Para intentar impedir la celebración del 1-O el Estado, con una actuación judicial celebrada por el gobierno de Rajoy, ha ejecutado una oleada de registros en importantes instituciones catalanas, deteniendo a 14 altos cargos del govern de Puigdemont.Un absoluto disparate que quiebra la unidad imprescindible para enfrentarse a la estafa antdemocrática que supone el 1-O, y otorga munición y legitimidad al govern de Puigdemont.
La intención del gobierno es la de “asfixiar” la logística imprescindible para poder celebrar el 1-O. Pero para ello decía haberse impuesto como límites “la advertencia, el comedimiento y la proporcionalidad”. Con la intención de evitar una “respuesta de fuerza” que fuera explotada por las élites independentistas.
Con las recientes operaciones judiciales se han pulverizado todos estos límites, entrando en un peligroso terreno de imprevisibles consecuencias.
Bajo requerimiento judicial, la Guardia Civil ha ejecutado 41 registros en instituciones de la Generalitat, entre ellas las sedes centrales de la Conselleria de Economía, de Afers Exteriors y Benestar Social. Procediendo a la detención de hasta 14 altos cargos del govern de Puigdemont, algunos de ellos tan importantes como Josep Maria Jové, hombre de confianza del vicepresidente catalán Oriol Junqueras.
Además, la Guardia Civil ha requisado entre 7 y nueve millones de papeletas de una imprenta, y rodeado la sede de las CUP para incautar material relacionado con el referéndum del 1-O.
Con un tuit difundido nada más conocerse la noticia, Recortes Cero, que impulsó el manifiesto “1-O Estafa antidemocrática”, se ha sumado al rechazo generalizado: “Con estas detenciones, el gobierno actúa contra la unidad. Desde Recortes Cero rechazamos de plano esta intervención”.
Aunque estas actuaciones las ha ordenado un juzgado de instrucción catalán, el gobierno de Rajoy las ha celebrado como una forma de “defender la democracia frente a quienes se saltan la legalidad”.
La realidad es que estas actuaciones son una valiosa munición para el govern de Puigdemont y su discurso.
Justo en el momento en el que la acusación de «antidemocráticos» está en el tejado de los Puigdemont y Junqueras, con sus actuaciones en el Parlament violando los derechos de la oposición y aprobando leyes a rodillo; señalando a los alcaldes que no aceptan participar en la trampa del 1-O, llamando a los más radicales a encararse con ellos y presionarles; y en definitiva organizando una farsa que nada tiene que ver con el «derecho a decidir»… la actuación chusca del gobierno del PP ha venido a echarles una mano.
Oriol Junqueras se ha apresurado a denunciar que desde el gobierno español “hacen cosas que no hemos visto en democracias occidentales desde hace décadas”. Y el portavoz del Govern, Jordi Turull -el mismo que dijo «si sacan los tanques a la calle, ya hemos ganado»- ha reclamado calma ante este “estado policial y de sitio”.
La extrema torpeza del PP contribuye a la dinámica del «cuanto peor, mejor» deseada por los sectores más radicalizados del secesionismo. Con detenciones como ésta, el gobierno actúa contra la unidad de todos los que denuncian el 1-O.
Los hechos lo demuestran. Miquel Iceta, secretario general de los socialistas catalanes, cuyos alcaldes soportan ataques por negarse a respaldar el 1-O, ha llamado a “frenar una escalada que nos lleva al desastre”. Joan Coscubiela, portavoz de Cataluña Si Que Es Pot, cuyo discurso en el Parlament denunciando el carácter antidemocrático del 1-O emocionó a muchos, ha llamado a movilizarse contra “la irrupción de la guardia civil en dependencias del govern y la detención de altos cargos”. Sindicatos como CCOO y UGT, que abandonaron el Pacte Pel Dret a Decidir al convertirlo Puigdemont en una plataforma por la independencia han salido “en defensa de las instituciones catalanas”. Y el PSOE se ha negado a dar “un cheque en blanco a Rajoy” asegurando que no apoyará cualquier medida contra el 1-O.
Con estas actuaciones, el gobierno de Rajoy fomenta la división y el enfrentamiento en el campo de los que, con distintas posiciones, están en contra del 1-O y de la independencia. Ofreciendo al govern de Puigdemont la mejor de las oportunidades para encuadrar a más gente en su trampa, presentándose falsamente como “defensores de la democracia frente al autoritarismo del Estado”.
Los hechos han demostrado que, por su carácter reaccionario, el gobierno de Rajoy está incapacitado para unir al 90% contra los ataques de Puigdemont y Mas.
La respuesta solo puede venir desde la mayoría progresista que existe en Barcelona y en Madrid, con más democracia y libertades, denunciando el carácter antidemocrático de los proyectos de Puigdemont, y defendiendo nuestros intereses comunes.