Antes fue Huelva o Lleida, hace semanas Badalona y ahora Jaén. La nueva crisis provocada por la pandemia está destapando en su forma más cruda las precarias condiciones de vida de los obreros inmigrantes en nuestro país. Cientos de jornaleros duermen en las calles de la provincia de Jaén durante la campaña de la aceituna.
La miseria histórica de los jornaleros andaluces, del proletariado rural del olivar, continúa en nuestros días. Solo ha cambiado el color de su piel y el acento con el que hablan.
Centenares de trabajadores inmigrantes, sobre todo subsaharianos, llegan cada año a Jaén, al “olivar más grande del mundo”, en busca de la posibilidad de trabajar a destajo a cambio de una miseria. No todos lo consiguen, y los que lo hacen, no tienen asegurado un techo sobre su cabeza por las noches.
A pesar de que el convenio del campo del 2020 estipula que para seis horas y media de jornada, un vareador debe recibir 53,96 euros, muchos empresarios ofrecen jornadas de hasta 10 horas y una media de 35 euros al día. Después de un día entero de trabajo, son abandonados a su suerte, condenados a vivir en la calle. Estas prácticas esclavistas en el campo y en la obra, entre otros trabajos, llevan años funcionando en nuestro país. “Esto se solucionaría fácilmente si se obligase por ley a los empresarios a dotar de una vivienda digna a sus trabajadores”, señala Curro Moreno, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Para obtener el permiso de residencia y trabajo, los jóvenes extranjeros de terceros países deben cumplir unos requisitos establecidos por la Dirección General de Trabajadores. Entre ellos, tener entre 18 y 21 años, haber sido contratado en el sector agrario de abril a septiembre y tener papeles. Una regulación insuficiente que deja fuera a muchos trabajadores
En la provincia de Jaén existen veinte albergues municipales con un total de 656 plazas destinadas a los miles de migrantes que cada año acuden a los tres meses de recogida de la aceituna. Pero los recortes han reducido a la mitad sus magros recursos económicos (de 309.000 euros a 150.000) y sus plazas. Y además, a cada jornalero solo se le permite un máximo de tres noches en cada albergue.
Ante las denuncias de colectivos sociales, el Ayuntamiento abrió una segunda nave con treinta plazas nuevas, pero sigue siendo insuficiente. En los pueblos de la provincia los alojamientos públicos son prácticamente inexistentes y casi la mayoría de los temporeros tienen que dormir en la calle. Sin embargo, se mantienen polideportivos cerrados con espacio y baños que podrían servir de alojamiento. La administración autonómica “se excusa” en que no atiende a temporeros sin contrato, mientras los empresarios continúan saltándose derechos humanos básicos.
Mientras, los dueños de una pizzería local preparan treinta raciones de comida para distribuir por las calles de Jaén. Los vecinos, junto a los voluntarios de Cáritas y de Cruz Roja, son los únicos que asisten a estas personas.
“No entiendo porqué nadie nos quiere, pero, sin embargo, todos necesitan nuestro trabajo”, se queja uno de los trabajadores del campo. “Yo no quiero pedir comida, quiero comer de lo que trabajo”. Algo que no permiten los ínfimos salarios que reciben estos trabajadores esenciales por sacar adelante cada día el oro líquido, el mejor aceite, orgullo de Andalucía y todo el país.
Terminar con la ignominia que sufren estos trabajadores pasa por abordar los problemas estructurales, por acabar con la ilegalidad de estos jornaleros migrantes, regularizándolos para que puedan acceder a contratos y condiciones salariales y de trabajo dignas, las mismas que cualquier trabajador oriundo de Jaén o de otra parte de España.