«El dinero es como la energía: ni se destruye, ni desaparece, sólo se cambia de bolsillos. No es que ahora no haya dinero, no es que haya menos riquezas ahora que hace cinco años, es que unos insaciables y avarientos ricos las han acumulado todavía más, despojándonos progresivamente de los bienes y los recursos que teníamos. El problema es que ya no sólo se limitan a saquear las periferias. Ahora tratan de apoderarse del centro del sistema: se hunde la periferia europea más débil, después van a por España e Italia, se comienza a mencionar a Bélgica e incluso a la potente Francia.»
Algo falla cuando son los ricos los que iden a los gobiernos que les hagan pagar más impuestos. El mundo al revés: en vez de ser el gobierno el que nos proteja de los ricos, van a ser los ricos los que nos protejan del gobierno. Pero no nos engañemos. Estos mensajes no dejan de ser parte del juego al que están acostumbrados, pues la clase empresarial francesa condiciona cualquier contribución extraordinaria al establecimiento de las políticas de siempre de los ricos para seguir ganando más y que la crisis la pague la clase trabajadora: reducción rápida del déficit, drástico recorte del gasto público, moderación de los salarios y flexibilidad del mercado laboral. (DIARIO DE LEÓN) PÚBLICO.- Si miramos los niveles efectivos (reales) de tributación y no sólo nominales, las grandes familias, las grandes empresas y la banca, pagan niveles muy inferiores a lo que paga un trabajador en nómina. El Estado ya ha demostrado todos estos años su incapacidad o falta de valentía política de corregir esta situación. Le es más fácil recortar los servicios domiciliarios a las personas con dependencia o congelar las pensiones que revertir la bajada de impuestos, que afectaron a los súper ricos (300.000 euros o más al año) en los últimos quince años EL PAÍS.- La previsible victoria del PP en las elecciones de noviembre no tendrá, en sí misma, efectos taumatúrgicos sobre la economía española. Los primeros pasos de algunos de sus alcaldes y presidentes autonómicos obedecen a ese discurso, ignorando que la propia dirección nacional de los populares da signos de haber comprendido verazmente la magnitud de lo que se avecina. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, Rajoy y los principales dirigentes del PP muestran una tímida conciencia de que llegar al Gobierno tal vez sea más fácil que acertar con las políticas correctas contra la crisis. Crisis. Diario de León No es crisis, es saqueo Enrique Javier Díez Gutiérrez* Nos hemos acostumbrado a escuchar una y otra vez términos como crisis, austeridad, recortes. Palabras repetidas y reiteradas hasta la saciedad. De tal forma que han ido calando en nuestro imaginario colectivo y nos han acostumbrado a asumir una visión de la realidad que damos por sentada. Una visión que se torna incuestionable a fuerza de repetirse una y otra vez. Pero si somos capaces por un momento de salirnos de este espejismo y mirar la realidad con una cierta objetividad, nos daremos cuenta que no hay tal crisis. Lo que hay es un saqueo organizado y consentido por los gobernantes de nuestro país y de Europa. El dinero es como la energía: ni se destruye, ni desaparece, sólo se cambia de bolsillos. No es que ahora no haya dinero, no es que haya menos riquezas ahora que hace cinco años, es que unos insaciables y avarientos ricos las han acumulado todavía más, despojándonos progresivamente de los bienes y los recursos que teníamos. El problema es que ya no sólo se limitan a saquear las periferias, donde no nos importaba mucho que las grandes multinacionales como Zara explotaran a sus trabajadoras en fábricas textiles, algunas adolescentes de 14 años, en condiciones de esclavitud, con jornadas extenuantes de 16 horas. Ahora tratan de apoderarse del centro del sistema: se hunde la periferia europea más débil, después van a por España e Italia, se comienza a mencionar a Bélgica e incluso a la potente Francia. Es la voracidad de un sistema insaciable. Todo les parece poco. Hasta a algunos ricos les ha dado vergüenza. Warren Buffet, la tercera fortuna del mundo, declaraba «dejad de mimar a los ricos», «mis amigos y yo hemos sido bastante mimados por un Congreso amigable con los multimillonarios», «el año pasado, sólo pagué de impuestos el 17.4%, mucho menos que lo que pagaron otras 20 personas en nuestra oficina, entre el 33% y el 41%». También 16 millonarios franceses han solicitado al gobierno francés que se cree una ‘contribución especial’ para personas acaudaladas. Algo falla cuando son los ricos los que piden a los gobiernos que les hagan pagar más impuestos, dada la discriminación que han permitido los gobiernos entre la renta del trabajo y la del capital a la hora de pagar impuestos. El mundo al revés: en vez de ser el gobierno el que nos proteja de los ricos, van a ser los ricos los que nos protejan del gobierno. Pero no nos engañemos. Estos mensajes no dejan de ser parte del juego al que están acostumbrados, pues la clase empresarial francesa condiciona cualquier contribución extraordinaria al establecimiento de las políticas de siempre de los ricos para seguir ganando más y que la crisis la pague la clase trabajadora: reducción rápida del déficit, drástico recorte del gasto público, moderación de los salarios y flexibilidad del mercado laboral. Es