(…) Pero el riesgo de intervención de la economía española no procede solo del errático comportamiento de Bruselas, del empecinamiento de la canciller en la austeridad a cualquier precio o de la resistencia del BCE a frenar la especulación en los mercados. Hay también responsabilidades nacionales. El Gobierno no ha conseguido despejar las dudas que pesan sobre el sistema financiero tras el rescate, perdido en las generalizaciones sobre unión fiscal o bancaria y ajeno a las recomendaciones del FMI para que establezca algún tipo de estrategia que supere los recortes del gasto. No se entiende que una semana después de conocida la aportación europea de hasta 100.000 millones para consolidar la banca española todavía no se conozca el esquema de consolidación. ¿Pagarán los bancos, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, el dinero inyectado en las entidades nacionalizadas o se cargará en la deuda del Estado? Si sucede esto último, ¿cuál es el plan del Gobierno para reducir el peso de la deuda en los próximos años?
Parecido silencio hay respecto a cuestiones decisivas como la propuesta del Fondo de subir el IVA, reducir el coste de la Administración pública o recortar los gastos fiscales. Formalmente son recomendaciones, pero en realidad describen las escasas opciones que tiene España de cumplir con el objetivo de déficit este año y el siguiente. Cuando Rajoy rechaza tomar estas decisiones está restando credibilidad a su propósito de cumplir con las exigencias europeas. Los inversores advierten que la economía carece de rumbo claro, lo que condiciona cualquier tipo de inversión, y que no opera en coordinación suficiente con Europa.