La situación política en España es extremadamente móvil, y lo que ayer era pacto puede convertirse hoy en abierta trifulca. Ha sucedido así con la renovación del máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.
El acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para su reparto ha saltado por los aires, en solo 24 horas, y ha abierto una nueva crisis que añade un mayor grado de inestabilidad, potenciando el fantasma de unas elecciones anticipadas y desprestigiando todavía más a un aparato del Estado clave como es la justicia.
Todos los medios y analistas apuntan, en la tarea de buscar culpables, al “cambalache de cromos entre partidos” y a “la injerencia de los políticos en la justicia”. ¿Pero, aún existiendo, este es todo el problema? ¿La situación política está determinada por los acuerdos y desacuerdos entre partidos? ¿Lo único que hay que cambiar en la justicia es su “politización”? ¿O existen factores y actores más poderosos que se nos ocultan?
La renovación del CGPJ era un “pacto de Estado”. Desde luego es criticable, sobre todo en la anticipación de quien debía presidir el máximo órgano de los jueces, algo que según la ley corresponde decidir a los vocales. Pero ha sido el único gran acuerdo que se ha fraguado desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, y además de PSOE y PP incluía también a Podemos. Con todos sus problemas, suponía un “cortafuegos” al desprestigio de la justicia, tras la infausta maniobra en el Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Permitía una mayor flexibilidad en el juicio a los dirigentes del procés, al cambiar la composición de la sala que lleva el caso. Y contribuía a generar estabilidad en un clima político enrarezido.
Todo esto ha saltado por los aires, y lo ha hecho de forma sorprendente.
Es inexplicable que en el whasapp del grupo parlamentario popular en el Senado, su portavoz, Ignacio Cosidó, difundiera un mensaje que decía claramente como con el acuerdo el PP controlaría “por la puerta de atrás” la sala segunda del Tribunal Supremo, y colocaba al juez elegido para presidir el CGPJ a los pies de los caballos, tratado como una marioneta del poder político.
Tampoco es habitual que ese mensaje se difundiera por un medio de comunicación solo un día después de haber sido emitido.
Las consecuencias de esta “bomba mediática” han sido múltiples.
Por un lado, el juez Marchena, el elegido en el pacto entre PSOE y PP para presidir el CGPJ, ha presentado su renuncia. Ha actuado por “razones de Estado”. Frente a la idea de unas altas instancias de la justicia que solo son “conserjes” de los políticos, Marchena ha dado un golpe encima de la mesa, protegiendo al poder judicial.
Por otro, se ha dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo para renovar el CGPJ, añadiendo más crispación entre PSOE y PP, y condenando al poder judicial a seguir bajo el mandato de un más que desprestigiado Carlos Lesmes, el muñidor en la sombra del “golpe judicial” de las hipotecas en el Supremo.
Además, se pone en “la diana” al mismo tribunal que va a juzgar a los dirigentes del procés catalán, el caso más sensible e importante en muchos años.
Y, como colofón, este nuevo escándalo ha afectado a las perspectivas del gobierno de Pedro Sánchez. Aportando más munición a quienes exigen la convocatoria de elecciones anticipadas.
Todas estas derivadas tiene un escándalo que es mucho más que un problema judicial, para pasar a influir en el rumbo político. Pero hay un marco en el que debemos valorarlo, y que traspasa nuestras fronteras.
Hace muy pocos días, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se reunía con representantes de monopolios norteamericanos con intereses en España. El economista Gay de Liébana titulaba su crónica “Los americanos echan una tremenda bronca a Sánchez”, señalando que “terminó [por parte de los altos ejecutivos de multinacionales estadounidenses] con críticas a los planes del gobierno y amenaza de retirada de inversiones”.
Por otra parte, según todas las informaciones, la Comisión Europea va a remitir una dura respuesta al gobierno español sobre el borrador de presupuesto presentado en Bruselas, afirmando que “genera más inestabilidad” y afirmando que no cumplirá ni los objetivos de reducción de déficit ni los de deuda.
Generando unas condiciones que pondrán todavía más difícil la aprobación de los presupuestos, y que colocan mayores problemas en la intención del gobierno de Pedro Sánchez de alargar al máximo la legislatura.
Lo que se está produciendo es un cruce de tormentas.
Por un lado la que ha llevado a la justicia a un extremo desprestigio, alimentada a nivel internacional con tribunales alemanes o belgas enmendando la plana a los españoles, para proteger a Puigdemont, y agudizada en España con las maniobras de la gran banca para tumbar la sentencia del Supremo sobre las hipotecas.
Por otro, las presiones de quienes buscan acortar la legislatura para imponer unas elecciones anticipadas. No porque el gobierno de Pedro Sánchez suponga “un peligro”. Pero sí porque puede aprobar medidas, desde la subida del salario mínimo a la reforma de la ley hipotecaria, que expresen el avance de la influencia de las exigencias del movimiento popular en la política española.
Este es el marco, que va mucho más allá del “reparto de jueces entre los partidos”, desde el cual se explica por qué el acuerdo de renovación del CGPJ se ha convertido de repente en una nueva crisis.