decir, lanzan un mensaje de «compasión» y «solidaridad», proponiendo «dar una limosna» en concepto de contribución especial, pero a cambio exigen unas leyes y normas que les sigan garantizando más beneficios, más riqueza. Lo más indignante es que los gobiernos les escuchan y les obedecen. Sarkozy y Merkel no sólo se prestan sumisamente a ello, sino que exigen a Zapatero que lo haga igualmente. Porque de esto se trata la reforma propuesta de forma urgente fijando «un techo presupuestario» donde se limita el gasto público, institucionalizando así en la Constitución las políticas de recortes sociales. Esta reforma, lo que pretende en sí, es mermar el dinero que el Estado invierte en lo público, y por consiguiente los derechos sociales, como sanidad, educación o pensiones. Los mercados tratan así de dar un golpe de estado en forma de reforma constitucional. «No hay democracia si gobiernan los mercados» recuerda el Movimiento 15M. Lamentablemente el último parte de la guerra económica que libramos contra los mercados da cuenta del naufragio de nuestra soberanía, pactada por PSOE y PP. Constitucionalizar el déficit cero, mediante esta reforma exprés, es otro golpe al estado social y a la participación democrática, pues se pretende hacer sin referéndum vinculante. Sin embargo, como los expertos de derecho alegan, es necesario un referéndum puesto que esta reforma afecta al Título Preliminar, que define a España como Estado social. No podemos permitir que secuestren la democracia delante de nuestras caras. Esta crisis está desvelando con claridad el papel instrumentalizado y subordinado de la política. El poder económico dictamina la política. Los mercados imponen la orientación económica y la vida política está cada vez más supeditada a sus indicaciones. Es cada vez más dictatorial y está alejada de cualquier objetivo relacionado con el bien común. La única posición lógica es luchar para lograr cuanto antes un sistema alternativo. * Profesor de la universidad de León DIARIO DE LEÓN. 26-08-2011 Opinión. Público Falsedades sobre la reforma Vicenç Navarro En el debate actual sobre la reforma constitucional y la ley orgánica complementaria se están haciendo afirmaciones que no son sostenibles. A continuación detallo las más representativas: “El mayor problema que tiene España es el tamaño del déficit y de la deuda pública”. No es cierto. En 2007, el Estado tenía superávit y la deuda era de las más bajas de la Eurozona y ello no protegió a España de tener una Gran Recesión. Incluso hoy, la deuda pública es menor que el promedio de la Eurozona y el déficit ha descendido, lo cual no ha evitado que los intereses que el Estado español ha tenido que pagar para vender su deuda pública hayan sido los mayores en su historia. “La ley aprobada por el pacto PSOE-PP no es un ataque al Estado del bienestar”. Sí que lo es. Si se le exige al sector público que reduzca el déficit publico, hay varias maneras de hacerlo. Bajando el gasto público, aumentando los impuestos o incrementando el crecimiento económico para ingresar más fondos al Estado. En España, la mayor reducción del déficit público siempre se ha conseguido con recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Pasó cuando el Estado español tuvo que reducir el déficit para acomodarnos al criterio de Maastricht, y bajar el déficit al 3% del PIB. Y pasa ahora, cuando quieren reducirlo al 0,4% del PIB. Es más, la fiscalidad del Estado español (tanto central como autonómico) es profundamente regresiva. Si miramos los niveles efectivos (reales) de tributación y no sólo nominales, las grandes familias, las grandes empresas y la banca, pagan niveles muy inferiores (restando al Estado 44.000 millones de euros al año) a lo que paga un trabajador en nómina. El Estado ya ha demostrado todos estos años su incapacidad o falta de valentía política de corregir esta situación. Le es más fácil recortar los servicios domiciliarios a las personas con dependencia (600 millones de euros) o congelar las pensiones (1.200 millones) que revertir la bajada de impuestos (37%), que afectaron a los súper ricos (300.000 euros o más al año) en los últimos quince años (2.500 millones de euros). Las clases populares tienen menos poder sobre el Estado español que las clases dominantes. “Si no se toman estas medidas, los mercados no se calmarán y terminaremos peor”. Los mercados no son calmables. El problema no es la especulación de los mercados, sino la falta de protección de los estados frente a los mercados. Lo que un Estado hace frente a las maniobras especulativas es imprimir dinero y comprar su propia deuda pública, forzando la bajada de los intereses de tal deuda. Pero, con la creación del euro, los países del euro no pueden hacer esto. Sólo el Banco Central Europeo puede imprimir dinero. Pero en lugar de hacer lo que los bancos centrales hacen, es decir, comprar deuda pública de los estados de la Eurozona, lo que hace es proveer liquidez a los bancos privados, pero no a los estados. Sólo, recientemente y con grandes reticencias, se ha estado haciendo, pero tarde e insuficientemente. Cuando compró deuda pública de España e Italia, los intereses bajaron. Esto debiera hacerlo pero no excepcionalmente, sino como parte de su función. Es más, los estados de la Eurozona debieran tener bancos públicos para garantizar el crédito. En España