La llegada a la Moncloa de un gobierno progresista PSOE-UP ha creado mejores condiciones para defender la libre unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España.
O dicho de otra manera, ha creado peores condiciones para quienes quieren azuzar la división y el enfrentamiento de la sociedad catalana entre sí, y de esta con la del resto de España.
Frente al demagógico y sobreactuado discurso de PP y Vox -al que por desgracia Ciudadanos también se ha abonado- de que la vía del diálogo con ERC supone «intolerables concesiones a quienes quieren romper España», la realidad es que la actuación del nuevo gobierno PSOE-UP ha creado peores condiciones para quienes -como Puigdemont o Torra- se empeñan en la vía del «cuanto peor, mejor», y del choque de trenes como única esperanza para desgajar a Cataluña de España.
Busquemos la verdad en los hechos. Hace dos años, en plena ebullición del 1-O, el bloque procesista parecía unido en su estrategia de llevar hasta el final su Declaración Unilateral de Independencia. Pero durante este tiempo se han topado con un obstáculo insalvable. No solo, ni principalmente, la actuación contundente del Estado y de la oligarquía española. El muro infranqueable lo ha levantado una amplia mayoría de la sociedad catalana que rechaza su antidemocrática independencia unilateral.
Y así hemos llegado a que, de ser el 36% del censo catalán los partidarios de romper con España (los dos millones que votaron Sí el 1-O), las últimas encuestas reducen al 11% los que siguen apostando por la vía unilateral.
Esta es la realidad que, de forma tozuda, ha ido erosionando la unidad del campo independentista. Haciendo que, frente a la «caverna de Waterloo» de Torra, Puigdemont y JxCat, surja una vía mucho más pragmática y posibilista dentro de ERC.
La misma Mesa del Parlament que en 2017 impulsaba las “leyes de desconexión” con España, y aprobaba el “referéndum-estafa” del 1-O, ahora ha acatado el dictamen de la justicia española.
Los mismos que hace años hacían gala de la «estrategia de desobediencia», ahora han dejado solo a Torra, declarando que sus pretensiones son un «salto al vacío».
Torra debe irse, de la Generalitat y del Parlament. Pero no solo por las acusaciones de la Junta Electoral, sino por su carácter extremadamente xenófobo y reaccionario, por utilizar las instituciones para representar solo a una parte minoritaria de la sociedad catalana, y tratar de fomentar el enfrentamiento, el odio y la división. Desde su «apreteu» a comparar Cataluña con Eslovenia, y España con los Balcanes.
Los sectores más aventureros, agresivos y peligrosos del procés, los representantes políticos de una burguesía burocrática-administrativa ultracorrupta (3%, Pujol, Palau, Banca Catalana…), recortadora y depredadora de dinero público y congénitamente pro-imperialista, van de retroceso en retroceso. Y esto es una buena noticia.
Pero son peligrosos a cualquier velocidad, y hay riesgos que no se deben minusvalorar.
El principal de todos ellos es la peligrosa connivencia, cuando no complicidad, de buena parte de la izquierda española con un independentismo catalán al que consideran que «está en la misma trinchera contra la derecha». Se equivocan: Torra y Casado, Abascal y Puigdemont, son dos caras de la misma moneda reaccionaria y excluyente. Se necesitan y se retroalimentan mutuamente.
Para derrotar al procés y hacer avanzar, en Cataluña y en el resto de España, las exigencias de bienestar y progreso que demanda la mayoría social, hace falta una izquierda que defienda de forma decidida y sin complejos la libre y solidaria unidad del pueblo de las nacionalidades de España como un valor progresista.
Esta es una tarea de rango principal en este momento, y más ahora que en los próximo