La galopante espiral inflacionista y la negativa de las patronales a actualizar los salarios conforme a la subida del IPC han potenciado un efecto que ya venía de lejos. Una década y media con tres crisis encadenadas, repletas de recortes, ajustes, devaluaciones salariales, atracos monopolistas y ataques a las condiciones de vida y de trabajo del 90% han causado el empobrecimiento de los trabajadores. Las subidas del SMI y de los salarios en algunos sectores productivos no han podido revertir un hecho. Los trabajadores han perdido un 7,2% de poder adquisitivo desde 2008, y 12 puntos si contamos desde 2008.
Desde 2008, las sucesivas crisis, las medidas de rebaja salarial y de recortes en derechos y prestaciones sociales -rubricadas por las políticas de ajustes de Zapatero y Rajoy, y especialmente por la Reforma Laboral de 2012- ya habían producido un brutal trasvase de riqueza desde las rentas del trabajo a las rentas del capital, y una notable caída del peso de los salarios en el PIB. A todos estos factores -ya cronificados y estructurales en el mercado laboral- han venido a sumarse una brutal escalada inflacionista, que devora los salarios, y el bloqueo de la negociación colectiva, con la cerrazón de las empresas y las organizaciones patronales a revisar los sueldos de los trabajadores de acuerdo al alza del IPC.
Resultado de todo lo anterior, tenemos que -según estudios de CCOO basados en el Índice de Precios del Trabajo que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística)- el poder de compra de los salarios ha perdido un 12% desde 2008. En términos de valor real, es como si a cada trabajador le hubieran robado dos de las catorce nóminas en las que normalmente se distribuye un salario anual. Calculándolo desde el actual SMI (1000€ al mes en catorce pagas), es como si un ladrón nos hubiera birlado 28.000 euros a cada uno.
Más nómina, menos poder de compra
Esto es lo que ha ocurrido a pesar de las continuas subidas del SMI, especialmente sustanciosas desde que en 2018 -tras la moción de censura a Rajoy- el gobierno de España cambiara de color. Con el PP en la Moncloa, el SMI era de 736 €/mes, por lo que el aumento del SMI nominal desde entonces es de casi el 36%. Pero sin embargo el poder de compra de esos salarios -el poder adquisitivo, el salario real- ha descendido visto de conjunto.
Entre 2008 y 2020, los salarios por realizar el mismo trabajo acumularon una pérdida de poder adquisitivo «del 6,4%, una vez descontada la inflación», según indica una estimación de CCOO. Fue un tijeretazo a los salarios «provocada por la crisis y por una regulación laboral creada para incrementar esa devaluación», explica Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO.
Tras un ligero aumento en 2020, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios alcanzó un 1,33% el año pasado y un 6,73% en lo que va de 2022. La caída es de 6,17 puntos si se tienen en cuenta los tres años desde 2020 y de 8,02 si solo se computan los últimos veinte meses.
Según la última encuesta de Infojobs, el 60% de los trabajadores que han disfrutado de un aumento salarial durante el último año (que sólo son el 38% de los asalariados) declara que, aun así, su poder adquisitivo ha disminuido. Esta tendencia es más intensa en las mujeres (un 65% frente al 60% de hombres), en los trabajadores por encima de 45 años, y entre los más jóvenes.
Un empobrecimiento que va a más
Esta pérdida de poder adquisitivo, acelerado y agravado ahora por la espiral inflacionista, se produce en un marco social ya golpeado por el empobrecimiento de amplias capas de la población. Ya en 2020 uno de cada siete trabajadores era pobre.
Aunque en algunos casos (un 38%) hayan subido las nóminas, el poder adquisitivo de los salarios ha descendido visto de conjunto. Desde 2008, nos han robado 28.000 a cada uno.
Es lo que revela de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE: tras el primer y más duro año de pandemia de Covid-19, uno de cada siete trabajadores en activo (14%), dos de cada cinco parados (41%) y uno de cada ocho jubilados (13%) subsistía con rentas inferiores al umbral de la pobreza.
En los veinte meses siguientes a esta medición, la situación ha empeorado sustancialmente. Los precios han subido trece puntos en términos de media del IPC (12,1% sobre el acumulado del año) y los sueldos, según los datos del Ministerio de Trabajo, lo han hecho en su conjunto un 1,72% en 2021 y un 1,78% de enero a agosto de 2021, lo que apunta a que esos registros de trabajadores pobres están creciendo.
Subir los salarios sí, pero no basta. Hay que redistribuir.
Ante esta situación, las organizaciones empresariales siguen negándose en redondo a actualizar los salarios con el IPC, algo que se traduce en una rebaja salarial efectiva.
Un bloqueo, encabezado por la CEOE, que se niega a levantar el veto sobre la negociación de convenios colectivos y a avalar una nueva subida del SMI, y que aboca al país a un escenario de conflictividad social en los próximos meses. Las centrales sindicales ya están anunciando movilizaciones para el otoño, exigiendo aumentos salariales y un SMI de 1.100€.
El argumento que esgrimen las patronales es que un aumento de salarios en un momento de inflación crearía una nueva hiperinflación (una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real)
Este diagnóstico no es neutral, y esconde la intención de imponer una rebaja salarial nada encubierta. Porque lo cierto es que la actual tendencia al alza de la inflación «tiene un origen en la energía, pero también en la elevación de los márgenes empresariales, especialmente en sectores como la industria manufacturera, la banca y algunos alimentos», dice Martín Urriza. Es decir, tiene su causa principal en un atraco monopolista que está dando un salto, apantallado por la excusa de la guerra en Ucrania.
Con ser necesario un aumento salarial para evitar que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo, no basta. Hay que redistribuir la riqueza.
Según otro estudio de CCOO, el 83,4% de la subida de los precios se debe al aumento de los beneficios empresariales. Estamos ante una «inflación de beneficios” para disparar los márgenes de beneficios de bancos, eléctricas, petroleras y grandes monopolios.
Por eso, con ser necesario un aumento salarial para evitar que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo -algo que nefasto tanto para los hogares (empobrecimiento) como a nivel macroeconómico (caída del consumo, de la actividad y aumento del endeudamiento)- no basta con estas medidas.
Es necesaria la redistribución de la riqueza. Es imprescindible poner topes a las ganancias de bancos, monopolios y grandes empresas, imponiendo precios máximos y revisables cada mes a los servicios y mercancías básicas, como la energía, los carburantes y los productos de la cesta de la compra. Buscando no perjudicar a las pymes y los autónomos, compensándoles con exenciones fiscales al tiempo que se aumentan -que se aumentan mucho- los impuestos sobre los beneficios a los gigantes del Ibex35.
Haciendo que paguen esta crisis los que más han acumulado y más se han enriquecido durante una década y media -bancos, monopolios, multinacionales, grandes fortunas- a costa del empobrecimiento real del 90% de la población.