El juicio de los ERE de Andalucía -tras la Gürtel, la mayor trama de corrupción del país- ha impactado sobre el debate político en plenas negociaciones para la formación de gobierno. La sentencia condena a los dos principales imputados, los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 17 altos cargos vinculados a la Junta y al PSOE andaluz.
Tras años de investigación, la Audiencia de Sevilla ha emitido por fin la sentencia del llamado «caso de los ERE», un fraudulento sistema de ayudas públicas a empresas en crisis que permitió el desvío irregular de fondos públicos por valor de unos 680 millones de euros. Lo que sitúa a este caso -que implica hasta la médula al PSOE andaluz- en el segundo mayor caso de corrupción tras la trama Gürtel, que llega a sumar con sus distintas ramas (incluida la Caja B y el caso Bárcenas) unos 863 millones de euros.
El fallo afirma que el sistema de concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis adolecía de cualquier sistema de control por parte de la Consejería de Empleo o del Instituto de Fomento de Andalucía. Y que dicho sistema malversador de fondos públicos era conocido por los ahora condenados, que «posibilitaron y permitieron que, año tras año, conforme a las facultades y potestades que su cargo le permitía» para que «se siguiera reproduciendo el mecanismo». La sentencia hace hincapié en que tanto Griñán como Chaves eran «plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad» de los actos en los que participaron.
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación continuada, mientras que su antecesor, Manuel Chaves, ha sido sentenciado por prevaricación e inhabilitado durante 9 años. La exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, y también exministra socialista como Chaves y Griñán, ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. La Audiencia de Sevilla condena a 19 de los 21 imputados y absuelve a los otros dos.
La sentencia ha impactado de llevo en el debate político, en un momento donde está en juego que el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos pueda ser investido. Pablo Iglesias ha arremetido contra un bipartidismo «que trajo corrupción y arrogancia», pero ha exculpado al actual PSOE de Pedro Sánchez. «España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción».
PP y Ciudadanos han exigido «responsabilidades políticas» a Pedro Sánchez. Desde Génova han afirmado que la sentencia inhabilita a Sánchez siquiera para ser presidente en funciones, y desde la formación naranja le han exigido que dimita.
Pedro Sánchez dijo en su día que confiaba en la inocencia de Chaves y Griñán, y por tanto debería retractarse. Pero al contrario que en el caso de Rajoy con la trama Gürtel, no ocupaba puestos de responsabilidad ni en la dirección del PSOE ni en la Junta cuando los hechos juzgados se cometieron.
Es en todo caso en el PSOE andaluz, encabezado por Susana Díaz, donde siguen defendiendo -a pesar de los hechos probados- la «honorabilidad» de sus dirigentes, donde debieran darse explicaciones y exigirse responsabilidades políticas.