Hay condiciones sobradas para lograrlo. Lo hace posible la amplia mayoría de izquierdas, hasta más de 11 millones de votos, expresada el 10-N. Que frente a los vetos impuestos, que forzaron una antinatural repetición electoral, impuso en solo 48 horas un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que antes parecía imposible. Una mayoría social que en casi un 60%, según las últimas encuestas, respalda un gobierno basado en el pacto entre las fuerzas de izquierdas.
Quienes pretenden colocar las mayores dificultades posibles a la formación de este gobierno son los mismos centros de poder mundiales que intentaron, primero en abril y luego en noviembre, imponer un gobierno de los recortes más agresivo, nucleado en torno al PP y con la presencia de Vox… y fracasaron no una sino dos doces, recibiendo un rechazo mayoritario.
Quienes difunden permanentemente que ese gobierno progresista, si nace lo hará débil y condenado a vivir una legislatura corta y tumultuosa, son quienes quieren atarle las manos para torcérselas… con el objetivo no solo de conservar los recortes actuales, sino de llevarlos más allá.
Esta es la auténtica batalla que se juega en torno a la formación de gobierno. Las disputas o acuerdos entre líderes y fuerzas políticas, que concentran toda la atención mediática, son las réplicas de este terremoto.
Desde estas páginas apoyamos sin reservas la formación de un gobierno de progreso basado en el acuerdo PSOE-Unidas Podemos, que alcance los apoyos suficientes no solo para salvar la investidura, sino para formar una mayoría estable que permita agotar la legislatura y desplegar durante los próximos cuatro años la iniciativa política.
Todas las fuerzas progresistas presentes en el parlamento deben comprometerse con este gobierno, no solo dar el sí a la investidura sino también facilitar la gobernabilidad durante los próximos cuatro años. Desde la sensibilidad y reivindicaciones propias de cada una de ellas, muchas de ellas justas y razonables, como las demandas de territorios como Valencia o Teruel, que solo pueden abordarse en un camino común de progreso.
Algunos comentaristas ya anuncian que “ERC se enfrenta a una hora decisiva”. Si vuelve a ceder a los gélidos vientos de Waterloo -como hizo al negarse a aprobar los presupuestos en marzo, tumbando al gobierno surgido de la moción de censura- estará en primer lugar atacando a los intereses de Cataluña.
Y esta es también una nueva oportunidad para Ciudadanos. Sean o no necesarios sus votos para salvar la investidura de Pedro Sánchez, el partido de Inés Arrimadas debería apoyarla con sus diez diputados, aceptando el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. No es una cuestión “testimonial”, por el contrario la presencia de Ciudadanos blindaría al futuro gobierno ante ataques que puedan poner en peligro la unidad.
Desde hace nueve meses -justo después de las elecciones de abril- todos los centros de poder internacionales y nacionales han intentado evitar por todos los medios que en España se forme un gobierno de progreso. La razón es que no se conforman con lo que ya tienen… quieren más. Atacan permanentemente las pensiones públicas con la intención de privatizarlas. Se frotan las manos ante la entrada en vigor el 1 de enero de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda a la banca por encima de cualquier gasto social… porque tendrán en sus manos un nuevo instrumento para blindar y llevar más allá el saqueo.
Por eso, más allá de las fuerzas que lo compongan, e incluso por encima de la moderación del programa que adopten, la conformación de un gobierno de izquierdas en un país tan importante como España es un contratiempo para sus planes.
Y precisamente por ello, la mayoría progresista debemos empeñarnos en que ese gobierno de progreso nazca con la mayor fuerza y estabilidad posible.