Cuando no se han cumplido ni cincuenta días de mandato, el gobierno del ultraderechista Javier Milei ya ha sufrido un par de sonoros reveses, y ha visto como -a pesar de sus leyes antimanifestación, que pretenden criminalizar las protestas- las calles, las plazas y las avenidas de las grandes ciudades argentinas viven las huelgas generales y marchas más unitarias y masivas desde la lucha contra el corralito en 2001.
Un tsunami de lucha popular ha inundado las avenidas del Gran Buenos Aires y de otras grandes ciudades de Argentina. Casi un centenar de partidos de izquierda y una enorme pluralidad de sindicatos -las poderosas CGT y CTA, organizaciones de piqueteros, la comunista Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el peronista Movimiento Evita, junto a centrales de funcionarios, profesores, sanitarios, periodistas, artistas, profesionales- unidos a un sinfín de colectivos sociales y de barrio se desplegaron en la jornada de paro general a lo largo y ancho de la Plaza de Mayo.
El blanco principal son las dos medidas estrella que ha lanzado el gobierno de Milei, formado en gran parte por ministros del anterior presidente neoliberal, Mauricio Macri, y cuya hoja de ruta ha sido literalemente supervisada y corregida por el FMI en la reciente visita que el ultraderechista realizó a Washington. Se trata de la llamada DNU (Decreto de Necesidad de Urgencia), con la que busca realizar los más despiadados recortes sociales; y la denominada “Ley Ómnibús” con la que Milei aspira a dotarse de superpoderes presidenciales para gobernar por decreto, de modo autocrático, algo que ha sido tachado de inconstitucional por la oposición.
En medio de la jornada de protestas, en las que Milei también estaba agriamente enfrentado con numerosos gobernadores de provincias por los drásticos recortes que quiere imponerles, llegó un sonoro revés para el ultra.
Después de varios días en los que el enfrentamiento de Milei con los gobernadores había subido de decibelios, su ministro de Economía (ya lo fue de Macri), Luis ‘Toto’ Caputo, presentó una sorprendente capitulación, anunciando la total retirada de las agresivas medidas fiscales de la Ley Omnibus, las propuestas sobre retenciones, jubilaciones, Ganancias, blanqueo y otras. El sonido del revés se escuchó hasta en Washington.
Las encuestas indican que la popularidad del ultra ya ha bajado del 30%.
La oposición, no obstante, no se fía ni un pelo. Lo retirado no es lo realmente peligroso de la Ley Omnibus. El proyecto de ley mantiene la delegación de atribuciones legislativas en manos del Presidente, por lo que, de aprobarse la norma, podría tomar esas y otras decisiones por decreto.
El verdadero límite para las feroces políticas de Milei no son los jueces, ni los gobernadores. Es la calle, unas clases populares que se han levantado como un resorte contra sus agresiones. Milei ha ganado las elecciones, si, pero con el 23% del censo argentino en la primera vuelta… y con el 42% en la segunda. Muchos de sus propios votantes ya se han arrepentido, horrorizados, de un espantajo que primero les vendió humo y ahora les vende el país. Las encuestas indican que la popularidad del ultra ya ha bajado del 30%.