha bloqueado esta renovación, manteniendo una mayoría conservadora que no se corresponde con la realidad social.
A esta estrategia se ha sumado el sector más reaccionario del CGPJ, negándose a cumplir la ley que le obligaba a designar a los dos miembros del Constitucional con el mandato caducado, impidiendo así que el gobierno pudiera proponer a los suyos.
Y, como colofón, el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión inaudita e inédita. Acelerando todos los plazos para aceptar las medidas cautelarísimas planteadas por el PP, impidiendo que el Senado pudiera discutir y votar la reforma propuesta por el gobierno para desbloquear la renovación del CGPJ y del propio Tribunal Constitucional.
El Constitucional no intervino para paralizar la tramitación del Plan Ibarretxe en el parlamento vasco o de las “leyes de desconexión” que abrirían el camino al 1-O en el parlament catalán. ¿Por qué ahora lo hace ante una cuestión aparentemente de menor gravedad?
Ya se ha alcanzado un acuerdo en el CGPJ para desbloquear la renovación de los miembros con el mandato caducado del Constitucional, que pasará a tener ahora una mayoría “progresista”. Pero el daño ya está hecho, y las costuras siguen abiertas.
Se han tensionado todos los equilibrios democráticos. Se ha degradado la imagen política del país, difundiendo acusaciones cruzadas de golpismo. Y los sectores más reaccionarios han cruzado todas las líneas rojas al calificar al actual gobierno no solo de “ilegítimo” sino también de “dictatorial”.
Mucho debe estar en juego para que se tensione de esta manera la situación política.
Se ha degradado la imagen política del país, difundiendo acusaciones cruzadas de golpismo. Mucho debe estar en juego para que se tensione de esta manera la situación política.
Los auténticos protagonistas
¿Qué tiene que ver la crisis institucional todavía abierta con la reforma de las pensiones que Escrivá acaba de posponer? Aparentemente nada, en realidad están íntimamente conectadas.
La reforma de las pensiones es una exigencia de Bruselas para poder recibir los fondos europeos. A través de este chantaje se pretende imponer recortes -como la ampliación de los años de cómputo, que rebajaría la cuantía de la jubilación- que generan un amplio rechazo social.
Tal es la resistencia -no solo de los sindicatos, también de un movimiento en defensa de las pensiones públicas con un amplio apoyo social- que ha sido imposible cumplir el plazo acordado con Bruselas, fijado a final de año, y se ha debido retrasar la aprobación de la reforma.
El choque entre estas dos fuerzas opuestas, los centros de poder que quieren llevar más allá el saqueo y la mayoría social que se enfrenta a sus proyectos, está también detrás de la crisis institucional.
Desde algunos sectores de la izquierda se señala a la derecha jurídica, política y mediática, congénitamente golpista, como los impulsores de la trama que ha desembocado en una aguda crisis política. Que los sectores más reaccionarios instalados en las altas instancias de la judicatura o la política han intervenido en la operación no hay duda. Que sean sus “cerebros” es más que discutible. Una operación desestabilizadora como esta tiene necesariamente que estar conectada con los planes de quienes de verdad mandan en España.
No es una disputa entre aparatos sino entre dos fuerzas de clase con intereses y planes excluyentes
Los grandes bancos y monopolios españoles, lo que conocemos como Ibex-35, y el gran capital extranjero están utilizando la escalada de la inflación para imponer un auténtico atraco monopolista. Pretenden apretar todavía más las tuercas de un saqueo que sufrimos desde 2010. Maximizando todavía más sus fabulosas ganancias a través de un nuevo empobrecimiento de la mayoría.
Pero no están solos en esta partida. Enfrente tienen a una mayoría social progresista enfrentada a sus recortes y con una significativa influencia. Está presente en todo el país, en el movimiento sindical, en la lucha en defensa de la sanidad o las pensiones públicas, en el movimiento feminista…
Es esta fuerza popular la que impone que, por ejemplo, se hayan aprobado nuevos impuestos a las eléctricas y la banca, o subidas del salario mínimo. Medidas que aún parcialmente limitan los beneficios de unos centros de poder que reaccionan furibundamente.
Un final incierto
Para poder llevar más allá el saqueo, el Ibex-35 y el capital extranjero necesitan limitar la influencia política de la mayoría progresista. En un año apenas iniciado en el que se celebrarán elecciones generales, que dictarán qué gobierno y con qué política.
Las sacudidas políticas buscan crear un clima que “ate en corto” al gobierno actual y determine que el futuro ejecutivo cargue la factura de la crisis sobre la mayoría de la población.
Para poder llevar más allá el saqueo, el Ibex-35 y el capital extranjero necesitan limitar la influencia política de la mayoría progresista
Y esta es una batalla todavía abierta. Por eso vamos a asistir a nuevos episodios de tensión.
Este es el conflicto real que explica la crisis política. No es una disputa entre aparatos del Estado, ni entre “derecha” e “izquierda”, sino entre dos fuerzas de clase con intereses y planes excluyentes.