se está yendo en sentido contrario. La privatización de las cajas dificultará todavía más la garantía del crédito. “Todos los estados de la Eurozona debieran tener una legislación igual, prohibiendo que tengan déficits públicos”. Como ha indicado el Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación más prestigiosos de EEUU, tal política “sería un desastre”. Sería equivalente a que Estados Unidos, cuyos estados tienen que tener un déficit cero para los gastos ordinarios (pero no en inversiones), no tuvieran un Estado Federal con un Gobierno que tiene déficits del 8,2% del PIB (y una deuda del 160% del PIB) y con un Banco Central (The Federal Reserve Board) que ayuda a los estados (California tiene unas cuentas públicas en tan mala forma como Grecia) y compra deuda pública (algo que no está permitido al Banco Central Europeo). “Estas políticas de austeridad nos evitarán llegar a la situación griega”. Todo lo contrario, están acelerando a alcanzar la situación griega. Tales medidas, congelación de pensiones y recortes sociales, que están empobreciendo todavía más el subfinanciado Estado del bienestar español (el gasto público social por habitante es el más bajo de la Eurozona) está dificultando enormemente la recuperación económica al reducir la demanda de bienes y servicios, que es el mayor problema de la economía española. Estas políticas de austeridad están empobreciendo tal demanda. Hoy está creciendo la percepción, incluso en centros financieros, de que el mayor problema de España es el escaso crecimiento económico. La explosión de la burbuja inmobiliaria creó un agujero equivalente a un 7% del PIB que tendría que rellenarse con gasto público para permitir una estimulación de la economía. Tras cuatro años de austeridad, la economía española continúa estancada. “El estímulo económico se aplicó en España y no ayudó mucho”. No es cierto. Ayudó poco porque consistió sobre todo en recortes fiscales que beneficiaron sobre todo a las rentas superiores que son las que proporcionalmente consumen menos y tienen, por lo tanto, escaso impacto estimulante de la demanda. Muy pocos de los estímulos fueron encaminados explícitamente a crear empleo. De la misma manera que las derechas están utilizando la crisis para obtener lo que siempre han querido, es decir, disminuir los salarios, la protección social y privatizar el Estado del bienestar, las izquierdas debieran utilizar la crisis para conseguir sus objetivos, es decir, hacer un reforma fiscal profunda que, a base de corregir el enorme déficit fiscal de las clases pudientes –grandes familias, grandes empresas y banca– se resolviera el déficit social, creando empleo, y a la vez se estimulara la economía. Así se salió de la Gran Depresión y así se debería salir ahora. PÚBLICO. 8-9-2011 Editorial. El País Austeridad creativa La amplia victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas de mayo está dando lugar a un ejercicio que podría revelarse, no como un esfuerzo de contención del gasto, sino de simple austeridad creativa. Atendiendo a lo que dicen los flamantes presidentes autonómicos, parecería que las únicas comunidades endeudadas son las que hasta ahora había gobernado el Partido Socialista. Las que estaban en manos de los populares habrían permanecido inmunes a la mala gestión, pese a casos notorios que demuestran lo contrario, como Madrid y, especialmente, Valencia. Se avecinan tiempos difíciles para todas las Administraciones públicas, no solo la central. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los Ayuntamientos están teniendo que enfrentarse a la dura realidad: gastos corrientes se financiaron con ingresos extraordinarios vinculados a la construcción. Y las comunidades autónomas se han encontrado con que no pueden seguir recurriendo al endeudamiento sin poner en peligro el conjunto de la economía española. La financiación de los niveles municipal y autonómico de la Administración ha llegado a convertirse en un problema estructural que los nuevos Gobiernos del PP están abordando desde la politiquería, no desde el sentido de la responsabilidad que requiere la situación. Cumplido el ritual de culpar a sus antecesores socialistas, anuncian recortes presupuestarios inspirados por la cercanía de las elecciones generales, no por la buena gestión de las instituciones que han comenzado a gobernar. Inflan las cifras de ahorro que representarán medidas de poco o ningún calado y también el resultado que prevén para las futuras privatizaciones de infraestructuras y servicios. La previsible victoria del PP en las elecciones de noviembre no tendrá, en sí misma, efectos taumatúrgicos sobre la economía española. Los primeros pasos de algunos de sus alcaldes y presidentes autonómicos obedecen a ese discurso, ignorando que la propia dirección nacional de los populares da signos de haber comprendido verazmente la magnitud de lo que se avecina. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, Rajoy y los principales dirigentes del PP muestran una tímida conciencia de que llegar al Gobierno tal vez sea más fácil que acertar con las políticas correctas contra la crisis. La situación financiera de Comunidades y Ayuntamientos es hoy una de sus manifestaciones más agudas, y deberán darle una respuesta diferente de la que están ensayando sus nuevos responsables. EL PAÍS. 8-9-2011